Endeudamiento familiar: con la mora en alza, el oficialismo frenó la votación y envió el tema de vuelta a comisión
La Cámara de Diputados cerró una sesión de más de doce horas sin aprobar ninguna de las propuestas destinadas a abordar el endeudamiento de las familias, luego de que La Libertad Avanza impulsara una moción para devolver todo el debate a comisión cuando quedó en evidencia que no contaba con los votos necesarios para imponer su dictamen.
La decisión se tomó durante la madrugada de este jueves. La diputada libertaria Silvana Giudici pidió interrumpir el tratamiento y regresar los expedientes a las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor. La moción reunió 121 votos afirmativos, 117 negativos y cinco abstenciones. Inmediatamente después, Martín Menem dio por terminada la sesión.
El resultado dejó sin media sanción tanto la propuesta oficialista como las iniciativas impulsadas por Unión por la Patria, la Coalición Cívica, Provincias Unidas y Argentina Federal. Lo hizo en un momento en el que el último informe del Banco Central ubica la mora de los préstamos a las familias en 12,81%, contra 6,6% en agosto de 2025: prácticamente el doble en apenas doce meses.
El tratamiento llegó al recinto con tres alternativas diferentes. La Libertad Avanza había conseguido el dictamen de mayoría en comisión luego de que los bloques opositores no lograran unificar sus posiciones. Su iniciativa descartaba mecanismos directos de refinanciación, límites a las tasas o eliminación de intereses punitorios y se concentraba en educación financiera, mayor información para los usuarios y medidas contra los fraudes digitales.
Sin embargo, durante la madrugada quedó claro que el oficialismo tampoco tenía garantizada una mayoría para aprobar ese texto. Los cinco legisladores vinculados al gobernador cordobés Martín Llaryora se abstuvieron en esa votación, lo que terminó facilitando el resultado de 121 a 117.
El texto libertario partía de una premisa distinta a la de los proyectos opositores. En lugar de intervenir sobre deudas ya contraídas, buscaba mejorar las condiciones de información al momento de tomar un crédito.
Las entidades debían informar de manera expresa el monto efectivamente financiado, la tasa de interés, cantidad y valor de las cuotas, comisiones, seguros, consecuencias de la mora y monto total que terminaría pagando el cliente. Para los créditos contratados por internet incorporaba además sistemas de autenticación reforzada y doble validación de identidad y consentimiento. El oficialismo rechazaba, en cambio, fijar topes de tasas o establecer condiciones generales de refinanciación.
Giudici defendió además el crecimiento reciente del financiamiento y sostuvo que, aunque el aumento del crédito trajo aparejada una mayor mora, cuatro millones de personas habrían accedido por primera vez a un préstamo.
La oposición pedía emergencia y refinanciaciones
Unión por la Patria, la Coalición Cívica y parte de Provincias Unidas llevaron al recinto una propuesta bastante más intervencionista. El proyecto declaraba durante 180 días una emergencia financiera y crediticia por sobreendeudamiento familiar y habilitaba un mecanismo especial para reestructurar determinadas obligaciones.
Podían ingresar deudas de hasta dos Canastas Básicas Totales del INDEC, equivalentes con los valores de septiembre a aproximadamente $3,26 millones para un hogar tipo. El esquema contemplaba refinanciaciones de hasta 12 cuotas, sin sanciones por cancelación anticipada y con una condición central: el pago mensual no podía superar el 30% de los ingresos del deudor.
También proponía eliminar los intereses punitorios para las personas que ya hubieran ingresado en mora. La tasa del nuevo financiamiento quedaba vinculada a la TAMAR, una referencia publicada por el Banco Central para depósitos mayoristas.
Argentina Federal llegó al debate con otro dictamen. Su proyecto declaraba por un año la emergencia social y económica por endeudamiento de consumidores financieros, con posibilidad de extenderla durante doce meses más.
Además fijaba un límite sobre los intereses que podían cobrar bancos, emisoras de tarjetas y otras compañías que otorgaran préstamos para consumo. El techo propuesto era equivalente a 1,5 veces la tasa de plazo fijo a 30 días para personas humanas publicada por el Banco Central.
La iniciativa creaba también un Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal. Podían acceder quienes destinaran al menos el 30% de sus ingresos netos al pago de cuotas, débitos o retenciones y percibieran hasta diez salarios mínimos.
Las condiciones incluían una Tasa Nominal Anual fija de hasta 35%, un plazo mínimo de 24 meses, cuotas fijas y ausencia de comisiones o gastos administrativos. Nada de eso llegó a votarse.
“Estamos engañando a la gente”
La falta de acuerdo provocó fuertes cruces durante el cierre de la sesión. El diputado de Provincias Unidas Pablo Juliano cuestionó que ninguna de las dos grandes posiciones consiguiera construir una mayoría y afirmó: “Estamos engañando a la gente”.
Juliano reclamó intentar una negociación similar a la que pocas horas antes había permitido construir un amplio consenso para el proyecto de discapacidad. Tras la moción de Giudici, sostuvo además que el oficialismo había decidido llevar el expediente nuevamente a comisión porque no tenía los votos para aprobar su propuesta.
El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, también pidió evitar el regreso a comisión. Su alternativa era votar los dictámenes y, si ninguno conseguía mayoría, pasar a un cuarto intermedio hasta el miércoles siguiente para intentar cerrar un acuerdo. Esa propuesta no prosperó.
El punto que profundizó el enfrentamiento fue que la moción aprobada no fijó una fecha límite para que las comisiones vuelvan a dictaminar. Legisladores opositores interpretaron esa ausencia como una forma de demorar indefinidamente el expediente.