Clima áspero en la Provincia: la interna peronista sigue dinamitando acuerdos por la Corte

La disputa por la cobertura de las vacantes en la Suprema Corte bonaerense entró en una zona de máxima tensión. Con solo tres integrantes en funciones —Sergio Torres, Hilda Kogan y Daniel Soria—, el tribunal volvió a exponer públicamente la gravedad de su funcionamiento, mientras el gobierno de Axel Kicillof evita poner plazos y mantiene en suspenso el envío de pliegos al Senado.

El trasfondo es conocido en La Plata, pero lejos de resolverse: la falta de acuerdos dentro del peronismo y la fragmentación opositora convierten cada designación en una negociación compleja que todavía no encuentra punto de partida.

El presidente de la Corte, Sergio Torres, rompió la lógica habitual de bajo perfil judicial y encabezó un planteo institucional directo. Lo hizo con respaldo de todo el sistema judicial bonaerense, en un acto que buscó visibilizar una situación que lleva años sin resolverse.

“Los ministros que presidimos este acto somos tres, cuando debiéramos ser siete. Este superior tribunal se encuentra inéditamente desintegrado”, advirtió. La frase no fue aislada: el magistrado detalló que transcurrieron más de 2.200 días desde la primera vacante y cerca de 800 desde la última salida, una demora que, según planteó, impacta directamente en la capacidad operativa del máximo tribunal.

Con una integración incompleta, la Corte debe recurrir de manera sistemática a conjueces del Tribunal de Casación para poder dictar fallos. Ese mecanismo, pensado como excepción, se volvió regla y expone una dependencia que erosiona la dinámica institucional.

La respuesta del gobierno: sin plazos y con cautela

Desde el Ejecutivo, la contestación llegó en tono medido. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, evitó dar precisiones y dejó la definición atada exclusivamente a la decisión del gobernador.

“Es una prerrogativa, es una potestad del gobernador que lo va a definir de acuerdo a los criterios de oportunidad, mérito y conveniencia”, sostuvo. La reiteración de esa línea marcó un límite claro frente a la presión del Poder Judicial y dejó en evidencia que no hay, por ahora, una hoja de ruta concreta.

Detrás de esa postura hay un dato político central: Kicillof no cuenta hoy con los consensos necesarios para avanzar. La designación de jueces requiere acuerdos amplios en el Senado, y ese escenario está lejos de consolidarse.

El problema excede lo institucional y se mete de lleno en la dinámica del oficialismo bonaerense. El axelismo, el kirchnerismo y el massismo todavía no lograron cerrar una negociación sobre los nombres, en un contexto donde cada sector busca sostener cuotas de poder.

A eso se suma una oposición que tampoco muestra cohesión suficiente como para ordenar una posición común. El resultado es un doble bloqueo: sin acuerdo interno ni garantías externas, el Ejecutivo opta por no avanzar.

En paralelo, la vicegobernadora Verónica Magario terminó de ordenar las comisiones del Senado, dejando la estratégica Asuntos Constitucionales y Acuerdos en manos de Malena Galmarini, del Frente Renovador. Sin embargo, esa definición no resuelve el problema de fondo: sin pliegos, no hay proceso que activar.

Cavallo llamó "trader" a Caputo y desató una dura reacción del Gobierno

El reclamo de la Corte no se limita a las vacantes. El tribunal avanzó también con un proyecto de autarquía financiera que redefine su vínculo con el Ejecutivo, planteando la necesidad de administrar su propio presupuesto sin discrecionalidad política.

Torres lo expresó en términos estructurales: la independencia judicial, sostuvo, no puede depender de decisiones administrativas del gobierno de turno. La iniciativa incluye, además, la creación de fondos específicos y mecanismos de financiamiento propios.

El planteo suma otro frente de tensión, en un contexto donde los recursos provinciales están bajo presión y cualquier discusión presupuestaria adquiere dimensión política.

Tiempo en contra y negociación abierta

Tanto en el gobierno como en el ámbito judicial hay una coincidencia que agrega urgencia: el calendario. La ventana para resolver las designaciones antes de que el clima electoral de 2027 complique aún más las negociaciones es cada vez más estrecha.

Sin avances concretos, el escenario se endurece. En la Legislatura ya hablan de un clima áspero, con reproches cruzados y una creciente incomodidad por la falta de definiciones.

Mientras la Corte eleva el tono de sus reclamos y el Ejecutivo administra los tiempos, la disputa se convierte en un síntoma de un problema más amplio: la dificultad de la política bonaerense para ordenar acuerdos incluso en temas que afectan directamente el funcionamiento institucional.