Alerta por el “Súper Niño”: Kicillof presentó el plan de obras, prevención y respuesta de la Provincia

La provincia de Buenos Aires comenzó a prepararse para un escenario climático que podría extenderse hasta la primera mitad de 2027. El gobernador Axel Kicillof anunció la creación de una Mesa Interministerial para coordinar el monitoreo, la prevención y la respuesta ante los posibles efectos de un episodio de El Niño de intensidad fuerte.

El plan contempla un enlace directo con los intendentes, la ampliación de la red meteorológica, mapas municipales de riesgo, limpieza de arroyos, maquinaria disponible para emergencias, protocolos de evacuación y obras hidráulicas en diferentes cuencas.

El Gobierno bonaerense ubicó en $2,3 billones el conjunto de inversiones asociado a la prevención y atención de los riesgos climáticos. De esa cifra, alrededor de $2,1 billones corresponden a un presupuesto plurianual de infraestructura, por lo que no se trata exclusivamente de fondos nuevos o reservados para una eventual emergencia.

La presentación también profundizó el conflicto con la administración de Javier Milei. Kicillof reclamó la ejecución del Fondo de Infraestructura Hídrica y sostuvo que existen $293.000 millones recaudados pero no utilizados. La cifra corresponde al fondo nacional en su conjunto y no a una transferencia que deba enviarse íntegramente a Buenos Aires, aunque la Provincia exige recibir la parte que considera propia.

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó en su informe de agosto que las condiciones del océano Pacífico ecuatorial son consistentes con una fase cálida de El Niño. La Organización Meteorológica Mundial también anticipó que el fenómeno continuará intensificándose durante el trimestre agosto-octubre.

El término “Súper Niño”, utilizado por funcionarios y medios para describir un episodio excepcional, no integra la clasificación operativa de la Organización Meteorológica Mundial. Técnicamente, los eventos son clasificados como débiles, moderados, fuertes o muy fuertes.

Durante la presentación provincial se mencionaron dos porcentajes que corresponden a evaluaciones diferentes. Kicillof habló de una probabilidad del 95% de que el episodio alcance una intensidad muy fuerte, mientras que la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, citó una posibilidad del 69% de que adquiera características históricas.

Ninguno de esos indicadores significa que exista un 95% de probabilidad de inundaciones en todo el territorio. El comportamiento de las precipitaciones dependerá de cada región, la duración del fenómeno, el estado de humedad del suelo y la interacción con otros factores atmosféricos.

“Es importante que los bonaerenses estén al tanto de que se avecina, con alta probabilidad, un fenómeno que puede tener manifestaciones muy graves”, advirtió Kicillof.

El mapa de las zonas más expuestas

El diagnóstico provincial identifica distintos puntos sensibles. La Cuenca del Salado aparece entre las principales preocupaciones por el riesgo de excesos hídricos sobre áreas rurales, caminos y terrenos productivos.

También serán monitoreadas especialmente la Cuenca del Plata, la del Reconquista, la subcuenca del Luján, la del Matanza-Riachuelo y la región vinculada al Río V, en el límite con La Pampa.

Según un informe de la Autoridad del Agua presentado por el Ejecutivo, los suelos de las zonas centro, este y noroeste bonaerense ya muestran niveles de saturación considerados críticos. Además, siete municipios habrían superado durante agosto la mitad de su promedio anual de precipitaciones.

El problema no depende únicamente del volumen acumulado. Cuando las lluvias se repiten con poco intervalo, el suelo pierde capacidad de infiltración y los excedentes se desplazan hacia arroyos, lagunas, canales, caminos y zonas urbanizadas.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, municipios del noroeste ya comenzaron a coordinar acciones para proteger caminos rurales, localidades y áreas productivas, bajo la premisa de trabajar con distintos escenarios y no dar por segura una inundación.

Una mesa con acceso directo para los intendentes

La nueva Mesa Interministerial reunirá a los ministerios de Gobierno, Ambiente, Infraestructura, Seguridad, Desarrollo de la Comunidad, Desarrollo Agrario, Hábitat, Salud y Economía. También participarán el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, la Autoridad del Agua, Vialidad bonaerense y ABSA, entre otras dependencias.

“Va a haber un vínculo directo para cada uno de los intendentes e intendentas, más allá de las acciones que cada ministerio realiza”, explicó Kicillof.

El objetivo es que cada municipio disponga de un mapa local de riesgos, un inventario actualizado de maquinaria y equipamiento y protocolos que definan cómo actuar ante alertas meteorológicas, crecidas o anegamientos.

La coordinación será determinante porque el movimiento del agua no respeta límites municipales. La limpieza o apertura de un canal en un distrito puede modificar el caudal que reciben las localidades ubicadas aguas abajo.

El ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, dividió la estrategia en tres niveles: monitoreo, acciones preventivas y obras estructurales. El primer eje contempla la creación de un visor provincial único que concentrará información meteorológica e hidrológica en tiempo real. La plataforma deberá integrar las 42 estaciones actualmente vinculadas con el Ministerio y otras 208 licitadas o planificadas, además de los dispositivos que aporten municipios, universidades u otros organismos.

La herramienta permitirá visualizar lluvias acumuladas, niveles de arroyos, humedad del suelo y condiciones de las cuencas. Los intendentes podrán utilizar esa información para decidir cuándo desplegar maquinaria, reforzar caminos o activar protocolos de emergencia.

La red se complementará con pluviómetros, sensores automáticos, imágenes satelitales y sistemas de alerta temprana. Seguridad pretende que el 80% de los municipios pueda implementar estos mecanismos.

