Escala la tensión en tribunales bonaerenses y judiciales exigen medidas urgentes de seguridad
Una seguidilla de episodios violentos en dependencias judiciales de la provincia de Buenos Aires volvió a encender las alarmas dentro del sistema judicial. En ese contexto, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) –Seccional 13– presentó una nota formal ante la Suprema Corte bonaerense para reclamar medidas urgentes de seguridad en los edificios judiciales, ante lo que describen como una creciente exposición de trabajadores, magistrados y público.
El pedido se formalizó este viernes mediante una presentación dirigida a la presidenta del máximo tribunal provincial, Hilda Kogan, firmada por Rubén Rodolfo Neira y Nahuel Lucas Neira, integrantes de la Junta Promotora de la seccional provincial del gremio.
El reclamo se produce en medio de una serie de hechos que generaron conmoción en el ámbito judicial. Entre ellos, el ocurrido recientemente en La Plata, donde un detenido logró escapar durante una audiencia y se arrojó desde el cuarto piso del edificio de fiscalías. Según fuentes judiciales, el interno habría aprovechado un descuido en el operativo de custodia para desprenderse de los agentes que lo vigilaban.
El episodio derivó en una investigación interna destinada a determinar responsabilidades y evaluar posibles modificaciones en los protocolos de seguridad durante audiencias con personas detenidas.
Episodios violentos que encendieron las alarmas
El incidente en la capital bonaerense se suma a otros hechos que en las últimas semanas pusieron en debate la seguridad en las sedes judiciales.
Uno de los casos más resonantes ocurrió en Florencio Varela, donde familiares de una víctima provocaron destrozos dentro del Tribunal Oral N°2 luego de que un jurado popular absolviera a Valentino Perrone Carozzo en un juicio por homicidio. El acusado estaba imputado por la muerte de Maia Spinelli, una adolescente de 17 años que falleció tras un choque ocurrido en 2024.
De acuerdo con la acusación, el joven habría conducido bajo los efectos del alcohol cuando perdió el control del vehículo y colisionó. Tras el veredicto absolutorio, un grupo de familiares reaccionó violentamente contra el edificio judicial.
Según describió la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) del Departamento Judicial Quilmes, “un grupo de personas reaccionó de manera violenta contra las instalaciones del tribunal, provocando destrozos en el edificio, arrojando piedras contra las ventanas e intentando incluso incendiar el inmueble, mientras trabajadores y trabajadoras judiciales se encontraban en su interior cumpliendo funciones”.
El ataque provocó daños materiales y momentos de extrema tensión para el personal judicial. Incluso, de acuerdo con el comunicado gremial, algunos trabajadores fueron alcanzados por objetos arrojados durante los disturbios.
Otro episodio de gravedad se registró semanas antes en el Departamento Judicial San Martín, donde una veintena de personas irrumpió de forma intimidante en el edificio judicial ubicado en Pueyrredón y Cerrito, donde funciona el Juzgado de Garantías N°5.
El juez Nicolás Schiavo relató que el personal debió improvisar una barricada para impedir que los agresores avanzaran hacia su despacho. “Esto no afecta solo el normal desarrollo de la Justicia, sino que compromete seriamente a las instituciones”, advirtió el magistrado, quien además sostuvo que hechos de este tipo constituyen “un problema institucional que atañe a todo el poder judicial de la provincia de Buenos Aires”.
Según trascendió en la investigación, los atacantes podrían estar vinculados a una organización criminal que había sido allanada días antes en Villa Maipú, en un operativo en el que se secuestraron armas, chalecos antibalas y municiones.
El reclamo formal ante la Suprema Corte
Frente a este escenario, desde la UEJN advirtieron que los episodios recientes no son hechos aislados, sino parte de una problemática estructural que afecta a distintas dependencias judiciales.
En la nota presentada ante la Suprema Corte, el gremio sostuvo que “los graves hechos de violencia ocurridos en las últimas semanas en distintas dependencias judiciales constituyen casos testigos que evidencian el nivel de exposición al que se encuentran sometidos diariamente trabajadores, magistrados, funcionarios y el público que concurre a las sedes judiciales”.
El documento menciona episodios registrados en los departamentos judiciales de Lanús-Avellaneda, San Martín, Quilmes y La Plata, y señala que estas situaciones reflejan una problemática que se viene profundizando.
Los representantes sindicales recordaron además que la obligación de garantizar condiciones seguras de trabajo no es discrecional, sino un deber jurídico que recae sobre el empleador, en este caso el Poder Judicial bonaerense.
En ese sentido, citaron el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y la Ley 19.587 de higiene y seguridad laboral, que establecen la obligación de proteger la integridad psicofísica de los trabajadores y prevenir situaciones de riesgo.
El reclamo también apunta a la implementación efectiva del convenio firmado el mes pasado entre la Suprema Corte de Justicia de la provincia y el Ministerio de Seguridad bonaerense, encabezado por Eduardo Javier Alonso, para coordinar la asignación de personal policial destinado a la custodia de edificios judiciales.
Desde el gremio advirtieron que, pese a ese acuerdo, los hechos recientes demostrarían que las medidas anunciadas aún no se aplican de forma efectiva o resultan insuficientes, dejando expuestos tanto al personal judicial como a las personas que concurren a los tribunales.
Por ese motivo, solicitaron el refuerzo inmediato de las medidas de seguridad en juzgados, fiscalías y defensorías, junto con presencia preventiva suficiente, sistemas de control adecuados y protocolos claros de actuación.
“La integridad física de quienes sostienen diariamente el servicio de justicia no puede quedar sujeta a anuncios formales que luego no se traduzcan en medidas concretas”, señalaron en la presentación.