IOMA responde a la crisis: niega un ajuste, apunta a los amparos y admite tensión financiera
Homero Giles, titular de la obra social, atribuyó parte del desequilibrio a prestaciones judicializadas, afiliados municipales con aportes insuficientes y mayor demanda por la crisis de otras coberturas. Prometió reducir los pagos a 30 días, pero los reclamos continúan.
Mariana Portilla
El presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), Homero Giles, salió a responder los cuestionamientos que rodean a la obra social. Rechazó que exista un ajuste general sobre los acompañantes terapéuticos, reconoció dificultades financieras y administrativas, y puso el foco sobre el costo de las prestaciones que ingresan mediante amparos judiciales.
La explicación responde parcialmente a los planteos que, como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, se multiplicaron entre profesionales, instituciones, médicos, familias y afiliados.
En una columna de opinión publicada en Página 12, Giles calificó como “falsa” la versión sobre un ajuste dirigido al sector de acompañantes terapéuticos y afirmó que existe una “manipulación informativa” destinada a amplificar los reclamos de un grupo minoritario de prestadores.
Para respaldar esa posición, informó que actualmente alrededor de 7.000 acompañantes terapéuticos trabajan dentro del circuito regular. En 2020 eran cerca de 4.000, por lo que la cartilla habría crecido alrededor del 70%.
También aclaró que no mantiene una relación laboral con estos profesionales ni les paga un salario mensual. Los considera prestadores independientes que cobran honorarios por las horas efectivamente trabajadas y verificadas mediante un token digital.
El valor informado por IOMA es de $6.593 por hora. A partir de ese monto, calculó que un profesional que atienda a dos personas durante cuatro horas diarias a cada una, de lunes a viernes, puede facturar aproximadamente $1.054.000 mensuales.
Los números de la judicialización
El dato central de la respuesta oficial corresponde a abril de 2026. Durante ese mes, 5.793 acompañantes terapéuticos habrían prestado servicios regulares a unos 7.800 afiliados. En paralelo, otros 387 profesionales vinculados con amparos judiciales concentraron una demanda de $1.116 millones para la atención de 409 personas.
De acuerdo con el Instituto, el costo promedio mensual por afiliado se ubica en torno a $550.000 dentro del sistema ordinario, mientras que en las coberturas judicializadas supera los $2,7 millones. La diferencia rondaría los $890 millones mensuales y alcanzaría aproximadamente $10.500 millones por año.
Con esos números, IOMA sostiene que alrededor del 5% de los afiliados comprendidos en esta prestación, aquellos que acceden por amparo, absorbe más del 20% del presupuesto destinado a acompañamiento terapéutico.
La conducción del Instituto identificó además cuatro prestadoras cuya totalidad de casos registrados aparecería vinculada con órdenes judiciales, sin actividad dentro del circuito administrativo habitual.
Se trata de APREDIS S.R.L., CAEDIS SRL, REDAT y Manos Entrelazadas S.R.L.. Según los datos oficiales, entre las cuatro atienden a 66 afiliados y presentan una facturación mensual cercana a los $151 millones. La proyección anual supera los $1.800 millones.
IOMA evitó formular acusaciones penales, pero planteó que el patrón obliga a investigar la cadena completa: derivaciones, indicaciones médicas, profesionales intervinientes, abogados, intermediarios y juzgados.
El cuestionamiento a los “amparos exprés”
Uno de los planteos más fuertes de Giles apunta a las demandas iniciadas sin que previamente exista una solicitud administrativa ante IOMA. Según explicó, en esos casos la primera noticia que recibe la obra social es una orden judicial para cubrir determinada cantidad de horas, con un prestador seleccionado y valores superiores a los reconocidos habitualmente.
“¿Qué acto arbitrario de IOMA está corrigiendo ese amparo si IOMA nunca tuvo oportunidad de analizar la solicitud?”, plantearon desde la conducción.
La obra social sostiene que ese mecanismo convierte al Poder Judicial en la primera instancia de autorización sanitaria y elimina la posibilidad de realizar una auditoría técnica previa.
El argumento oficial diferencia entre las urgencias que no admiten demoras —como trasplantes, medicaciones vitales o tratamientos impostergables— y las prestaciones que podrían tramitarse previamente por la vía administrativa.
Del otro lado, familias y prestadores señalan que muchas veces recurren a la Justicia precisamente porque las autorizaciones se demoran, las respuestas resultan insuficientes o la cobertura indicada por los profesionales tratantes es reducida.