La Provincia ya había comenzado a instalar estaciones y discutir protocolos dentro de los comités de cuenca. En ese marco, se acordó avanzar con nueve equipos automáticos de monitoreo y un plan conjunto para administrar el Canal 9.

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El segundo nivel incluye las medidas que pueden implementarse antes de que ocurran las tormentas. Infraestructura contrató 33.850 horas de maquinaria durante 2026, con una inversión de $5.700 millones, para limpieza, mantenimiento y respuesta ante emergencias. También se firmaron convenios con cooperativas para intervenir arroyos y canales.

Vialidad tendrá a su cargo la preservación de los accesos y la reparación de tramos anegados. La transitabilidad resulta fundamental no solo para la producción, sino también para garantizar que ambulancias, bomberos y equipos de rescate puedan llegar a poblaciones rurales.

El esquema suma protocolos con empresas y cooperativas eléctricas para sostener los servicios públicos. Entre las herramientas previstas aparecen sistemas móviles de almacenamiento de energía y planes de contingencia para agua potable.

ABSA incorporará además capacidad propia para embotellar agua y distribuirla entre organismos provinciales o zonas afectadas cuando una emergencia interrumpa el abastecimiento habitual.

La tercera pata está compuesta por 139 obras y proyectos hidráulicos, según el detalle brindado por el Gobierno bonaerense. El listado incluye intervenciones urbanas, defensas, drenajes, adecuación de cauces y trabajos sobre las principales cuencas.

Entre las obras mencionadas aparecen el Canal Maldonado de Bahía Blanca, la adecuación del Río Areco, la futura presa de Pergamino y diferentes etapas del Plan Maestro del Río Salado.

La situación del Salado concentra una de las mayores disputas con la Nación. Buenos Aires sostiene que avanzó con los sectores bajo su responsabilidad, pero que una etapa del Tramo IV, financiada originalmente con recursos nacionales, permanece paralizada.

Esa interrupción podría formar un cuello de botella que reduzca la capacidad de escurrimiento del sistema. La Provincia continuó trabajos en nuevos sectores mientras la paralización nacional dejó incompleta una pieza central del Plan del Salado.

Seguridad prepara rescates y alertas tempranas

El ministro de Seguridad, Javier Alonso, presentó cuatro ejes operativos: alerta temprana, coordinación institucional, fortalecimiento logístico y articulación con organizaciones de la sociedad civil.

Defensa Civil está organizada en 12 zonas provinciales y trabajará junto a la Policía bonaerense, Bomberos, equipos de rescate, municipios y asociaciones voluntarias.

La logística disponible incluye patrulleros, motos de agua, gomones, embarcaciones y aeronaves. El inventario de cada distrito será incorporado al sistema para conocer qué recursos existen y hacia dónde deben desplazarse ante una emergencia.

El desafío será convertir la información meteorológica en decisiones concretas: emitir advertencias con tiempo suficiente, identificar rutas de evacuación y definir dónde concentrar personal, vehículos e insumos.

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El plan también contempla medidas específicas para el sector agropecuario. Desarrollo Agrario difundirá recomendaciones técnicas para productores y mantendrá activa la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario.

La Provincia incorporó una línea de financiamiento denominada Agro-Sustentable, con créditos de hasta $100 millones, y anticipó que reforzará el Plan Estratégico de Caminos Rurales.

Los productores deberán prestar atención a la transitabilidad, la disponibilidad de reservas forrajeras, el movimiento del ganado y las fechas de siembra y cosecha. Un camino cortado puede impedir el traslado de insumos, leche, granos o animales, aun cuando el establecimiento no se encuentre directamente inundado.

Además, el Gobierno abrió un programa para regularizar obras hidráulicas construidas sin autorización que actualmente cumplen una función favorable en el escurrimiento o la retención del agua. La incorporación no será automática: municipios, comités de cuenca, la Autoridad del Agua e Hidráulica deberán evaluar cada caso.

Kicillof elevó el reclamo por el Fondo Hídrico

La presentación terminó convertida en un nuevo capítulo de la pelea entre la Provincia y la Casa Rosada. Kicillof acusó al Gobierno nacional de negar el cambio climático, paralizar la obra pública y retener recursos que deberían destinarse a infraestructura. “No está preparado nuestro país para que el Gobierno nacional no exista o para que no te respondan el teléfono”, afirmó.

El gobernador sostuvo que el Fondo de Infraestructura Hídrica tiene $293.000 millones sin ejecutar y exigió que Buenos Aires reciba los recursos que le corresponden. “¿Cuándo? Ya, mañana, porque lo necesitamos”, lanzó.

El fondo se financia mediante una porción de la recaudación del impuesto a los combustibles. Cálculos difundidos a partir de pedidos de acceso a la información estimaron que desde 2024 se recaudaron alrededor de $375.400 millones y se ejecutaron cerca de $116.000 millones.

Frente a la falta de financiamiento nacional que denuncia la Provincia, Kicillof buscará fortalecer la coordinación regional. El próximo paso será una reunión en La Pampa con el gobernador Sergio Ziliotto, destinada a acordar un protocolo conjunto sobre el Río V, cuya dinámica puede afectar directamente al noroeste bonaerense.

Ambas administraciones analizarán mecanismos compartidos de medición y los niveles de caudal que permitirían liberar agua sin trasladar el riesgo de inundaciones hacia territorio bonaerense. La articulación resulta clave porque las decisiones tomadas aguas arriba pueden modificar el volumen que reciben los municipios ubicados en el recorrido posterior.