La VTV abre un nuevo frente de tensión entre Nación y Provincia
La reforma del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) impulsada por el Gobierno nacional abrió un nuevo capítulo de fricción política con la provincia de Buenos Aires. La administración de Axel Kicillof confirmó que no adherirá al nuevo esquema regulatorio aprobado por decreto por la gestión de Javier Milei, por lo que el sistema vigente continuará sin cambios en el territorio bonaerense.
La decisión llegó después de que el Ejecutivo nacional oficializara el Decreto 139/2026, firmado por el presidente y su ministro de Economía, Luis Caputo, que ratificó modificaciones en el sistema de control vehicular originalmente planteadas en el Decreto 196/2025. La reforma forma parte del paquete de desregulación del Estado que impulsa la Casa Rosada y apunta a flexibilizar el esquema actual de revisiones técnicas.
Sin embargo, el gobierno provincial decidió mantener su propio modelo. Desde el organismo bonaerense encargado de la VTV confirmaron que la provincia “no adhiere a las modificaciones nacionales”, por lo que seguirán vigentes los plazos y requisitos actuales.
En la práctica, esto implica que los vehículos radicados en la provincia deberán continuar realizando la verificación anual a partir de los dos años de antigüedad, tal como establece el sistema vigente.
El modelo que propone Nación y las objeciones de la Provincia
El plan del Gobierno nacional busca modificar varios aspectos centrales del sistema. Entre los cambios más relevantes aparece la extensión de los plazos de revisión y la apertura del servicio a nuevos prestadores.
Según el esquema impulsado por Nación, los vehículos 0 km realizarían su primera revisión a los cinco años del patentamiento. Para autos de hasta diez años de antigüedad, el control pasaría a ser cada dos años en lugar de anual. En tanto, los vehículos más antiguos mantendrían revisiones más frecuentes.
El proyecto también plantea eliminar la exclusividad de las plantas de verificación técnica. De avanzar en las provincias que adhieran, concesionarias, talleres mecánicos e importadores podrían realizar las revisiones, lo que desde el Gobierno nacional consideran una forma de aumentar la competencia y eventualmente reducir los costos del trámite.
En la provincia de Buenos Aires, sin embargo, plantearon reparos técnicos sobre ese punto. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, sostuvo que el sistema actual se basa en la independencia entre quienes realizan el control y quienes venden repuestos o servicios mecánicos.
“Es fundamental un sistema que tenga controles cruzados entre partes, que sea independiente. Por un lado, quien verifica los vehículos —plantas de VTV con exclusividad en la prestación del servicio— y por otro, quien comercializa todo lo relacionado a la reparación de los automotores”, explicó el funcionario.
Marinucci también advirtió que una liberalización total podría generar problemas de cobertura territorial. Según señaló, el sistema actual permite garantizar presencia del servicio incluso en distritos alejados de los grandes centros urbanos.
“Para que los partidos más alejados del conurbano bonaerense cuenten con un servicio de VTV es necesario compensar a quienes presten el servicio en esos lugares con otras localidades más atractivas. De lo contrario, una liberalización total provocaría que todos los prestadores se agrupen en el conurbano y otras pocas ciudades importantes de la provincia”, agregó.
Cruce político y un debate que ya llegó a la Legislatura
La decisión bonaerense desató un inmediato cruce político con el Gobierno nacional. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, reaccionó públicamente en redes sociales y dejó un mensaje con tono electoral. “Bueno... a tenerlo en cuenta a la hora de votar en 2027!”, escribió al citar el anuncio de que la provincia no aplicará los cambios.
Mientras tanto, el debate sobre la VTV ya venía creciendo en la Legislatura bonaerense. La oposición provincial impulsa distintas iniciativas para modificar el sistema actual o incluso eliminar la obligatoriedad del trámite.
El bloque de la Coalición Cívica en Diputados presentó un proyecto para suprimir la exigencia de la verificación técnica. El jefe de bancada, Andrés De Leo, defendió la propuesta en diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM y cuestionó la eficacia del esquema vigente. “El sistema no salva vidas, sólo busca recaudar y convertirse en un negocio para pocos”, planteó el legislador.
Según el argumento que sostiene el proyecto, más del 99% de los accidentes viales se explican por fallas humanas o por el mal estado de las rutas, y no por desperfectos mecánicos.
La discusión se intensificó además después de la actualización tarifaria aplicada en enero por el gobierno bonaerense. Con el incremento del 22%, el costo de la verificación para autos particulares pasó a $97.057,65, mientras que para motos de baja cilindrada —hasta 200 cc— asciende a $38.823,06 y para vehículos pesados supera los $174.700.
En paralelo, el régimen sancionatorio establece multas que van de 300 a 1.000 unidades fijas por circular sin la VTV al día. En febrero de 2026, esas sanciones equivalen aproximadamente a montos que van desde $542.100 hasta $1.807.000.