Por otro lado, Giles sostiene que algunas prescripciones confunden funciones diferentes. El acompañamiento terapéutico está orientado a favorecer la autonomía, la rehabilitación, la socialización y la integración familiar o comunitaria dentro de un tratamiento. El cuidado domiciliario, en cambio, responde a necesidades cotidianas como alimentación, higiene, movilidad o supervisión continua. La enfermería incorpora además prácticas sanitarias específicas.
La obra social cuestiona indicaciones que ordenan acompañamiento terapéutico durante 12, 18 o hasta 24 horas diarias. Según su criterio, una persona puede necesitar asistencia permanente sin requerir durante toda la jornada una intervención profesional de esa categoría.
El Instituto tomó como referencia estándares sanitarios provinciales que contemplan esquemas de acompañamiento de hasta seis horas diarias y ubican las necesidades prolongadas dentro de otras prestaciones.
IOMA afirma que existen fallos recientes que aceptaron la necesidad de cobertura, pero determinaron que correspondía un cuidador domiciliario y no un acompañante terapéutico.
IOMA admite una presión mensual de $24.551 millones
La respuesta oficial reconoce que la obra social atraviesa una situación financiera compleja. El Instituto estimó una presión extraordinaria de $24.551 millones por mes, vinculada con tres factores principales.
El primero es el desequilibrio generado por unos 355.000 afiliados municipales. Según IOMA, en numerosos distritos los aportes se calculan sobre salarios bajos y no alcanzan para cubrir el costo de las prestaciones utilizadas. La brecha mensual estimada es de $10.537 millones.
El segundo factor es el aumento de la demanda y el traslado de consumos desde otras coberturas. Durante el primer trimestre de 2026, IOMA registró un crecimiento del 10% en servicios médicos y medicamentos.
Dentro de una muestra de 7.533 afiliados que comenzaron a utilizar determinadas coberturas, el 70% habría dejado de consumirlas a través del PAMI, el 22% provendría de prepagas y el 8% de otras obras sociales.
El Instituto vinculó esa migración con la reducción de coberturas, el aumento de las cuotas privadas y la imposibilidad de muchas familias de sostener pagos adicionales. El impacto fue calculado en $11.393 millones mensuales.
El tercer componente corresponde al aumento de medicamentos, prótesis, insumos, prestaciones y tecnología médica, con un costo adicional estimado de $2.621 millones por mes.
La suma de esos tres conceptos explica los $24.551 millones informados. A esa presión, IOMA agrega por separado los aproximadamente $890 millones mensuales que atribuye a la diferencia de costos en los acompañamientos terapéuticos judicializados.
La crisis nacional, en la explicación bonaerense
El argumento se inscribe en la posición que viene sosteniendo el ministro de Salud, Nicolás Kreplak. El Gobierno provincial afirma que IOMA no funciona de manera aislada y recibe el impacto del encarecimiento sanitario, la desregulación de las prepagas y los recortes en otras coberturas.
Como informó este medio, Kreplak ya había vinculado las dificultades del Instituto con las deudas nacionales y el traslado de demanda desde prepagas cada vez más costosas.
El ministro sostuvo que defender el carácter solidario de IOMA también requiere discutir cómo se utilizan sus recursos, reducir intermediaciones y garantizar que el dinero llegue efectivamente a la atención.
Giles también admitió dificultades recientes en el pago a los acompañantes terapéuticos. Según la información oficial, durante los primeros meses de 2026 transcurrieron en promedio 48 días entre la presentación de una factura y su libramiento. Para las prestaciones realizadas en mayo, el plazo se extendió a 57 días.
El organismo aseguró que el atraso administrativo fue corregido y que ya comenzó a abonar los servicios correspondientes a junio, facturados en julio. La meta anunciada es reducir el proceso a aproximadamente 30 días.
La respuesta contrasta con testimonios de profesionales que denuncian plazos mayores, deudas correspondientes a 2025 y montos acumulados durante varios meses.
La oposición mantiene la presión
La crisis del IOMA se instaló también en la Legislatura. Distintos bloques presentaron pedidos de informes, propuestas para declarar la emergencia y proyectos destinados a revisar su administración financiera.
En junio, la oposición consiguió abrir una sesión especial en Diputados, pero no reunió los dos tercios necesarios para tratar las iniciativas sin despacho de comisión. Fuerza Patria bloqueó así el pedido de interpelación a Giles y la creación de mecanismos extraordinarios de control.
La ofensiva legislativa incluyó propuestas para transparentar ingresos, egresos, deudas y niveles de cobertura, además de garantizar la autarquía financiera del Instituto y establecer plazos para la transferencia de aportes provinciales.
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