Fiscales bonaerenses reclaman recomposición salarial y advierten por renuncias

La crisis salarial en la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo. En plena pulseada paritaria y con un clima sindical recalentado de cara al paro del 2 de marzo, la Asociación Civil de Fiscales de la Provincia encendió una señal de alarma por el deterioro de los ingresos en el Ministerio Público Fiscal.

En una nota institucional firmada por su presidente, Walter Martínez Soto, los fiscales de primera instancia plantearon que la situación llegó a un “límite insostenible”. El documento fue dirigido a la presidenta de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan, y a los ministros Carlos Bianco (Gobierno), Juan Martín Mena (Justicia), Pablo López (Economía), Jorge Walter Correa (Trabajo) y a la secretaria general Agustina Vila.

“No resulta aceptable que un fiscal de primera instancia, con cinco años de antigüedad, no alcance una remuneración de 3.200.000 pesos”, señala el texto. La entidad describe una función de “dedicación exclusiva”, con guardias los 365 días del año, disponibilidad permanente y actuación urgente en hechos de alta complejidad.

Salarios por debajo de la inflación

Fuentes del propio Ministerio Público pusieron números más duros sobre la mesa. “El sueldo básico de un fiscal es de casi $1.400.000. Es menos que el de un empleado de comercio y, si lo comparamos con los bancarios, estamos en el peor de los infiernos”, deslizaron. La comparación busca graficar la brecha frente a sectores con paritarias más dinámicas.

El reclamo se da en un contexto donde los salarios estatales vienen corriendo por detrás de la inflación. En 2024, con una suba de precios anual del 117,8% según el INDEC, los aumentos en la Provincia alcanzaron 98,5% entre enero y noviembre.

En 2025, la inflación cerró en 31,5% y la paritaria terminó en 26,9%. En enero de 2026, la inflación fue del 2,9% y el incremento acordado llegó al 2%; la oferta del 3% para febrero fue rechazada y la negociación continúa abierta. Según fuentes gremiales, la pérdida acumulada del poder adquisitivo entre 2023 y diciembre de 2025 ronda el 26,26%.

Desde el gobierno bonaerense sostienen que el escenario financiero está fuertemente condicionado por el recorte de recursos nacionales. El ministro Pablo López afirmó que, desde la asunción de Javier Milei, la Provincia habría perdido 22,2 billones de pesos por programas eliminados, obras paralizadas y deudas directas. Axel Kicillof, en la misma línea, denunció que el rumbo económico nacional “asfixia a las provincias y a la producción”.

Fuga, vaciamiento y advertencia institucional

En la carta, los fiscales advierten que el deterioro ya tiene consecuencias concretas: pérdida constante de personal y migración hacia la Justicia Federal, la Justicia Nacional y la Ciudad de Buenos Aires, donde los salarios son más altos. “Esta fuga implica no solo un vaciamiento de recursos humanos esenciales, sino también la pérdida efectiva de la inversión en formación realizada por la Provincia”, remarcaron.

Uno de los puntos más sensibles es el impacto en la carrera judicial. Según el documento, secretarios con idoneidad suficiente se resisten a rendir los exámenes para acceder al cargo de fiscal. A la par, crecen las renuncias de funcionarios en actividad que optan por abandonar el puesto ante la imposibilidad de sostener las exigencias con los ingresos actuales.

El planteo no se limita al bolsillo. La Asociación alertó que la situación compromete la independencia y autonomía funcional del Ministerio Público, pilares de la persecución penal. Recordaron además que el presupuesto del Poder Judicial pasó de representar alrededor del 7% del presupuesto provincial en 1980 a apenas el 3,22% en la actualidad, una reducción que califican de estructural.

“Resulta imprescindible señalar que la situación ha llegado a un punto de inflexión: sin medidas inmediatas, la estructura del Ministerio Público seguirá debilitándose”, concluye la nota firmada por Martínez Soto.