Presupuesto 2027: universidades y discapacidad abren una nueva disputa por los fondos de Milei
El Presupuesto 2027 entra en una semana decisiva en la Cámara de Diputados, donde el gobierno de Javier Milei intentará cerrar el debate en comisión con dos conflictos todavía abiertos: los recursos para las universidades nacionales y el financiamiento de las prestaciones por discapacidad. La Libertad Avanza deberá negociar modificaciones al proyecto original después de haber acompañado una nueva legislación para el sector de discapacidad, mientras mantiene su resistencia a incrementar las partidas universitarias.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Alberto “Bertie” Benegas Lynch, tiene previstas reuniones para el martes 27 y miércoles 28 de octubre. El oficialismo pretende firmar dictamen en esta última jornada y avanzar hacia una sesión durante noviembre, aunque los acuerdos parlamentarios siguen pendientes.
El principal cambio respecto de las negociaciones anteriores llegó el jueves, cuando Diputados aprobó por 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones un nuevo régimen permanente de discapacidad. El texto, que ahora deberá tratar el Senado, contradice varios artículos del Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo y obliga a revisar cómo se financiarán las prestaciones.
Discapacidad: el costo de los cambios que aceptó el oficialismo
La media sanción modificó el escenario parlamentario porque La Libertad Avanza terminó aceptando buena parte de las condiciones reclamadas por la oposición y los bloques aliados. El nuevo régimen mantiene las pensiones no contributivas equivalentes al 70% del haber mínimo, la compatibilidad con el empleo formal hasta dos salarios mínimos y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como herramienta de acceso a los beneficios.
También preserva el Nomenclador de Prestaciones Básicas, con aranceles unificados y mecanismos de actualización, y garantiza la cobertura del programa Incluir Salud. Son disposiciones que difieren del capítulo incluido originalmente por el Ejecutivo en el Presupuesto, donde se proponían mayores restricciones para compatibilizar pensiones con empleo y cambios en el sistema de prestaciones.
El impacto económico quedó cuantificado en un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). El organismo calculó que incorporar gradualmente unos 200.000 nuevos titulares de pensiones demandaría $598.912 millones durante 2027, equivalentes al 0,04% del Producto Bruto Interno. Para 2028, con el padrón completo, la estimación asciende a $1,21 billones.
El estudio también identificó una obligación pendiente de aproximadamente $278.323 millones por compensaciones a prestadores, que corresponde a compromisos existentes y no constituye un gasto adicional nuevo.
El proyecto del Ejecutivo ya contempla partidas por aproximadamente $7,275 billones para el sistema de discapacidad, principalmente destinadas a pensiones y atención médica. Además, incluye una reserva previsional que, según la OPC, permitiría absorber el costo estimado de incorporar nuevos beneficiarios.
Sin embargo, la controversia no se limita a la disponibilidad general de fondos. La oposición reclama eliminar los artículos 36 al 41 del Presupuesto, porque introducen modificaciones que entran en conflicto con el régimen aprobado en Diputados. El oficialismo anticipó que adaptará la redacción, aunque todavía debe definir qué cambios incorporará al dictamen.
El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, había asegurado durante su exposición ante los legisladores que estaban previstos los recursos necesarios para financiar las obligaciones del sistema. Pero también dejó expresadas las diferencias del Ministerio de Economía con la iniciativa que finalmente consiguió media sanción.
La discusión tiene especial repercusión en la provincia de Buenos Aires, donde el Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad (COPRODIS) reclamó extender hasta diciembre de 2027 la emergencia nacional vigente y garantizar la continuidad de pensiones, tratamientos y servicios.
Universidades: el reclamo de $11 billones que el Gobierno rechaza
El segundo frente presupuestario presenta mayores dificultades para alcanzar un acuerdo. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de las universidades públicas, reclama $11 billones para financiar el sistema durante 2027, mientras las principales partidas contempladas en el proyecto oficial rondan los $7,3 billones.
La diferencia refleja una disputa que comprende el pago de salarios docentes y nodocentes, los gastos de funcionamiento, las becas, la infraestructura y las actividades de investigación. Las autoridades universitarias sostienen que las asignaciones previstas no alcanzan para garantizar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y recomponer los recursos perdidos.
El Gobierno mantiene otra posición. Durante su exposición ante la comisión, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, defendieron las previsiones oficiales y cuestionaron los cálculos utilizados por los rectores.
La Libertad Avanza anticipó a sus aliados que no prevé ampliar las partidas universitarias, a diferencia de las concesiones realizadas en discapacidad. La posición generó reclamos de Unión por la Patria, Provincias Unidas y sectores de la UCR que consideran necesario revisar los montos antes de aprobar el Presupuesto.
La discusión también se cruza con la disputa judicial por la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. El Ejecutivo apeló las resoluciones que ordenaban actualizar salarios y becas, mientras la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal habilitó nuevos recursos contra medidas de cumplimiento y sanciones económicas.
Las decisiones judiciales todavía no resolvieron definitivamente el conflicto sobre las obligaciones presupuestarias del Estado. Mientras tanto, los rectores insisten en que el proyecto para 2027 debe contemplar los fondos necesarios para cumplir la legislación vigente.
El presidente del CIN, Franco Bartolacci, advirtió que sin modificaciones presupuestarias resultará muy difícil garantizar el funcionamiento de las universidades durante el próximo año. La preocupación también alcanza a los estudiantes, docentes, investigadores y trabajadores nodocentes de las instituciones nacionales.
Los votos, los gobernadores y el dictamen del miércoles
El Gobierno necesita reunir respaldos para avanzar con la principal ley económica del próximo año. Aunque existen posibilidades de conseguir dictamen, las negociaciones sobre el contenido definitivo del Presupuesto podrían continuar hasta su tratamiento en el recinto.
Los gobernadores también intervienen en la discusión. Entre sus reclamos aparecen recursos para obras públicas, mantenimiento de rutas nacionales y asistencia a las cajas previsionales provinciales. Esas demandas agregan presión sobre un proyecto que el Ejecutivo busca mantener dentro de sus objetivos de equilibrio fiscal.
En el plano universitario, los gobernadores Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, y Martín Llaryora, de Córdoba, se sumaron a los pedidos de revisión de las partidas, mientras sectores radicales y de Provincias Unidas reclaman precisiones sobre los fondos disponibles.
La estrategia oficialista apunta a conseguir dictamen el miércoles 28 de octubre y llevar el Presupuesto al recinto el 18 de noviembre, una fecha prevista dentro del cronograma de negociaciones, aunque todavía sujeta a los acuerdos entre bloques.
La discusión no está limitada a cuánto gastará el Estado nacional durante 2027. También deberá determinar qué disposiciones del proyecto original sobreviven después del acuerdo legislativo sobre discapacidad y cómo se garantizarán los recursos para aplicar las leyes vigentes.
El oficialismo llega a la semana del dictamen con una concesión importante en discapacidad, pero sin acuerdo sobre el financiamiento universitario. La resolución de esas diferencias y los compromisos que reclaman los gobernadores marcarán el contenido final del Presupuesto que Diputados intentará enviar al Senado.