La Provincia cercó a Milei y Caputo por la caja vial: "Se robaron la plata del impuesto a los combustibles”

El gobierno de la provincia de Buenos Aires endureció su ofensiva contra la administración de Javier Milei por el deterioro de las rutas nacionales, la baja ejecución de los recursos recaudados mediante el impuesto a los combustibles y el nuevo modelo de concesiones viales impulsado por la Casa Rosada.

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, acusó al Gobierno nacional de haber utilizado recursos que debían aplicarse a la construcción, rehabilitación y mantenimiento de los corredores federales. También anticipó que el esquema privado podría derivar en peajes hasta cuatro veces más costosos y en una mayor cantidad de cabinas sobre las rutas.

“Este Gobierno se robó la plata del impuesto a los combustibles”, afirmó el funcionario. Katopodis responsabilizó directamente al ministro de Economía, Luis Caputo, y al presidente Javier Milei, aunque el supuesto uso indebido de los fondos deberá ser determinado por la Justicia.

La acusación se incorporó a una disputa política y administrativa cada vez más intensa. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el gobernador Axel Kicillof también cuestionó la administración nacional del Sistema Vial Integrado (SisVial) y aseguró que los recursos recaudados para sostener la red caminera fueron empleados como una herramienta para apuntalar el equilibrio fiscal.

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Una caja millonaria que no llegó al asfalto

El conflicto gira alrededor del SisVial, un subsistema del fideicomiso creado por el Decreto 976/2001 que recibe parte de la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos. Su finalidad es financiar obras, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura vial.

Según balances, informes contables y documentación oficial obtenida mediante pedidos de acceso a la información pública, el sistema recaudó $1.503.252 millones entre el comienzo del gobierno de Milei y mayo de 2026. Sin embargo, durante ese período se aplicaron $394.406 millones a obras y gastos vinculados con su destino específico.

La ejecución acumulada fue así del 26,2%, mientras el nivel de subejecución alcanzó el 73,8%. Al 31 de mayo de 2026, el SisVial mantenía $1.001.018 millones en inversiones financieras: $854.234 millones en títulos públicos y $146.784 millones en plazos fijos. Otros $37.761 millones permanecían en una cuenta corriente.

Los datos surgen de una investigación de LA NACION basada en registros oficiales. De acuerdo con ese relevamiento, durante 2024 ingresaron al sistema $360.238 millones y se ejecutaron $40.668 millones, apenas el 11,3%. En 2025 se utilizaron $270.592 millones sobre una recaudación de $692.514 millones, equivalente al 39%. Entre enero y mayo de 2026 se aplicaron $83.144 millones de los $450.500 millones recaudados, un 18,5%.

La discusión no pasa, por lo tanto, únicamente por la disponibilidad de dinero. Los recursos fueron recaudados, pero una porción mayoritaria no se transformó en trabajos sobre las rutas durante el período analizado.

Katopodis calculó que con ese volumen de fondos se podrían haber intervenido unos 20.000 kilómetros, es decir, alrededor de la mitad de los aproximadamente 40.000 kilómetros que integran la red vial nacional. Otra estimación realizada por un especialista en asuntos públicos, tomando como referencia el costo por kilómetro de una licitación reciente de Vialidad Nacional, ubicó la capacidad potencial de intervención entre 20.000 y 25.000 kilómetros.

Toda la obra pública que Milei no está haciendo y no está manteniendo nos va a salir mucho más caro a todos los argentinos y argentinas.

El estado de las rutas nacionales es gravísimo y pone en peligro la vida de las familias.@gisebu @Diegokol @delta903fm pic.twitter.com/8LNmX5SGUm

— Gabriel Katopodis (@gkatopodis) August 11, 2026

“No sabemos qué hicieron con esa plata”

Katopodis afirmó que una parte del precio que pagan los automovilistas al cargar combustible alimenta una cuenta con asignación específica para infraestructura vial. Según planteó, la recaudación continuó creciendo pese a que las obras nacionales fueron detenidas y los trabajos de conservación se redujeron.

“Se juntó esa plata. Nosotros lo venimos denunciando y la realidad es que no sabemos dónde está. No se puso en las rutas, no se repavimentaron y tampoco sabemos qué hicieron Caputo y Milei con esos fondos”, sostuvo.

El ministro bonaerense también señaló que la incidencia del tributo sobre el litro de combustible pasó, según sus cálculos, del 8,9% al 20% durante los últimos años. A partir de esa comparación, acusó al Ministerio de Economía de haber generado una importante caja de recaudación mientras se desfinanciaba la infraestructura.

Las cifras oficiales conocidas muestran que el dinero no desapareció en su totalidad: una parte sustancial permanecía colocada en títulos públicos, plazos fijos y cuentas bancarias del SisVial. La controversia judicial consiste precisamente en determinar si esas colocaciones, la baja ejecución y la eventual retención de recursos antes de su ingreso al fideicomiso resultaron compatibles con la afectación prevista por la normativa.

El vocero presidencial Adrián Ravier reconoció que una parte de los recursos es administrada por el Ministerio de Economía en el marco de la política de equilibrio fiscal. No precisó qué proporción se deriva efectivamente al mantenimiento de las rutas. Ese reconocimiento fue incorporado a las presentaciones que reclaman investigar el manejo del sistema.

