Más pacientes y obras sociales en deuda: PBA activa un plan para sostener los hospitales

El Gobierno de Axel Kicillof abrió un régimen especial para que las obras sociales nacionales regularicen las facturas impagas por prestaciones realizadas en hospitales y otros efectores públicos bonaerenses. La Resolución 103-SAMO-2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, tendrá una vigencia de 45 días y apunta a recuperar recursos que ya fueron desembolsados por la Provincia para atender a personas con cobertura.

La decisión llega en un escenario que las autoridades provinciales y municipales describen como crítico: creció la cantidad de afiliados de obras sociales y prepagas que recurren al sector estatal, mientras se redujeron programas, medicamentos y transferencias nacionales. Según la administración bonaerense, las obras sociales nacionales concentran la mayor parte de la deuda acumulada con los efectores provinciales.

La norma atribuye parte del problema al Decreto nacional 172/2024, dictado dentro del esquema de desregulación impulsado por Javier Milei. La Provincia sostiene que ese cambio quebró circuitos operativos utilizados para gestionar el recupero y dejó numerosas prestaciones sin un mecanismo eficaz de cobro.

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Un plan para cobrar sin cortar coberturas

El régimen alcanza a facturas por prestaciones del Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO) emitidas hasta 60 días antes de la publicación de la resolución, siempre que no estén judicializadas ni hayan sido remitidas para su ejecución. La adhesión implica reconocer la deuda de forma expresa, irrevocable e incondicional.

Las entidades podrán pagar al contado, en hasta 18 cuotas mensuales sin interés de financiación o en hasta 24 cuotas con una tasa anual del 4% sobre saldos. En esta última opción deberán cancelar al menos el 70% del monto durante los primeros 12 meses.

Mientras el convenio se cumpla, quedarán suspendidos los intereses moratorios, recargos y otros accesorios. La falta de pago de tres cuotas consecutivas o alternadas, una vez transcurridos 45 días desde el último vencimiento, hará caer el beneficio y habilitará el juicio de apremio por la deuda reconocida. También podrá caducar si se generan nuevas obligaciones y no se regularizan luego de una intimación.

El esquema busca evitar que una ejecución inmediata deteriore la capacidad de pago de las obras sociales y termine interrumpiendo prestaciones a sus afiliados, en su mayoría bonaerenses. Ese efecto, advierte la resolución firmada por el ministro de Salud y presidente del Consejo Provincial del SAMO, Nicolás Kreplak, derivaría todavía más pacientes hacia el sistema público. Los recursos recuperados por el SAMO se reinvierten en el Fondo Provincial de Salud, los establecimientos y su infraestructura.

Más pacientes con cobertura en los hospitales

En una entrevista reciente, Kreplak precisó que el 53% de las camas de los hospitales públicos provinciales está ocupado por personas con obra social o prepaga, cuando antes de la gestión de Milei esa proporción no superaba el 40%. “El sistema de salud está sobrecargado por falta de recursos”, afirmó.

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En respuesta al proyecto libertario para cobrar la atención en hospitales a extranjeros no residentes, señaló que estos solo representan el 0,4% de las atenciones de guardia y el 0,5% de las internaciones en territorio bonaerense. También indicó que el sistema público provincial brinda un 35% más de respuestas y que IOMA realiza un 37% más de internaciones y cubre un 30% más de medicamentos de alto costo.

En mayo, Kicillof informó que 742.000 personas habían perdido su cobertura de obra social o prepaga y que la ocupación general de camas alcanzaba el 80%, antes de la etapa más dura del invierno. Kreplak había advertido, además, que las terapias intensivas del conurbano rondaban el 90% y que solo el 20% de las obras sociales reunía ingresos suficientes para cubrir las prestaciones mínimas obligatorias.

La demanda también golpea a los municipios

Los intendentes vienen registrando el mismo corrimiento. Walter Wischnivetzky, jefe comunal de Mar Chiquita, contó a GRUPOLAPROVINCIA.COM que el municipio financia medicamentos oncológicos de alto costo y prótesis, amplió las cirugías de su hospital y redireccionó partidas. “La mayoría de los que tenían prepaga ya no la tienen” y muchos vecinos perdieron su obra social junto con el trabajo registrado, explicó.

María Serra, intendenta de Daireaux, advirtió a este medio que más personas se dieron de baja de sus coberturas y pasaron a atenderse en el hospital y las salas municipales. Sumó el costo de los traslados para estudios y el aumento “exponencial” de los medicamentos.

En San Pedro, el intendente Cecilio Salazar vinculó la pérdida de empleo con la demanda sanitaria y señaló que incluso algunos vecinos que conservan formalmente una obra social no acceden a las prestaciones porque sus empleadores dejaron de realizar los pagos. “Tenemos el hospital totalmente saturado: la guardia general, la guardia de pediatría y las áreas de internación están permanentemente llenas”, afirmó.