Emergencia eléctrica: el Gobierno mantendrá las facultades excepcionales y la reducción de subsidios
El DNU 585/2026 mantiene hasta el 31 de diciembre de 2027 el régimen excepcional sobre la generación, el transporte y la distribución de electricidad bajo jurisdicción federal. El Ejecutivo argumentó que la normalización del mercado todavía está en desarrollo.
Juan Manuel Villarreal
El Gobierno nacional prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia del sector eléctrico mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 585/2026. La medida alcanza a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y mantiene las facultades excepcionales otorgadas al área energética desde diciembre de 2023.
El Ejecutivo justificó la decisión al señalar que todavía persisten las condiciones que motivaron la declaración original y que el proceso de normalización del Mercado Eléctrico Mayorista continúa en desarrollo. La emergencia había sido establecida inicialmente por el Decreto 55/2023 y luego prorrogada durante 2024 y 2025.
La extensión permitirá que la Subsecretaría de Energía Eléctrica, dependiente de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, conserve las herramientas normativas necesarias para continuar con la reorganización del sistema, la adecuación regulatoria y las medidas vinculadas con el funcionamiento del mercado eléctrico.
Continuará la reducción de los subsidios
El nuevo decreto también permite sostener la política oficial de reducción gradual de los subsidios energéticos generalizados y su reemplazo por el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados.
Entre los objetivos planteados se encuentran fortalecer la cadena de pagos, avanzar hacia la autosuficiencia económico-financiera del sistema, promover inversiones privadas y establecer valores tarifarios que el Gobierno define como justos y razonables.
La emergencia declarada en 2023 había habilitado el inicio de los procesos de revisión tarifaria y otorgado facultades extraordinarias a la Secretaría de Energía para adoptar medidas sobre los precios, los ingresos de las empresas y las inversiones necesarias para garantizar la prestación de los servicios.
Con la nueva prórroga, el Ejecutivo podrá continuar tomando decisiones regulatorias, operativas y tarifarias dentro de un régimen excepcional hasta el cierre de 2027.
Las razones técnicas expuestas por el Ejecutivo
Entre los fundamentos de la medida, el Gobierno señaló que durante el pico de demanda de febrero de 2025 el sistema alcanzó los 30.257 megavatios, con un margen de reserva de apenas el 4,4%. Según los considerandos, ese nivel resulta insuficiente para enfrentar contingencias sin riesgo para el abastecimiento.
El decreto también advierte sobre el estado de la infraestructura eléctrica. Más del 60% de las fallas registradas en la distribución se producirían en alimentadores con más de 25 años de antigüedad, mientras que algunas estaciones transformadoras operarían con niveles de utilización superiores al 90%.
El Poder Ejecutivo sostuvo que, pese a los avances parciales en la recomposición de la cadena de pagos y la disminución de los subsidios, las condiciones técnicas, económicas y regulatorias todavía requieren instrumentos excepcionales.
En ese sentido, la norma plantea que una finalización del régimen podría generar una discontinuidad normativa, operativa, contractual y financiera dentro de un proceso de transformación que todavía no concluyó.
La coordinación con la emergencia del gas
La prórroga busca además unificar los plazos de la emergencia eléctrica con los establecidos para el sector del gas natural, que también se extienden hasta el 31 de diciembre de 2027.
El Gobierno argumentó que ambos sistemas mantienen una interdependencia operativa y económica, ya que el gas natural es uno de los principales insumos utilizados para la generación térmica de electricidad. Mantener fechas diferentes, advirtió, podría provocar desajustes regulatorios y afectar la seguridad del abastecimiento.
La medida se desarrolla, además, durante el período de transición previsto para adecuar las reglamentaciones y las normas complementarias a los cambios introducidos en el Marco Regulatorio Eléctrico. Ese proceso tiene una duración de 24 meses y se extenderá hasta julio de 2027.
El decreto también recuerda que las decisiones tarifarias deben contemplar la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, con especial atención sobre los usuarios vulnerables y sobre el peso que las facturas representan en los ingresos familiares.
Con la extensión de la emergencia, el Gobierno mantendrá durante todo 2027 las facultades necesarias para avanzar en la reorganización del Mercado Eléctrico Mayorista, continuar con la reducción de subsidios y adoptar nuevas decisiones sobre el funcionamiento y el financiamiento del sistema.
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