La Provincia endurece controles sobre prepagas y obras sociales mientras crece la presión sobre los hospitales públicos
La sanción aplicada a OSDE por $55.115.200 abrió un nuevo capítulo en la política de fiscalización que la Provincia viene desplegando sobre el mercado de la salud privada. La Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios, dependiente del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica que conduce Augusto Costa, consideró abusivas dos cláusulas de los contratos de adhesión de la entidad: una vinculada con intereses y gastos por mora sin criterios suficientemente determinados y otra referida a aumentos por franjas etarias cuyos anexos no estaban publicados junto con el contrato.
OSDE cuestionó la competencia bonaerense y sostuvo que sus condiciones de afiliación se encuentran bajo control de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación. La Dirección Provincial, a cargo de Luciano Martín Blanco, rechazó ese planteo y defendió su facultad para intervenir en materia de defensa del consumidor. La resolución, que puede ser recurrida judicialmente, también ordenó comunicar lo actuado al organismo nacional y adecuar o eliminar las cláusulas observadas.
El episodio no aparece aislado. En noviembre de 2024, el Gobierno bonaerense había imputado a Medicus, Galeno, Swiss Medical, Omint, Cemic y Medifé por presuntas cláusulas abusivas vinculadas con aumentos por edad, mora, rescisión y falta de información contractual. En octubre de 2025, además, sancionó a OSDE por el caso de una paciente oncológica a la que, según la resolución provincial, se le exigió migrar a un plan más caro para autorizar una cirugía y luego no se le reintegró lo abonado.
De la cuota al hospital
El control sobre las empresas se cruza ahora con un problema más amplio: cada vez más personas dependen del sistema estatal y, al mismo tiempo, una porción creciente de quienes todavía tienen cobertura termina atendiéndose en efectores públicos.
Un informe del Instituto Argentina Grande, elaborado sobre datos del INDEC, estimó que entre el segundo trimestre de 2023 y el mismo período de 2025 la población con obra social, prepaga, mutual o servicio de emergencia pasó del 67,5% al 65,4%. En números absolutos, las personas que dependen únicamente de la salud pública crecieron de 9,55 millones a 10,29 millones: 742 mil más.
En territorio bonaerense, el Ministerio de Salud que conduce Nicolás Kreplak viene mostrando otra cara del mismo fenómeno. Entre 2023 y 2025, las internaciones en hospitales públicos aumentaron 35% y actualmente el 53% corresponde a pacientes que cuentan con obra social o prepaga, cuando antes representaban menos del 40%. En hospitales del Conurbano, además, la ocupación de camas de terapia intensiva llegó a ubicarse entre el 80% y el 90%.
En una entrevista reciente, Kreplak resumió el cuadro: “La crisis del sistema de salud pública es que nos estamos haciendo cargo de todas las cosas que el resto del sistema ha abandonado”. El dato del 53% muestra que el traslado hacia el sector estatal no se explica solamente por quienes perdieron su afiliación: también alcanza a personas que continúan aportando a un financiador privado o de la seguridad social.
Una deuda que vuelve al Estado
Ese desajuste también aparece en la caja de los hospitales. A través de la Resolución 103-SAMO-2026, firmada el 6 de agosto y publicada el 12, la Provincia abrió un régimen especial para que las obras sociales nacionales regularicen deudas por prestaciones brindadas en efectores públicos bonaerenses.
La propia norma advierte que esas entidades concentran la mayor parte de la deuda acumulada y que una ejecución inmediata podría comprometer su capacidad de pago, afectar la continuidad de las prestaciones de sus beneficiarios y aumentar todavía más la demanda sobre el sistema público.
Estimaciones oficiales difundidas esta semana ubicaron el monto a recuperar en torno de los $150.000 millones. El esquema permite cancelar al contado, acceder a hasta 18 cuotas sin interés o extender el pago hasta 24 cuotas con una tasa anual del 4%.
Las dificultades financieras tampoco son una discusión exclusiva de la Provincia. El 19 de agosto, la Superintendencia nacional dispuso la disolución y liquidación de la Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de Entre Ríos. La propia entidad había alegado una merma de beneficiarios, reducción de aportes y contribuciones, aumento de los costos médicos y deterioro patrimonial.
Seis días antes, el organismo había declarado en situación de crisis a la Obra Social de Operadores Cinematográficos por incumplimientos prestacionales, institucionales, contables y económico-financieros. Y el 31 de julio reasignó a los 6.316 afiliados de FEDECÁMARAS luego de la quiebra de esa obra social.
La respuesta bonaerense
El cuadro se completa con el frente presupuestario. La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) calculó que la asignación inicial de 2026 para el Ministerio de Salud nacional implicó una caída real del 15,4% frente a lo ejecutado en 2025. Una modificación posterior redujo otros $70.467 millones, incluidos $25.000 millones del programa de Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales de Salud y $20.000 millones de Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica.
Frente a ese escenario, la gestión de Axel Kicillof sostiene una expansión propia de infraestructura y capacidad de respuesta. A fines de julio inauguró el Centro de Atención Primaria de la Salud número 210 desde el inicio de la gestión y la Provincia informó que ya distribuyó 433 ambulancias. A eso se suman 263 obras y proyectos de atención primaria en 84 municipios, con una inversión superior a $177.000 millones.