Deuda previsional y reforma laboral: crece la preocupación de jubilados bonaerenses por el futuro del IPS
La preocupación entre jubilados de la provincia de Buenos Aires volvió a escalar en los últimos días por la situación financiera del sistema previsional bonaerense. Organizaciones de pasivos agrupadas en Jubilados del IPS advirtieron que el Instituto de Previsión Social enfrenta un escenario cada vez más complejo por el freno de transferencias nacionales y por posibles efectos de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.
Según denunciaron, la deuda que la Nación mantiene con el sistema previsional bonaerense ya supera los 2 billones de pesos, recursos que deberían haber sido transferidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social para cubrir parte del déficit de la caja provincial. Frente a esa situación, el gobierno encabezado por Axel Kicillof inició una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reclamar el cumplimiento de las obligaciones establecidas por ley.
La presidenta del Instituto de Previsión Social (IPS), Marina Moretti, había advertido semanas atrás que la interrupción de los envíos de fondos comenzó tras el cambio de gobierno nacional. “Ya cumplimos dos años sosteniendo esta situación, algo que no es justo. Es un ataque directo a los jubilados bonaerenses porque no son recursos que le sacan a un gobernador; se los sacan a los jubilados de la provincia de Buenos Aires”, señaló la funcionaria.
Actualmente el IPS paga alrededor de 374.500 jubilaciones y pensiones correspondientes a empleados públicos, docentes y trabajadores municipales y provinciales.
Reforma laboral y preocupación por el impacto en la ANSES
La inquietud de los jubilados se profundizó luego de la aprobación de la reforma laboral en el Congreso, particularmente por la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), contemplado en el artículo 58 del proyecto.
De acuerdo con el comunicado difundido por los autoconvocados, el nuevo mecanismo introduce un esquema de capitalización que permitiría a las empresas financiar indemnizaciones por despido mediante aportes que hoy integran el sistema previsional. En términos prácticos, el sistema prevé que las empresas destinen un porcentaje del salario del trabajador a un fondo individual que se utilizaría en caso de desvinculación.
El problema —según advierten jubilados y especialistas— es que la reforma contempla una reducción equivalente en las cargas patronales. De esa manera, el aporte adicional se compensaría con menos recursos para el sistema previsional.
Distintos cálculos estiman que esa modificación podría implicar una merma cercana a los 3.000 millones de dólares anuales en los ingresos de la ANSES, un impacto que genera alarma entre los jubilados bonaerenses porque el organismo nacional también participa en el financiamiento de las cajas provinciales.
En ese contexto, desde el grupo de jubilados señalaron que un debilitamiento del sistema previsional nacional podría agravar aún más la situación del IPS.
Un conflicto que atraviesa a varias provincias
El reclamo por las transferencias previsionales no es exclusivo de la provincia de Buenos Aires. Desde la década del ’90, cuando varias jurisdicciones decidieron conservar sus propias cajas jubilatorias en lugar de transferirlas a la Nación, se estableció un esquema por el cual el Estado nacional debía compensar parte del déficit de esos sistemas.
Trece provincias mantienen actualmente regímenes previsionales propios y, según distintos gobernadores, el envío de fondos se volvió irregular con el paso de los años. La disputa se reactivó con fuerza desde la llegada de Milei al poder, en un contexto de ajuste fiscal que impactó en distintas áreas del gasto público.
En las últimas semanas, algunos mandatarios provinciales lograron avanzar en acuerdos parciales con la Nación. El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, firmó un convenio para empezar a cancelar una deuda estimada en 200 mil millones de pesos. En Neuquén, Rolando Figueroa también participó de un entendimiento similar.
En otros distritos el conflicto sigue judicializado. Santa Fe, gobernada por Maximiliano Pullaro, mantiene un reclamo cercano al billón de pesos, mientras que Córdoba, bajo la gestión de Martín Llaryora, sostiene una demanda histórica por un monto similar.
Desde el grupo de jubilados del IPS, con representantes de distritos como Vicente López, San Isidro, Tigre, La Matanza, San Miguel, La Plata, Pergamino y Los Toldos, remarcan que el problema no es solamente financiero sino también institucional. “Nuestras jubilaciones están en riesgo. ANSES dejó de transferir a trece cajas jubilatorias provinciales. La deuda asciende a 2,1 billones de pesos que Milei no le paga al IPS”.