La Provincia rechaza la reforma de Salud Mental de Milei: las claves de una pelea federal

La reforma de la Ley Nacional de Salud Mental abrió un nuevo frente entre la provincia de Buenos Aires y el Gobierno de Javier Milei. El Ministerio de Salud bonaerense, encabezado por Nicolás Kreplak, rechazó el esquema de reuniones virtuales y separadas que organizó la cartera nacional de Mario Lugones. La convocatoria dividió a las provincias según su relación política con la Casa Rosada y despertó sospechas sobre la posibilidad de presentar esas conversaciones como un acuerdo federal que, hasta ahora, no existe.

“No se puede buscar legitimar una reforma sin consenso dividiendo a las provincias en grupos”, advirtieron desde la administración bonaerense.

La controversia atraviesa un asunto particularmente sensible. El proyecto modifica las condiciones para ordenar internaciones involuntarias, aumenta el peso de la psiquiatría dentro de los equipos, habilita establecimientos especializados y revisa aspectos del modelo comunitario promovido por la legislación vigente desde 2010.

El Gobierno nacional sostiene que los cambios permitirán intervenir antes frente a crisis graves. Buenos Aires y otras jurisdicciones advierten, en cambio, que la propuesta puede debilitar derechos sin resolver el principal problema del sistema: la escasez de profesionales, camas, servicios comunitarios y presupuesto.

Una negociación dividida por afinidades

La estrategia impulsada desde la Nación consistió en organizar videoconferencias con grupos de ministros y autoridades sanitarias provinciales. Las jurisdicciones fueron distribuidas, según fuentes que participaron de la convocatoria, de acuerdo con el grado de cercanía política de sus gobernadores con el oficialismo nacional.

La primera reunión incluyó a representantes de la Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Chubut, Chaco y Jujuy. Luego fueron convocadas otras provincias, entre ellas Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, La Pampa, Córdoba, Catamarca y La Rioja.

El objetivo de la administración libertaria es construir respaldo para un proyecto enviado al Senado en abril y que todavía no consiguió los acuerdos necesarios para avanzar. En la negociación intervienen el ministro Lugones y legisladores oficialistas, entre ellos la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y la presidenta de la Comisión de Salud, Ivanna Arrascaeta.

La modalidad fue uno de los primeros puntos de conflicto. Varios funcionarios provinciales reclamaron que un cambio de semejante alcance sea debatido presencialmente en el Consejo Federal de Salud (COFESA), donde todas las jurisdicciones puedan conocer las posiciones de las demás y discutir sobre una misma versión del texto.

Buenos Aires fue más allá y cuestionó abiertamente el procedimiento. “Necesitamos sentarnos todos en una misma mesa, conocer las diferentes posiciones y discutir seriamente qué sistema de salud mental queremos para nuestro país”

La salud mental no es un asunto individual: es un tema colectivo. Realizamos el 3º Encuentro del Consejo Joven de Salud Mental

Es un espacio participativo que construimos en la Provincia para que las juventudes sean protagonistas de las políticas públicas que las involucran.… pic.twitter.com/yKtCVzCQGM

— Nicolás Kreplak (@nkreplak) August 24, 2026

Uno de los núcleos de la reforma es el criterio que permite internar a una persona sin su consentimiento. La Ley 26.657 vigente ya contempla esa posibilidad, pero la define como un recurso terapéutico excepcional cuando existe “riesgo cierto e inminente” para la persona o para terceros y no resulta viable un abordaje menos restrictivo.

Este punto requiere una precisión: la norma actual no prohíbe las internaciones involuntarias. Lo que hace es someterlas a requisitos profesionales, sanitarios y judiciales destinados a evitar encierros arbitrarios.

El proyecto nacional reemplaza el criterio de “riesgo cierto e inminente” por el de “riesgo grave de daño para la vida o la integridad física”. También incorpora un análisis situacional que permitiría contemplar antecedentes, conductas previas y la probable evolución del cuadro si no se inicia un tratamiento.

Según informó Clarín, el Gobierno argumenta que la modificación permitiría intervenir con mayor anticipación ante intentos de suicidio, episodios de violencia, consumos problemáticos o cuadros de deterioro severo.

Los sectores críticos advierten que la nueva formulación abre un margen de interpretación más amplio. El interrogante central es si facilitará respuestas oportunas ante emergencias o si terminará aumentando las privaciones de libertad sin que previamente se fortalezcan las alternativas comunitarias.

La legislación vigente establece que las internaciones deben ser evaluadas por equipos interdisciplinarios y evita que una única especialidad concentre las decisiones sobre el tratamiento.

La reforma conserva formalmente ese principio, pero exige que al menos uno de los profesionales intervinientes sea psiquiatra. En situaciones de urgencia, además, contempla que un solo médico pueda ordenar inicialmente la medida, que luego deberá ser ratificada por un equipo dentro del plazo establecido.

El Ejecutivo nacional presenta ese cambio como una forma de reforzar la responsabilidad médica y agilizar las decisiones críticas. Las áreas provinciales observan dos problemas.