Las denuncias que ya llegaron a la Justicia

El reclamo bonaerense tiene antecedentes. En febrero de 2025, bajo la consigna “Milei arreglá las rutas”, Katopodis e intendentes de la provincia de Buenos Aires realizaron una presentación ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 1 de San Martín.

El planteo solicitó explicaciones por el destino de los fondos y reclamó la reactivación de las obras paralizadas. La Provincia argumentó que el deterioro de la red no solo afecta la seguridad vial, sino también el transporte de mercaderías, la competitividad de las economías regionales y los costos logísticos.

Katopodis aseguró ahora que esa causa “no va al ritmo” que espera el gobierno bonaerense. Consideró que podría existir incumplimiento de los deberes de funcionario público y reclamó que los responsables de administrar los recursos rindan cuentas.

La diputada nacional de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz presentó, además, una denuncia penal para que se investigue una posible malversación de caudales públicos, administración fraudulenta contra la Administración Pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.

La legisladora pidió preservar expedientes, instrucciones internas, correos electrónicos y registros bancarios vinculados con el SisVial desde enero de 2024. También reclamó certificar los saldos actuales y determinar cuánto dinero ingresó al fideicomiso, cuánto permaneció invertido y si existieron recursos retenidos antes de llegar a sus cuentas.

La presentación menciona especialmente las obras de las rutas nacionales 3 y 5. En esos proyectos existe financiamiento internacional de la CAF, pero la contraparte local registró una ejecución nula durante 2024, según los informes de auditoría citados en la denuncia.

A mayo de 2026, el tramo de la Ruta Nacional 5 entre Mercedes y la variante Suipacha presentaba un avance físico del 16,89% y uno financiero del 11,36%. Otro sector, entre el distribuidor de la Ruta Provincial 41 y el kilómetro 104, mostraba apenas un 0,88% de avance físico a diciembre de 2025. Sobre la Ruta Nacional 3, el tramo entre San Miguel del Monte y el acceso a Gorchs alcanzaba un avance físico del 26,95%.

La advertencia por peajes hasta cuatro veces más caros

El segundo eje de la ofensiva bonaerense apunta al modelo de concesiones privadas. El Gobierno nacional avanza con la Red Federal de Concesiones, que proyecta incorporar más de 9.000 kilómetros de corredores estratégicos por los que circula cerca del 80% del tránsito del país.

La Nación sostiene que el sistema permitirá explotar, administrar y mantener las rutas sin subsidios del Tesoro. En julio de 2026, Vialidad Nacional abrió las ofertas económicas de la tercera etapa, que comprende más de 3.900 kilómetros distribuidos entre los tramos Centro, Mesopotámico, Centro-Norte, Noroeste, Litoral, Noreste, Chaco-Santa Fe y Cuyo.

Katopodis puso el foco en el costo que ese modelo tendrá para los usuarios. “Lo más probable es que ese peaje sea tres o cuatro veces más caro de lo que hoy está establecido”, advirtió. Según su proyección, una tarifa de $1.000 podría pasar inicialmente a $2.000 y luego alcanzar los $4.000 en los primeros meses de aplicación.

El funcionario sostuvo además que podrían incorporarse nuevas estaciones, lo que obligaría a pagar con una frecuencia mayor durante un mismo recorrido. La cifra final y el calendario de los aumentos, sin embargo, deberán surgir de los contratos, cuadros tarifarios y resoluciones correspondientes. Por ahora, la multiplicación por cuatro constituye una advertencia política del ministro y no una tarifa oficial general ya aprobada.

La Dirección Nacional de Vialidad abrió durante 2026 procedimientos para actualizar los valores en los accesos Norte y Oeste. En la documentación oficial se analizaron mecanismos de actualización, incentivos para el pago electrónico, penalidades para el uso de vías manuales y la transición al sistema de cobro automático o free flow.

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Kicillof sumó presión desde Berazategui

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, Axel Kicillof llevó la discusión al nuevo centro de operaciones de Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), inaugurado en Hudson junto con Katopodis y el presidente de la compañía estatal, José Arteaga.

“Cuando cada trabajador carga combustible está contribuyendo a un fondo con asignación específica para mantener y expandir la red vial argentina”, sostuvo el gobernador. Luego lanzó una de sus acusaciones más duras: “El problema es que Milei se está robando todos esos recursos”.

Kicillof habló de un “abandono sin precedentes” y contrapuso el retiro de la Nación con el plan bonaerense de 25 obras y proyectos sobre corredores bajo concesión provincial. Entre ellos se encuentra la construcción del cuarto carril de la Autopista Buenos Aires-La Plata entre el Acceso Sudeste y Hudson, una intervención de aproximadamente 20 kilómetros financiada con recursos de AUBASA.

La disputa se extendió también a la infraestructura educativa. Durante la misma jornada, el gobernador inauguró el nuevo edificio de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N.º 7 de Berazategui, una obra iniciada con financiamiento nacional que fue concluida con recursos provinciales y municipales tras la interrupción de los aportes de la Nación.

La construcción demandó una inversión informada de $2.842 millones e incluyó cuatro aulas, un taller integral, laboratorios, biblioteca y Salón de Usos Múltiples. También comenzó la construcción de una sede de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, con una superficie proyectada superior a los 850 metros cuadrados.