Salud mental: Milei destrabó la reforma en el Senado y se abre una nueva disputa por las internaciones y los recursos
La reforma de la Ley Nacional de Salud Mental impulsada por el gobierno de Javier Milei superó un obstáculo decisivo en el Senado y quedó en condiciones de llegar al recinto la próxima semana. Después de varios meses de negociaciones y modificaciones al proyecto original, el oficialismo consiguió completar las firmas necesarias para habilitar el debate de una iniciativa que propone cambiar las condiciones de las internaciones involuntarias, revisar el funcionamiento de los establecimientos psiquiátricos y modificar los mecanismos de seguimiento de los pacientes.
El avance legislativo, sin embargo, no resolvió las diferencias políticas y sanitarias. Mientras La Libertad Avanza defiende la necesidad de intervenir antes de que una crisis alcance situaciones extremas, sectores opositores reclaman mayores garantías para los pacientes, participación de equipos interdisciplinarios y recursos nacionales para sostener los tratamientos en las provincias.
La posibilidad de llevar el expediente al recinto se destrabó con la presentación de un dictamen de minoría de Convicción Federal, integrado por Carolina Moisés, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza. Aunque ese espacio no acompañó íntegramente la propuesta libertaria, sus firmas permitieron completar el respaldo requerido en el plenario de las comisiones de Salud y Legislación General.
El movimiento habilitó el tratamiento parlamentario, pero no significa que el oficialismo tenga asegurados los votos para aprobar la reforma. La intención es debatir el proyecto el jueves 29 de octubre, aunque la convocatoria deberá definirse en la reunión de Labor Parlamentaria prevista para el martes 27.
Las firmas que destrabaron el proyecto y las diferencias que siguen abiertas
El expediente PE-99/26 ingresó al Senado por iniciativa del Poder Ejecutivo. La semana pasada, Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza, había presentado junto con las titulares de las comisiones de Salud, Ivanna Arrascaeta, y Legislación General, Nadia Márquez, una nueva versión negociada con sectores de la oposición.
La propuesta reunió acompañamientos del PRO, la UCR y fuerzas provinciales, aunque todavía no alcanzaba las firmas necesarias. La situación cambió con el despacho alternativo de Convicción Federal, que coincidió con el oficialismo en la necesidad de revisar las condiciones de las internaciones involuntarias, pero planteó diferencias sobre los procedimientos, la intervención profesional y el financiamiento.
Moisés puso el foco en las obligaciones económicas del Estado nacional. “Son necesarios los recursos para las provincias y que haya recursos para los centros comunitarios”, sostuvo.
Su bancada propone además que el Ministerio de Salud elabore un plan nacional de cinco años, articulado con el Consejo Federal de Salud, con información sobre camas disponibles, guardias, equipos ambulatorios y dispositivos comunitarios, además de metas de cumplimiento y fuentes de financiamiento.
Una de las diferencias concretas está en los tiempos de intervención. El oficialismo propone ampliar de 24 a 48 horas el plazo excepcional para que una internación indicada inicialmente por un solo médico sea revalidada mediante una evaluación interdisciplinaria. Convicción Federal pretende mantener el límite actual de 24 horas.
Internaciones involuntarias: el principal cambio que impulsa Nación
Uno de los puntos más controvertidos es la modificación del criterio que permite internar a una persona sin su consentimiento. La Ley 26.657, sancionada en 2010, establece que esta medida debe ser excepcional y que debe existir una situación de “riesgo cierto e inminente” para la propia persona o para terceros.
La reforma propone sustituir ese requisito por una evaluación centrada en el riesgo grave de daño, con el objetivo declarado de habilitar intervenciones antes de que una crisis alcance una situación extrema. El cambio también permitiría considerar antecedentes clínicos, episodios previos y consumos problemáticos.
La diputada nacional Antonela Giampieri defendió esa modificación. Afirmó a Infobae que “la ley fue un gran avance en el 2010”, pero consideró necesario revisarla después de 16 años de aplicación. “Hay que evaluarla no solo en el momento de que llega a la guardia”, sostuvo al plantear que los profesionales deberían poder tener en cuenta antecedentes médicos y situaciones anteriores.
El proyecto también modifica la integración de los equipos que intervienen en una internación. Mientras la legislación vigente exige la firma de dos profesionales de distintas disciplinas, uno de ellos psicólogo o médico psiquiatra, el texto oficialista incorpora la participación obligatoria de un médico, acompañado por otro profesional.
Además contempla el uso de teleconsultas en regiones donde no existan especialistas disponibles. Los controles judiciales también forman parte de la discusión. La propuesta conserva la intervención posterior del juez y del Órgano de Revisión, aunque plantea cambios en determinados mecanismos de supervisión.
Hospitales psiquiátricos, otro punto de conflicto
La continuidad de los establecimientos especializados constituye otro eje de la reforma. La legislación actual prohíbe crear nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones monovalentes y establece que los existentes deben adaptarse progresivamente a modelos alternativos de atención.
El Gobierno nacional propone revisar ese esquema para permitir que las provincias conserven instituciones especializadas destinadas a pacientes que necesitan tratamientos de mayor complejidad. Giampieri sostuvo que “hay pacientes que pueden estar en hospitales generales, pero otros no” y mencionó los hospitales Borda, Moyano y Alvear como parte de la infraestructura que considera necesario preservar.
La iniciativa contempla que estos establecimientos funcionen de manera articulada con servicios ambulatorios, dispositivos comunitarios y mecanismos de acompañamiento posteriores al alta.
El punto genera resistencia entre sectores sanitarios que advierten que fortalecer instituciones monovalentes podría afectar el proceso de sustitución de internaciones prolongadas por tratamientos comunitarios.
El financiamiento provincial llegará al recinto
La cuestión presupuestaria aparece como uno de los principales puntos pendientes. Aunque la última versión oficialista recupera mecanismos de cooperación técnica, económica y financiera, distintos sectores consideran que la fórmula resulta insuficiente si no incluye compromisos concretos de inversión.
Convicción Federal propone que el Ministerio de Salud presente informes anuales al Congreso con información sobre el presupuesto destinado al área, las transferencias realizadas a las provincias y los recursos asignados a hospitales, dispositivos comunitarios, atención ambulatoria y capacitación profesional.
El planteo coincide con uno de los principales reclamos de las jurisdicciones: que cualquier modificación del sistema esté acompañada por infraestructura, trabajadores especializados y financiamiento.
En Buenos Aires, el ministro Nicolás Kreplak ya había advertido sobre las dificultades que genera el desplazamiento de prestaciones hacia hospitales provinciales y municipales en un contexto de restricciones presupuestarias. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, reclamó que Nación acompañe cualquier reforma con recursos para dispositivos comunitarios, profesionales y tratamientos.
Con el expediente habilitado para llegar al recinto, el Senado deberá definir no solamente cuándo y bajo qué condiciones puede disponerse una internación involuntaria, sino también el futuro de los establecimientos especializados y las obligaciones que asumirá el Estado nacional frente a las provincias.
Si se confirma la sesión del jueves 29, la Cámara alta discutirá una reforma que consiguió superar el bloqueo en comisiones, pero que todavía mantiene abiertos los desacuerdos sobre las garantías de los pacientes, el modelo de atención y los recursos necesarios para implementarlo.