El primero es conceptual: consideran que podría recuperar una mirada predominantemente médica sobre situaciones que también tienen dimensiones psicológicas, sociales, familiares y comunitarias.

El segundo es operativo. Muchas localidades no cuentan con suficientes psiquiatras para cubrir guardias, integrar equipos y evaluar internaciones de manera permanente. Convertir su participación en un requisito obligatorio podría producir el efecto contrario al buscado: demorar decisiones o concentrar todavía más la atención en las grandes ciudades.

Según el informe federal elaborado por responsables provinciales, la reforma sobrecargaría a una especialidad que ya resulta escasa en numerosos puntos del país.

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El regreso de los hospitales especializados

Otro capítulo conflictivo es el futuro de los establecimientos monovalentes. La ley actual promueve la sustitución progresiva de los hospitales psiquiátricos y dispone que las internaciones se realicen preferentemente en hospitales generales, dentro de un sistema comunitario de atención.

El proyecto de la Nación permitiría utilizar hospitales especializados y eliminaría las restricciones para crear nuevas instituciones de ese tipo. Para el oficialismo, esa apertura ayudaría a incrementar la disponibilidad de camas y ofrecer respuestas específicas frente a casos complejos. Las provincias que objetan el cambio consideran que puede representar una marcha atrás respecto del proceso de transformación de los antiguos manicomios.

Buenos Aires viene desarrollando una política diferente. La Provincia abrió centros comunitarios, unidades residenciales y salas de atención en crisis incorporadas a hospitales generales, además de transformar sectores de establecimientos monovalentes.

En julio, por ejemplo, Kicillof y Kreplak inauguraron una nueva guardia y una sala de Atención en Crisis en el Hospital Alejandro Korn. Allí, el gobernador sostuvo que la estrategia apunta a dejar atrás el encierro manicomial y avanzar hacia “un modelo de acompañamiento con infraestructura de calidad, pública, gratuita e integrada a los hospitales”. También se puso en funcionamiento un Centro Comunitario de Salud Mental en Trenque Lauquen, con más de 750 metros cuadrados y participación provincial y municipal.

La iniciativa nacional intenta modificar también el equilibrio entre la autonomía personal, la intervención médica y la participación familiar. Uno de los argumentos que empuja la reforma proviene de familias que atravesaron cuadros psiquiátricos graves o consumos problemáticos y aseguran no haber encontrado herramientas suficientes para actuar cuando la persona rechazaba el tratamiento.

El proyecto busca ampliar su intervención en el seguimiento terapéutico y facilitar respuestas profesionales ante escenarios de riesgo. También integra explícitamente las adicciones dentro de las políticas de salud mental, con dispositivos ambulatorios o de internación definidos por la autoridad sanitaria.

La discusión no enfrenta de manera simple a quienes defienden los derechos de los pacientes con quienes reclaman atención. El problema consiste en establecer qué condiciones deben habilitar una intervención sin consentimiento, qué controles deben aplicarse y qué alternativas deben existir para que la internación no se convierta en la única respuesta disponible.

Buenos Aires sostiene que esas modificaciones deben estar respaldadas por evidencia sanitaria, controles precisos y una red capaz de ofrecer tratamientos en la comunidad.

La pelea por el financiamiento

Las objeciones provinciales incluyen además el capítulo presupuestario. Las autoridades sanitarias cuestionan que la reforma reduzca las obligaciones financieras de la Nación y deje su participación concentrada en tareas de cooperación y asesoramiento técnico.

La Ley 26.657 establece que el presupuesto destinado a salud mental debe incrementarse progresivamente hasta alcanzar un mínimo del 10% del gasto total en salud. Su cumplimiento ha sido motivo de reclamos durante años.

Para las provincias, debilitar ese compromiso en un momento de creciente demanda trasladaría una carga todavía mayor hacia los sistemas locales. Son las jurisdicciones las que administran hospitales, centros comunitarios, equipos territoriales y servicios de emergencia, por lo que una reforma sin recursos podría sumar exigencias sin ampliar la capacidad real de atención.

La preocupación no es nueva. Como publicó GRUPOLAPROVINCIA.COM, Buenos Aires y otras diez jurisdicciones habían reclamado a comienzos de año la reactivación del Consejo Federal de Salud Mental ante el crecimiento de las consultas y la falta de coordinación nacional.

La respuesta de Kreplak

El Ministerio bonaerense aclaró que no se opone a discutir modificaciones. Su rechazo se concentra en el contenido de algunos artículos y en la intención de acelerar un supuesto acuerdo sin una instancia federal amplia.

“Nación busca avanzar con una reforma cuestionada por quienes después tendremos la responsabilidad de implementarla en nuestros territorios”, señalaron desde la cartera de Kreplak.

La Provincia considera que ciertos cambios pueden implicar retrocesos en derechos humanos, abordaje integral y acceso a tratamientos. Frente al aumento de las consultas, sostiene que la respuesta inmediata debería pasar por ampliar los equipos, los servicios y la infraestructura.

“Hoy necesitamos inversión, más equipos, más servicios y mayor capacidad de respuesta. Esa debería ser la prioridad”, planteó el Gobierno bonaerense.