Rosca judicial en tiempo de descuento: ante Magario y Dichiara, la Corte reactivó la presión por vacantes y fondos

La Suprema Corte de Justicia bonaerense se reunió este miércoles con autoridades de la Legislatura y reactivó su ofensiva institucional en medio de un escenario de vacantes sin resolver. Con solo tres de sus siete integrantes en funciones, el máximo tribunal formalizó un proyecto de autarquía económico-financiera que busca redefinir su vínculo con el poder político.

El encuentro se realizó entre los jueces Sergio Gabriel Torres y Daniel Fernando Soria con la vicegobernadora Verónica Magario, titular del Senado, y el presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara. En ese marco, los magistrados entregaron en mano la iniciativa que apunta a otorgarle al Poder Judicial mayor control sobre sus recursos y su esquema presupuestario.

La reunión, de la que también participó Carlos Safadi Márquez —titular del área electoral de la Dirección de Asesoramiento Técnico en relación a los Órganos de la Constitución—, combinó la presentación formal del proyecto con la discusión de temas estructurales. Entre ellos, volvió a colarse la falta de integración del tribunal, que arrastra cuatro vacantes y condiciona su funcionamiento.

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La iniciativa impulsada por la Corte establece un cambio sustancial: será el propio Poder Judicial el encargado de elaborar su presupuesto, incluyendo tanto a la Administración de Justicia como al Ministerio Público. Ese cálculo será luego remitido a la Legislatura a través del Ejecutivo para su incorporación al presupuesto general.

El texto también contempla la creación de cuentas fiscales específicas en el Banco Provincia, diferenciadas para cada jurisdicción, y fija una distribución inicial de los recursos: 65% para la Administración de Justicia y 35% para el Ministerio Público, con revisión anual.

Pero el punto más sensible está en el origen de los recursos. El proyecto propone que el Poder Judicial participe en las utilidades generadas por los depósitos judiciales, lo que implicaría una modificación de la Ley Orgánica del Banco Provincia. Según el esquema planteado, durante el primer año recibiría el 35% de esos fondos y, a partir del segundo, el 50%.

Además, se prevé la creación de un Comité de Armonización Financiera integrado por representantes del Ejecutivo y del Poder Judicial, con el objetivo de garantizar la transparencia y la automaticidad en las transferencias de fondos.

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Vacantes, demoras y una advertencia directa

El trasfondo del avance institucional es un problema que lleva años sin resolverse: la integración incompleta de la Corte. Actualmente, el tribunal está conformado por Sergio Torres, Hilda Kogan y Daniel Soria, lo que lo obliga a recurrir de manera sistemática a conjueces del Tribunal de Casación para poder dictar sentencias.

Torres fue explícito al describir la situación. Señaló que el tribunal debería tener siete miembros y advirtió que la falta de designaciones afecta directamente su capacidad de conducción. También puso números a la demora: más de 2.200 días desde la primera vacante y cerca de 800 desde la última salida.

El planteo no quedó limitado al diagnóstico técnico. El presidente de la Corte lo vinculó con la independencia judicial y dejó en claro que el reclamo excede la coyuntura: la autarquía financiera, sostuvo, es una condición estructural para garantizar el funcionamiento del sistema.

Desde el Ejecutivo, la reacción fue medida y sin definiciones concretas. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, evitó fijar plazos para el envío de pliegos al Senado y dejó la decisión en manos del gobernador Axel Kicillof.

La postura oficial responde a una dificultad política evidente. La designación de jueces de la Corte requiere acuerdos amplios que hoy no están consolidados, ni dentro del oficialismo ni con la oposición. La negociación atraviesa al peronismo bonaerense, donde confluyen intereses del kirchnerismo, el massismo y el propio esquema del gobernador.

En ese contexto, cada vacante se transforma en una discusión de poder. La reciente designación de Malena Galmarini al frente de la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado ordenó parcialmente el esquema legislativo, pero no resuelve el problema de fondo: sin acuerdos políticos, no hay nombramientos posibles.

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A la presión institucional se suma el reclamo sindical. Desde la Asociación Judicial Bonaerense, su titular Hugo Russo volvió a insistir en la necesidad de una ley de negociación colectiva, lo que amplía el frente de tensión y agrega un componente laboral a la discusión.

Con más de 200 cargos judiciales sin cubrir en toda la provincia, y un tribunal superior funcionando al límite, el escenario combina urgencia institucional con complejidad política. Mientras la Corte eleva el tono y busca marcar agenda, el Ejecutivo administra los tiempos en un contexto de negociaciones abiertas y sin resultados a la vista.

El margen para postergar definiciones se achica. Y en esa dinámica, la relación entre los poderes entra en una etapa donde cada movimiento tiene impacto directo en el equilibrio institucional de la provincia.