Debate, proyectos y gestión: el abordaje bonaerense del sobreendeudamiento familiar

La deuda de los hogares dejó de ser una discusión restringida al sistema financiero y ocupa la agenda bonaerense. Mientras el presidente Javier Milei sostiene que la falta de pago debe resolverse entre particulares, el gobierno de Axel Kicillof y legisladores de distintos bloques impulsan refinanciaciones, límites a las cobranzas y resguardos para la vivienda única. Según expuso la Provincia, el 60% de la población adulta está endeudada y cerca de seis millones de personas se encuentran en mora.

El tema llegó este martes al Anexo de la Cámara de Diputados. La jornada fue organizada por la Fundación Encuentro y la Fundación de Estudios para la Justicia (Fundejus), presidida por Ricardo Casal. José Ignacio “Vasco” de Mendiguren abrió el encuentro y expusieron el juez de Cámara de San Martín Claudio Fede; el diputado nacional del Frente Renovador en Unión por la Patria (UP) Guillermo Michel; el legislador porteño de Fuerza por Buenos Aires Francisco Caporiccio; y la diputada provincial del Frente Renovador en UP Sofía Vannelli.

Asistieron el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, y los legisladores del massismo en UP Malena Galmarini, Alexis Guerrera, Marcos Pisano, Valeria Arata, Rubén Eslaiman, Ayelén Rasquetti, Germán Di Cesare, Juan Malpeli, Roberto Vázquez, Carlos Puglelli y Luciana Padulo.

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De la deuda para comer a una moratoria

Michel acusó al Gobierno de mentir cuando presenta el sobreendeudamiento como un conflicto privado y lo vinculó con salarios, jubilaciones y la desregulación del DNU 70/2023. Defendió una moratoria para obligaciones originales de hasta $1,5 millones destinada a gastos esenciales. “No queremos refinanciar al que se compró un auto o al que accedió a una casa, sino al que se endeudó para comer”, precisó.

Su paquete incluye una presentación ante la Autoridad Nacional de la Competencia para transparentar tasas y revisar cómo las billeteras elaboran perfiles crediticios; la suspensión de débitos sobre la AUH y otras prestaciones; y un sistema público de pagos similar al PIX brasileño. También aseguró que una treintena de iniciativas confluyeron en un dictamen en el Congreso, donde presentaron propuestas Gabriela Estévez, Natalia Zaracho de UP y el senador radical Pablo Juliano.

Vannelli informó que el 91,7% de los hogares mantiene al menos una obligación activa y que la deuda bancaria típica pasó de 1,5 a 3,5 salarios promedio en tres años. Su propuesta modifica la Ley 13.133 para incorporar crédito responsable, ficha estandarizada, mínimo vital protegido, una instancia gratuita ante las OMIC y rehabilitación judicial. Las denuncias por cobranzas abusivas, señaló, subieron de 393 a 1.237.

Caporiccio sostuvo que uno de cada tres deudores está en mora y que muchos jóvenes conocen un préstamo fintech antes que un empleo estable. Explicó que la Legislatura porteña aprobó una iniciativa de Leandro Santoro (Fuerza por Buenos Aires), acompañada por el Frente Renovador, para refinanciar con el Banco Ciudad y ocho entidades privadas en 24 cuotas, con tasas de entre 30% y 35%. La línea estará abierta hasta el 13 de octubre.

Diez expedientes y distintas salidas

Un relevamiento identifica al menos diez proyectos bonaerenses. Ana Luz Balor (UP) impulsa incorporar el sobreendeudamiento a la Ley 13.133, con mediación y suspensión de ejecuciones por 90 días, y otra norma contra el acoso de cobradores. 

Noelia Saavedra (UP) propone limitar los permisos invasivos exigidos por aplicaciones; Silvina Vaccarezza (UCR+Cambio Federal) busca reconocer al deudor como consumidor hipervulnerable; y Margarita Recalde (UP) obtuvo dictamen para abrir una instancia de pago que evite el remate de la vivienda única.

Juan Martín Malpeli plantea impedir débitos sin autorización y regular la publicidad del crédito, mientras Ariel Archanco (UP) propone revisar diferenciales de tasas desproporcionados y habilitar una renegociación gratuita. 

En el Senado, el titular del bloque oficialista Fuerza Patria (FP) Sergio Berni apunta a los descuentos sobre salarios estatales; Marcelo Leguizamón (Hechos UCR Identidad) propone planes de hasta 60 meses con el Banco Provincia; y Marcelo Feliú (FP) impulsa asistencia jurídica gratuita y un sistema provincial de información. Fernando Coronel (FP) sumó una declaración de preocupación por la mora.

Fede explicó el uso de las pequeñas quiebras y remarcó que la Ley de Defensa del Consumidor es de orden público: la deuda puede ser privada, sostuvo, pero eso no habilita a los prestamistas a regularse por sí solos cuando están comprometidos ingresos esenciales y la dignidad familiar.

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En una entrevista radial, Kicillof calificó de “estupidez” la explicación de Milei y atribuyó la cesación de pagos a “salarios bajos y tasas altas”. El Presidente había preguntado si alguien puso “una pistola en la cabeza” de quienes tomaron créditos y luego habló de un “efecto Mundial” ligado a la compra de televisores. “No es la gente, es Milei”, respondió el gobernador, quien cuestionó las fintech y señaló al ministro Federico Sturzenegger por las desregulaciones.

La Provincia abrió expedientes por las condiciones de los préstamos y las cobranzas de billeteras virtuales. El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, afirmó que se detectaron tasas que podrían superar el 1.000%. El Banco Provincia, conducido por Juan Cuattromo, informó más de 100.000 refinanciaciones durante 2026 por encima de $390.000 millones, con plazos de hasta 72 meses.

El problema también llegó a la seguridad. El ministro bonaerense Javier Alonso advirtió que familias excluidas del crédito formal recurren a prestamistas informales y afirmó que la Provincia trabaja con jueces y fiscales para investigar esas organizaciones. “Hay familias que piden un préstamo y, como no lo pueden devolver, les toman la casa”.