Radiografía del sistema penal bonaerense: menos detenidos en comisarías, nuevas plazas y una sobrepoblación que persiste
La CPM registró mejoras en alojamiento policial, infraestructura y algunos indicadores de violencia intramuros. El aumento de la población encarcelada y las graves deficiencias sanitarias, sin embargo, mantienen abiertos problemas estructurales.
Pamela Orellana
El Informe Anual 2026 de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) vuelve a mostrar un escenario severo en cárceles y comisarías, pero también registra avances durante la gestión de Axel Kicillof: cayó de manera sostenida el alojamiento en dependencias policiales, se ampliaron plazas penitenciarias y bajaron suicidios y autolesiones.
La provincia de Buenos Aires cerró 2025 con 63.934 personas detenidas en cárceles, alcaidías, comisarías o bajo monitoreo electrónico, frente a 61.810 un año antes. La tasa de encarcelamiento llegó a 367 personas cada 100.000 habitantes, por encima de la tasa nacional y mundial. La cifra sintetiza una de las principales dificultades del sistema: mientras aumentan los ingresos, la infraestructura y los mecanismos de egreso no alcanzan a acompañar ese ritmo.
El diagnóstico surge del Informe Anual 2026 de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que releva lo ocurrido durante 2025 en cárceles, alcaidías, comisarías y otros espacios de encierro. El documento mantiene fuertes cuestionamientos sobre las condiciones de detención, la atención sanitaria y el funcionamiento judicial, aunque también reconoce mejoras concretas producidas durante la actual gestión provincial.
Menos detenidos en comisarías y más capacidad carcelaria
Uno de los indicadores favorables más claros aparece en las comisarías. Entre 2020 y 2025, la cantidad de personas detenidas en dependencias policiales cayó de manera interanual sostenida. En diciembre del año pasado había 1.386 detenidos, la cifra más baja desde 2013 y un 40% menos que en 2024.
La CPM atribuye esa reducción a un trabajo interinstitucional en el que participaron organismos provinciales, el Tribunal de Casación, la autoridad de seguimiento creada por la Suprema Corte, organizaciones de derechos humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El informe aclara, sin embargo, que las condiciones materiales en varias comisarías continúan siendo críticas.
El segundo dato favorable está en la infraestructura penitenciaria. La gestión de Kicillof lanzó en 2020 un plan para ampliar la capacidad del sistema y, desde 2021, se incorporaron 6.094 nuevas plazas, entre establecimientos nuevos y ampliaciones. Ese número representa alrededor del 23% de la capacidad penitenciaria actual.
La propia CPM señala que la construcción permitió reducir la sobrepoblación entre 2021 y 2023. El proceso se frenó en 2024, según el informe, por la interrupción de fondos provenientes del Gobierno nacional. Pero el problema de fondo siguió creciendo: en el mismo período el sistema incorporó casi 13.000 detenidos nuevos.
A fines de 2025, las cárceles y alcaidías tenían capacidad para 26.868 personas y registraban una sobrepoblación del 116%, diez puntos más que el año anterior.
El informe también destaca una decisión adoptada al inicio de la gestión de Kicillof: en diciembre de 2019, el Ejecutivo reconoció que el SPB tenía unas 24.000 plazas reales, alrededor de 5.000 menos que las informadas previamente. La CPM valoró esa decisión porque implicó abandonar la práctica de sobreestimar capacidad para mostrar artificialmente menores niveles de ocupación.
Menos suicidios, homicidios y autolesiones
El documento registra además algunos indicadores favorables dentro de las cárceles bonaerenses. Durante 2025 hubo 13 suicidios, frente a 21 en 2024, el valor más bajo de toda la serie analizada por la CPM.
Las autolesiones también descendieron. El Servicio Penitenciario Bonaerense informó 2.039 casos, un 7,9% menos que el año anterior. En sectores de aislamiento se registraron 337 episodios, aproximadamente la mitad que en 2024. El informe menciona protocolos provinciales elaborados en 2020 y 2024 para prevenir conductas suicidas, aunque advierte que todavía es necesario determinar qué políticas incidieron concretamente en la baja.
En cuanto a los homicidios, la tendencia descendente comenzó en 2016 y se mantuvo durante los años siguientes. En 2025 hubo cuatro homicidios, la misma cantidad que en 2024, y la tasa se estabilizó en valores similares a los registrados en el resto de la Provincia. Tres fueron cometidos por otras personas detenidas y uno fue atribuido a integrantes del SPB.
Esos números conviven con un panorama sanitario mucho más adverso. De las 224 muertes registradas en cárceles y alcaidías durante 2025, 203 fueron vinculadas a problemas de salud, 13 a suicidios, cuatro a homicidios y cuatro a accidentes. La tasa general de muertes cayó 2,2% respecto de 2024, pero los problemas sanitarios siguen explicando nueve de cada diez fallecimientos.
Celulares, control y un debate que sigue abierto
El informe también aporta datos al debate sobre el uso de celulares en las cárceles. De las 40.730 víctimas que se comunicaron directamente con la CPM, el 65% lo hizo por WhatsApp, algo que el organismo considera relevante para denunciar torturas y malos tratos.
Al analizar causas penales por delitos cometidos mediante dispositivos de comunicación, la CPM sostiene que el porcentaje detectado es bajo y plantea incluso una posible reducción o prevención de esa modalidad delictiva, aunque advierte sobre la responsabilidad que corresponde investigar cuando los hechos ocurren bajo custodia estatal.
El balance deja así una fotografía contradictoria: la Provincia amplió infraestructura, redujo detenidos en comisarías y registró mejoras en algunos indicadores de violencia intramuros, pero sigue enfrentando una población carcelaria creciente y una sobreocupación que llegó al 116%.
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