Multas, poder e independencia: la reforma que pone bajo la lupa a la Justicia municipal

La diputada de Fuerza Patria Ana Luz Balor presentó dos proyectos para modificar el sistema de selección de los jueces de Faltas y otorgarles mayor autonomía sobre sus empleados y su presupuesto. El planteo central es que el organismo encargado de controlar sanciones aplicadas por el gobierno municipal no debería depender administrativamente de una de las partes que puede intervenir en las causas.

La propuesta no aparece aislada. La Coalición Cívica impulsó otro mecanismo de concursos y un registro provincial de aspirantes, mientras el presidente del bloque de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli, presentó una batería de iniciativas para reformar diferentes estructuras del Poder Judicial bonaerense.

Los Juzgados de Faltas resuelven infracciones vinculadas con ordenanzas municipales y normas cuya aplicación fue delegada a las comunas. Sus expedientes pueden incluir contravenciones de tránsito, habilitaciones comerciales, higiene, construcción, publicidad, ocupación del espacio público y otras materias sujetas al poder de policía local.

No integran formalmente el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Funcionan dentro de la estructura municipal, aunque sus titulares ejercen tareas jurisdiccionales y deben resolver conflictos entre la administración y los ciudadanos.

Esa ubicación institucional explica buena parte del problema. El municipio puede inspeccionar, labrar un acta, impulsar una sanción y proporcionar los recursos materiales y humanos al organismo que posteriormente debe determinar si la infracción existió.

El Código de Faltas Municipales, establecido mediante el Decreto-Ley 8.751/77, dispone actualmente que los jueces sean designados por el intendente con acuerdo del Concejo Deliberante.

La intervención legislativa local funciona como un control político, pero no existe en todos los casos una instancia pública y uniforme que permita comparar antecedentes, evaluar conocimientos y establecer un orden de mérito antes de la elección.

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Un concurso antes de la decisión política

El primero de los proyectos de Balor mantiene la intervención del intendente y del Concejo Deliberante, pero incorpora un procedimiento previo. La selección comenzaría con un concurso público de oposición y antecedentes. Los postulantes deberían acreditar sus condiciones profesionales y rendir una evaluación antes de integrar la nómina de candidatos.

Una comisión evaluadora elaboraría una terna vinculante. El intendente solamente podría escoger entre esos tres nombres y la designación necesitaría luego el acuerdo del Concejo Deliberante por mayoría absoluta de la totalidad de sus integrantes.

El objetivo es reducir el margen discrecional del Ejecutivo sin eliminar la participación de las autoridades elegidas por el voto popular.

La comisión estaría integrada por un representante del Colegio de Abogados del departamento judicial correspondiente, uno de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, dos concejales —uno por la mayoría y otro por la minoría— y un representante de la Asociación de la Justicia Municipal Bonaerense.

La composición busca combinar conocimientos jurídicos, representación política y experiencia específica dentro del sistema municipal.

El carácter vinculante constituye uno de los puntos centrales. El jefe comunal no podría apartarse de los tres candidatos seleccionados por la comisión ni incorporar un postulante que no haya atravesado el proceso.

El Concejo Deliberante conservaría la última instancia de control. La mayoría absoluta exigida por el proyecto obligaría al oficialismo municipal a reunir un respaldo significativo, especialmente en distritos donde no controla por sí solo la mitad del cuerpo.

La iniciativa no elimina por completo la decisión política. La encuadra dentro de un procedimiento con publicidad, evaluación y participación de diferentes instituciones.

Su aplicación exigirá definir aspectos que serán determinantes para su efectividad: cómo se integrarán las comisiones en cada convocatoria, qué criterios se utilizarán para calificar antecedentes, cómo se resolverán las impugnaciones y qué nivel de publicidad tendrán los exámenes y puntajes.

El presupuesto como garantía de independencia

La segunda propuesta interviene sobre el funcionamiento posterior del Juzgado de Faltas. Su objetivo es otorgarle autonomía administrativa y presupuestaria dentro del municipio.

Balor plantea incorporar formalmente estos organismos a la Ley Orgánica de las Municipalidades, establecer sus funciones y asegurarles capacidad para administrar recursos destinados a equipamiento, infraestructura y gastos operativos.

