Salarios, IOMA y descuentos: el mapa de reclamos docentes que vuelve a presionar a Kicillof
Un sector disidente convocó a un paro de 48 horas en las escuelas bonaerenses. Exigen reabrir la paritaria, fijar un ingreso mínimo de $2,8 millones, mejorar la cobertura médica y devolver lo descontado por protestas anteriores.
Mariana Portilla
Un sector de la docencia bonaerense vuelve a parar durante 48 horas para trasladar al gobierno de Axel Kicillof una agenda que ya no se limita a la discusión salarial. La protesta incorpora reclamos por el funcionamiento de IOMA, los descuentos aplicados a quienes participaron de medidas anteriores y las condiciones laborales dentro de las escuelas.
La huelga fue convocada para este lunes y martes por la Asociación de Maestrxs de la Provincia de Buenos Aires (Ampba). El punto de partida es la última paritaria acordada entre el Gobierno bonaerense y la mayoría de las organizaciones gremiales. El entendimiento estableció una actualización acumulada del 7% sobre los salarios de junio, dividida en un 5% correspondiente a julio y otro 2% para agosto.
Ese segundo tramo se incorporará a los haberes que comenzarán a percibirse durante septiembre. Sin embargo, Ampba sostiene que su incidencia concreta es demasiado baja frente al costo de vida.
De acuerdo con el cálculo difundido por la organización, el incremento representa $6.536 sobre el salario básico, otros $2.652 mediante el código 455 —hasta dos cargos— y $574 correspondientes al Incentivo Docente. En total, la mejora sería de $9.762. “El 2% de aumento es una burla y un desprecio por el trabajo docente”, cuestionó la entidad al anunciar la medida.
El acuerdo había sido aceptado por sindicatos como SUTEBA y la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB). Esta última organización reconoció, no obstante, que su aprobación interna se produjo por un margen estrecho, una señal de las dificultades que enfrentan las conducciones gremiales para contener el descontento salarial.
Desde el Ejecutivo, el ministro de Economía, Pablo López, presentó la propuesta como un “enorme esfuerzo” dentro de un contexto de caída de los recursos provinciales. El ministro de Trabajo, Walter Correa, destacó que la oferta recibió el respaldo mayoritario y recordó que la negociación incorporó medidas para prevenir hechos de violencia y acoso contra los trabajadores de la educación.
Un salario mínimo docente de $2,8 millones
Ampba reclama la reapertura inmediata de la mesa paritaria y la creación de un salario mínimo, vital y móvil docente de $2.800.000. La cifra representa el punto más fuerte de su pliego y marca una distancia considerable respecto de las escalas vigentes.
El secretario general de la organización, Claudio Vigne, aseguró que un profesor que recién comienza percibe cerca de $556.000, mientras una trabajadora de los niveles maternal, inicial o primario cobra alrededor de $860.000. También ubicó el salario básico después del último incremento en torno a los $341.000.
Las escalas comunicadas por la Provincia presentan otra referencia: un maestro de grado con diez años de antigüedad alcanzaría un ingreso de $1.018.575 durante agosto. Las diferencias responden a los cargos, la antigüedad, las horas trabajadas y los conceptos incorporados en cada liquidación.
La cobertura de IOMA se convirtió en el segundo gran capítulo del conflicto. Ampba denuncia la existencia de copagos, coseguros y montos adicionales exigidos para acceder a determinadas consultas, prácticas y tratamientos.
La organización también cuestiona que los aportes de los trabajadores sean utilizados para financiar clínicas privadas y reclama una atención integral sin desembolsos extra. Antes de la huelga, el gremio convocó a una movilización ante la sede central del instituto en La Plata.
Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM al anticipar la profundización del plan de lucha, el reclamo sanitario surgió de una asamblea presencial y virtual realizada el 28 de agosto. Allí, docentes afiliados y no afiliados resolvieron combinar la protesta ante la obra social con una nueva interrupción de actividades.
La pelea por los descuentos
Otro punto sensible es la devolución de los descuentos aplicados a docentes que participaron de huelgas anteriores. Vigne sostuvo que las quitas oscilaron entre $150.000 y $300.000, según la antigüedad y la carga horaria de cada trabajador.
La Provincia mantiene una posición más dura en este terreno. La Dirección General de Cultura y Educación, conducida por Flavia Terigi, ya consideró injustificadas las inasistencias correspondientes a protestas que no fueron convocadas por las autoridades formales de los gremios reconocidos.
Esa discusión había quedado expuesta durante las medidas impulsadas en agosto por SUTEBA Multicolor, sector opositor a la conducción provincial del sindicato. La agrupación reclamó entonces un salario inicial de $1.600.000, la restitución de los montos descontados, mejoras en IOMA y la defensa del Instituto de Previsión Social.
También exigió justicia por Cristian Pereyra, el docente asesinado mientras trabajaba como conductor de una aplicación para complementar sus ingresos. Su caso fue incorporado al reclamo como expresión del pluriempleo y de las dificultades económicas que atraviesa una parte de los trabajadores de la educación.
La paritaria de septiembre, bajo presión
La huelga coincide con el mes previsto para revisar el último acuerdo. El acta firmada por la Provincia y los sindicatos mayoritarios dejó establecida una nueva instancia de negociación durante septiembre, aunque todavía resta definir cuándo se realizará y cuál será el margen para mejorar los haberes.
El Gobierno bonaerense llega a esa discusión condicionado por la caída de las transferencias nacionales y la eliminación de fondos educativos. La conducción mayoritaria de SUTEBA responsabiliza a la administración de Javier Milei por la suspensión del Fondo Nacional de Incentivo Docente, el recorte de recursos para la educación técnica y la paralización de más de 80 obras escolares.
Los sectores disidentes reconocen el impacto de esas decisiones, pero sostienen que la responsabilidad inmediata sobre los salarios, IOMA y las condiciones de trabajo corresponde a la administración provincial. Por eso, el nuevo plan de lucha vuelve a concentrar la presión sobre Kicillof.
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