Universidades paralizadas por 24 horas: qué reclaman los gremios y cómo sigue el conflicto

Las universidades nacionales atraviesan este miércoles 12 de agosto un nuevo paro de 24 horas convocado por organizaciones docentes y no docentes, en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, una recomposición salarial y el envío de recursos para el sistema universitario. La protesta afecta el dictado de clases y distintas actividades administrativas en las casas de altos estudios públicas.

La paciencia con el ajuste se agota y Milei enfrenta un dato clave rumbo a 2027

La medida fue impulsada por organizaciones del Frente Sindical de Universidades Nacionales. Entre los sectores involucrados se encuentran la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (FAGDUT), la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) y la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU).

El reclamo tiene varios ejes. Los gremios sostienen que sigue pendiente una recomposición de los ingresos de docentes y no docentes y estiman que la diferencia salarial ronda actualmente el 30%. También cuestionan la falta de actualización de partidas destinadas a becas, gastos de funcionamiento y hospitales universitarios.

El reclamo por salarios y financiamiento

Las organizaciones sindicales exigen la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y sostienen que las actualizaciones otorgadas hasta el momento resultan insuficientes para recuperar la pérdida salarial acumulada. También reclaman el cumplimiento de una medida cautelar vinculada con la recomposición de los salarios tomando como referencia los valores de noviembre de 2023.

Otro de los focos del conflicto son los recursos para los hospitales universitarios. Los gremios reclaman el giro de una partida extraordinaria de $50.000 millones y plantean que también existen atrasos en fondos destinados al funcionamiento de las universidades y al sistema de becas estudiantiles.

La protesta incluye además acciones de visibilización en distintos puntos del país. En la Ciudad de Buenos Aires se convocó a una concentración desde las 16 en el Obelisco, mientras que en provincias se organizaron diferentes actividades junto con trabajadores vinculados al sistema científico y tecnológico.

La respuesta del Gobierno

El Ministerio de Capital Humano rechazó los cuestionamientos de las organizaciones sindicales y defendió el cumplimiento de las obligaciones del Estado con el sistema universitario. La cartera sostuvo que se están abonando los aumentos previstos en el acta paritaria firmada el 10 de junio y cuestionó la realización de la huelga.

De acuerdo con la posición oficial, el entendimiento contempla una suba acumulada del 24,33%, integrada por un incremento del 21,33% liquidado en junio y otro 3% previsto para octubre. El Gobierno también señaló que la negociación permanece abierta y que se estableció un cuarto intermedio hasta el 15 de septiembre para retomar la discusión salarial.

Los gremios, por su parte, consideran que esos incrementos no alcanzan para completar la recomposición que reclaman y remarcan que el conflicto abarca también el financiamiento de las universidades, las becas y los hospitales universitarios.

Cómo continúa el plan de lucha

La huelga de este miércoles no será la última medida anunciada. CONADU convocó a un nuevo paro de 48 horas para el 27 y 28 de agosto y anticipó la instalación de “Carpas por la Universidad y la Soberanía” entre el 18 y el 21 de agosto frente al Palacio Pizzurno y en otros puntos del país.

CONADU Histórica, en tanto, resolvió un paro nacional entre el 18 y el 22 de agosto y planteó avanzar hacia una nueva Marcha Federal Universitaria. FATUN programó para el miércoles 19 abrazos simbólicos en universidades nacionales y una movilización al Palacio Pizzurno.

Caso $LIBRA: Novelli negó una estafa, defendió a Milei y apuntó contra los inversores

Las organizaciones sindicales anticiparon así la continuidad de las protestas mientras mantienen abiertos los reclamos por salarios, aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y recursos para el funcionamiento de las casas de altos estudios.