Crisis de las pymes: la industria reclama una ley de emergencia y medidas para el empleo

La desaceleración de la inflación y la estabilidad cambiaria todavía no logran traducirse en una recuperación generalizada de la producción, el consumo y el empleo. Referentes industriales y empresarios pyme advirtieron que una parte importante de la economía real continúa atravesada por la caída de las ventas, las deudas, los altos costos fijos y la falta de financiamiento.

Los últimos datos oficiales reflejan esa diferencia entre el resultado general de la actividad y el desempeño de los sectores que concentran mayor cantidad de puestos laborales. El Estimador Mensual de Actividad Económica creció 1,6% interanual en abril, pero cayó 1,5% frente a marzo en la medición desestacionalizada. En el mismo mes, la producción industrial manufacturera retrocedió 2,8% interanual y 2,1% mensual.

El informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos muestra, además, que doce de las dieciséis divisiones industriales registraron bajas respecto del año anterior. La contracción alcanzó con particular fuerza a maquinaria y equipo, productos textiles, prendas de vestir, cuero, calzado y otros sectores vinculados con el mercado interno.

El economista Diego Coatz sostuvo que el crecimiento está concentrado en actividades como la minería, el petróleo y el agro, cuya expansión no alcanza para compensar el retroceso del aparato productivo que genera la mayor parte del empleo. “La estabilidad sola no alcanza para generar empleo”, advirtió al reclamar políticas que conecten el desarrollo de los recursos naturales con proveedores, industrias y pequeñas empresas nacionales.

Menos consumo, más deuda y costos que no dan tregua

El escenario también se refleja en el consumo. Las ventas de los supermercados a precios constantes cayeron 3,7% interanual en abril y acumularon una disminución del 3,3% durante los primeros cuatro meses del año. La baja de la demanda limita la posibilidad de trasladar costos y reduce el margen de las empresas más pequeñas para sostener su actividad.

Coatz señaló que las pymes son las más expuestas porque cuentan con menor espalda financiera para atravesar períodos prolongados de contracción. A la caída de las ventas se suman las dificultades para cobrar, refinanciar obligaciones y competir con productos importados que, en muchos casos, llegan desde países que aplican subsidios, créditos promocionales y políticas de protección industrial.

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Desde otra mirada económica, el empresario pyme Gustavo Lázzari también advirtió que el endeudamiento acumulado se convirtió en un freno para la recuperación. Según relató, distintas firmas llegaron a la actual etapa con pasivos, litigios y falta de inversión, mientras trabajadores endeudados comenzaron a solicitar despidos para utilizar la indemnización en la cancelación de sus obligaciones.

Lázzari puso el foco en los costos fijos de electricidad, gas, transporte, logística y peajes. Su planteo es que no alcanza con evitar nuevos atrasos tarifarios: también resulta necesario revisar la carga tributaria incluida en las facturas y facilitar el acceso a un financiamiento que no termine agravando la situación de las empresas.

El empresario ya había advertido que una parte de las pymes se encontraba en una zona crítica y que la apertura comercial estaba avanzando antes de que bajaran los costos internos. Ese desfasaje, sostuvo, deja a numerosas firmas sin tiempo ni herramientas para adaptarse al nuevo esquema económico.

Un pedido de emergencia llegó al Senado

La preocupación empresaria comenzó a trasladarse al Congreso. El presidente de Industriales Pymes Argentinos, Daniel Rosato, reclamó ante el Senado una ley de emergencia y alertó que, sin medidas de asistencia, podrían cerrar otras 10.000 empresas y perderse entre 500.000 y 600.000 puestos de trabajo antes de fin de año.

Las cifras corresponden a una proyección de IPA y no a una estimación oficial. Rosato describió la situación como una “crisis terminal” y cuestionó la diferencia entre los incentivos otorgados a las grandes inversiones y la falta de crédito accesible para las pequeñas y medianas industrias.

El dirigente reclamó herramientas para evitar embargos, financiar capital de trabajo y sostener el empleo. También señaló que la apertura importadora, la presión impositiva, el costo de los servicios y el retroceso del mercado interno forman una combinación que afecta particularmente a las ramas intensivas en mano de obra.

El debate parlamentario gira alrededor del expediente 611/26, presentado por el senador Jorge Capitanich y otros legisladores. La iniciativa declara durante 365 días la emergencia tarifaria, impositiva, productiva y laboral de las micro, pequeñas y medianas empresas de todo el país. El proyecto todavía se encuentra en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economías Regionales, sin dictamen.

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Entre las medidas analizadas figuran una reducción del 50% en las tarifas de los servicios públicos y en el IVA incorporado a esas facturas, una moratoria con facilidades de pago, la exención del impuesto a los débitos y créditos bancarios, mecanismos de financiamiento y la suspensión de determinadas ejecuciones judiciales.

Durante la primera reunión de la comisión expusieron representantes de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales, Industriales Pymes Argentinos, la Fundación Pro Tejer y otras entidades productivas. El presidente de ENAC, Diego Ojeda, aseguró que el sector ya perdió más de 26.500 empresas y reclamó políticas específicas para detener nuevos cierres, una cifra presentada por la entidad durante su exposición.

La Comisión de Economías Regionales continuará convocando a cámaras empresarias y representantes de las 19 economías regionales antes de avanzar con el tratamiento de los distintos proyectos de emergencia pyme que permanecen bajo análisis en el Senado.