Diputados: tras la presión opositora, el oficialismo tuvo que restituir los límites de la Ley de Tierras

La Cámara de Diputados votó este miércoles restituir por ley los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, en un giro respecto de la política que Javier Milei había impulsado desde el comienzo de su gestión mediante el DNU 70/2023.

La modificación quedó incorporada dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que fue aprobado en Diputados con 124 votos afirmativos, 119 negativos y seis abstenciones. Como el texto sufrió cambios respecto de la media sanción que había recibido en el Senado, ahora deberá regresar a la Cámara alta para completar su trámite parlamentario.

El cambio central aparece en dos artículos incorporados durante la discusión en comisión: uno deja sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023, con el que Milei había derogado la Ley de Tierras Rurales, y el otro restituye expresamente la plena vigencia de la Ley 26.737. 

De esta manera, el oficialismo terminó acompañando una restricción que había intentado eliminar desde diciembre de 2023 y que también había buscado flexibilizar durante el tratamiento legislativo del proyecto de Propiedad Privada.

El Gobierno cedió para conseguir los votos

El cambio no nació del proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo. La propuesta del Gobierno buscaba modificar profundamente el régimen sobre tierras rurales y ampliar las posibilidades de adquisición por parte de extranjeros. Pero ese capítulo encontró resistencia en el Senado y terminó fuera de la media sanción.

Cuando el expediente llegó a Diputados, La Libertad Avanza volvió a necesitar el respaldo del PRO, la UCR y otros bloques dialoguistas para avanzar. La salida fue aceptar una propuesta que no sólo evitara una nueva flexibilización, sino que directamente dejara sin efecto el artículo del DNU que había eliminado la Ley 26.737.

El radical Diógenes González impulsó incorporar un cuarto capítulo al proyecto con dos disposiciones precisas: el artículo 38 deroga el punto del DNU 70 que había terminado con el régimen y el artículo 39 restituye la legislación sancionada en 2011. La negociación permitió al oficialismo conseguir el dictamen y llegar al recinto con los apoyos necesarios.

La Ley 26.737 establece una serie de restricciones específicas sobre la propiedad y posesión de tierras rurales por personas físicas y jurídicas extranjeras. El principal límite es del 15% de la superficie rural. Ese porcentaje se aplica sobre el total nacional y también sobre cada provincia, municipio, departamento o división administrativa equivalente.

La norma suma además otro techo: las personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad extranjera no pueden superar el 30% de ese cupo reservado a titulares extranjeros. Para un mismo titular, el máximo es de 1.000 hectáreas en la denominada zona núcleo, o una superficie equivalente en otras regiones de acuerdo con la calidad y localización del suelo.

También prohíbe a extranjeros adquirir inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes, además de terrenos ubicados en determinadas zonas de seguridad de frontera.

Marcha atrás después de casi tres años

El recorrido político del tema comenzó pocos días después de la asunción de Milei. El artículo 154 del DNU 70/2023 dispuso directamente la derogación de la Ley 26.737. Desde entonces, el régimen quedó atravesado por recursos judiciales, fallos contradictorios y sucesivos movimientos en el Congreso.

Durante 2026, el Gobierno volvió además sobre el tema mediante la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa original buscaba ampliar las posibilidades para el capital extranjero, pero el oficialismo no consiguió los votos necesarios en el Senado. El capítulo terminó retirado antes de la votación.

La discusión cambió nuevamente a fines de septiembre, cuando la Corte Suprema revocó un fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154. El máximo tribunal aclaró posteriormente que su decisión había sido exclusivamente procesal: determinó que el CECIM La Plata no tenía legitimación para llevar adelante aquella causa, pero no resolvió si la derogación dispuesta por Milei era constitucional o no.

Nueve días después, el escenario judicial volvió a modificarse. El 9 de octubre, la Corte dictó una medida interina en otro expediente y suspendió provisoriamente los efectos del artículo 154 del DNU. 

“Están reculando en chancletas”

La contradicción entre el proyecto original del Gobierno y el texto finalmente votado atravesó buena parte del debate. El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro sostuvo en el recinto que el oficialismo terminó retrocediendo después de haber intentado eliminar los límites.

“Hoy tenemos al oficialismo reculando en chancletas”, afirmó, y recordó que el Gobierno había buscado primero derogar la regulación mediante el DNU y luego modificarla por la vía legislativa.

Ferraro atribuyó el cambio a los cuestionamientos políticos, judiciales y sociales acumulados alrededor del tema. Desde Provincias Unidas, Pablo Juliano también cuestionó las modificaciones sucesivas del oficialismo y comparó la estrategia del Gobierno con un “lavarropas” que “va y viene”.

La Libertad Avanza, en cambio, defendió el proyecto general bajo el argumento de reforzar la seguridad jurídica y la protección de la propiedad privada. La diputada Patricia Vázquez sostuvo que la propiedad debe funcionar como “una garantía frente al poder público” y respaldó los cambios vinculados con expropiaciones y desalojos.

13,3 millones de hectáreas en manos extranjeras

La discusión legislativa se desarrolla sobre un escenario en el que la participación extranjera se mantiene por debajo del techo nacional del 15%, aunque con fuertes diferencias territoriales.

Según datos del Registro Nacional de Tierras Rurales obtenidos mediante pedidos de acceso a la información pública, en agosto de 2026 había 13,3 millones de hectáreas rurales en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras.

La superficie representa cerca del 5% del total rural del país. En 2018 eran aproximadamente 12,5 millones de hectáreas. En ocho años, por lo tanto, la cantidad aumentó unas 781.000 hectáreas, equivalente a 6,25%.

Ninguna provincia supera actualmente el límite del 15% sobre la totalidad de su territorio rural. El problema aparece cuando el análisis baja al nivel departamental: 31 departamentos superan ese porcentaje.

Entre los registros más elevados aparecen San Carlos, en Salta, con 59,8%; Molinos, también en Salta, con 57,8%; General Lamadrid, en La Rioja, con 56,7%; Lácar, en Neuquén, con 54,2%; y Campana, en la provincia de Buenos Aires, por encima del 50%.

Los datos oficiales también permiten seguir cuántas operaciones fueron habilitadas durante la actual administración. El Ministerio de Justicia informó que desde la llegada de Milei se otorgaron 111 certificados de habilitación para adquisiciones de tierras rurales por extranjeros. Fueron 35 durante 2024, 29 en 2025 y 47 durante 2026 hasta el momento del relevamiento. La mayor cantidad de autorizaciones de 2024 estuvo concentrada en Mendoza, especialmente en Tunuyán, San Rafael y Tupungato.