“La actual dependencia orgánica respecto del Departamento Ejecutivo municipal, que es, a su vez, quien ejerce el poder de policía y, en muchos casos, es parte en las causas que se sustancian, genera una tensión institucional que esta reforma viene a resolver”, sostuvo la legisladora.

La propuesta obligaría al Ejecutivo a transferir anualmente a una cuenta especial al menos el 0,5% de los recursos corrientes previstos en el presupuesto municipal. Los fondos tendrían carácter intangible y serían administrados por los propios Juzgados de Faltas. No podrían destinarse a otras áreas ni quedar sujetos a decisiones administrativas que condicionaran el funcionamiento cotidiano del organismo.

El porcentaje abre una discusión fiscal. Su impacto sería diferente según el tamaño y los recursos de cada distrito, por lo que durante el tratamiento deberá analizarse si garantiza un piso suficiente o si produce asignaciones desproporcionadas frente a la cantidad de expedientes y juzgados existentes.

La iniciativa también cambia la relación con los empleados administrativos, técnicos y de maestranza. Las designaciones continuarían siendo formalizadas por el Ejecutivo municipal, pero deberían realizarse a propuesta vinculante del juez. Una vez incorporados, los trabajadores quedarían bajo la dirección orgánica, funcional y disciplinaria del magistrado.

Eso implica que no podrían recibir instrucciones generales del intendente o de otras áreas municipales sobre la tramitación de expedientes.

Balor sostiene que la medida no busca crear un “superpoder”, sino asegurar condiciones mínimas de imparcialidad. El argumento es que la estabilidad del magistrado resulta insuficiente si su equipo, sus herramientas o los fondos necesarios para funcionar permanecen sujetos a decisiones de una parte potencialmente interesada en las causas.

La Coalición Cívica propone otra vía

La preocupación por el método de selección también llegó desde la oposición. El presidente del bloque de la Coalición Cívica, Andrés De Leo, presentó una iniciativa para crear un registro de aspirantes a jueces de Faltas.

Su propuesta establece requisitos comunes para quienes quieran inscribirse: tener al menos 25 años, ser argentino, acreditar dos años de residencia en el distrito y contar con una antigüedad mínima de tres años en la matrícula profesional.

Los postulantes deberían atravesar un concurso público de antecedentes y oposición. Una comisión de calificación elaboraría un orden de mérito y elevaría una terna al intendente, que conservaría la facultad de seleccionar un nombre con posterior acuerdo del Concejo Deliberante.

La comisión prevista por De Leo tendría una integración diferente a la propuesta por Balor: incluiría tres concejales y representantes del ámbito académico, profesional y judicial. Ambos proyectos coinciden en impedir que la selección comience directamente en el despacho del intendente. La diferencia principal está en el alcance.

Otra reforma para la Justicia bonaerense

El debate municipal coincide con una agenda más amplia en la Legislatura. Facundo Tignanelli presentó tres proyectos dirigidos al Poder Judicial provincial. Uno propone modificar la integración del Tribunal de Casación Penal; otro establece presidencias rotativas en las Cámaras de Apelación en lo Civil y Comercial; y un tercero crea un Tribunal Contencioso Administrativo Electoral para resolver impugnaciones durante los comicios.

Este último tendría competencia sobre controversias vinculadas con listas, candidaturas, boletas, alianzas y decisiones de la Junta Electoral. La intención es establecer plazos breves y una vía específica para evitar que una disputa quede sin resolución mientras avanza el cronograma.

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En paralelo, la Suprema Corte bonaerense reclama la aprobación de un régimen de autarquía económico-financiera. El máximo tribunal busca administrar directamente sus partidas y reducir su dependencia del Ejecutivo para ejecutar el presupuesto.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, los jueces Sergio Torres y Daniel Soria formalizaron la propuesta ante las autoridades de la Legislatura.

El reclamo de la Corte y el proyecto de Balor parten de escalas institucionales diferentes, pero comparten un argumento: la independencia de quien juzga necesita recursos que no puedan ser utilizados como mecanismo de presión.