“Este modelo ya fracasó en el pasado”: el campo alerta por la desregulación de la vacuna contra la aftosa
La reciente decisión del Gobierno nacional de Javier Milei de permitir a los productores elegir veterinarios privados para la vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina encendió alarmas en el sector agropecuario bonaerense.
La medida, que comenzará a regir en 2027, fue calificada como “absolutamente inoportuna” por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), que cuestionó tanto los fundamentos técnicos como económicos del cambio.
Según el comunicado de CARBAP, la modificación del sistema vigente se adopta “sin ningún tipo de justificación técnica que lo avale, de manera absolutamente inconsulta y en forma inoportuna”, en un contexto donde la Argentina atraviesa un “boom ganadero” y mantiene un estatus sanitario reconocido internacionalmente.
La entidad recordó que la fiebre aftosa es considerada actualmente una enfermedad exótica en el país, y que la mayor parte del territorio es libre con vacunación, mientras que zonas específicas son libres sin vacunación.
Antecedentes que alertan sobre riesgos sanitarios
La historia reciente del país demuestra los riesgos de desregular este tipo de programas. CARBAP rememoró que a fines de la década del ’90 se intentó avanzar hacia un esquema sin vacunación, bajo promesas económicas que aseguraban mejores accesos a mercados internacionales.
“Nada de eso ocurrió y la realidad terminó mostrando su faceta más contundente”, advirtió la entidad. Entre marzo de 2001 y 2006, se registraron más de 2.000 focos de fiebre aftosa, lo que obligó a reconstruir y fortalecer los entes sanitarios y fundaciones para recuperar el control sanitario.
Hoy, los informes del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirman la ausencia de circulación viral y niveles de inmunidad más que adecuados. Sin embargo, para CARBAP la desregulación pone en riesgo ese sistema probado:
Modificar de manera intempestiva el principal programa sanitario de nuestras carnes bovinas, sin los consensos necesarios y considerando nuestros antecedentes, en una región donde países vecinos avanzan hacia el estatus de libres de aftosa sin vacunación, puede generar un problema adicional o incluso una nueva barrera comercial innecesaria.
El comunicado también advierte sobre vacíos operativos: no se aclara quién garantizará la vacunación en tiempo y forma ni cómo se controlará la cobertura en los establecimientos más pequeños, que representan más de la mitad de los productores bonaerenses.
Cuestiones económicas y operativas
CARBAP cuestiona además que el argumento económico sea la base principal de la medida. Según la entidad, cada fundación, ente o veterinario privado tiene su propia estructura de costos, que puede incluir electricidad, administración y certificaciones legales.
Aunque desde el Ejecutivo se habla reiteradamente de simplificar y reducir costos, en estos aspectos, que dependen del propio Estado, poco se ha avanzado.
Actualmente, el costo de la dosis aplicada equivale a menos de 600 gramos de novillo, mucho menos que los aproximadamente 1 kilo que representaba históricamente. La experiencia indica que el sistema de entes y fundaciones permite ofrecer un precio equitativo entre productores, garantizando la cobertura territorial y la equidad, algo que podría verse comprometido con la nueva resolución.
La diputada bonaerense del bloque UCR + Cambio Federal y productora agropecuaria, Silvina Vaccarezza, coincidió con el diagnóstico de CARBAP y manifestó su preocupación: “Preocupa la inconsulta decisión del SENASA de desregular la vacunación contra la fiebre aftosa Argentina, teniendo un sistema sanitario reconocido en el mundo. Cambios de este tipo no pueden hacerse sin respaldo técnico ni diálogo con el sector”.
La resolución del Senasa establece que los productores podrán seleccionar veterinarios acreditados ante el organismo, quienes deberán garantizar la correcta conservación de las vacunas y registrar las actas en el sistema oficial dentro de un plazo máximo de siete días. En caso de no designar profesional, el ente sanitario local seguirá a cargo del establecimiento.
Desde el Ejecutivo, se argumenta que el cambio busca “ampliar la libertad de acción de los administrados” y agilizar la organización de las campañas, pero para CARBAP la medida ignora años de aprendizaje y un sistema consolidado que ha demostrado eficiencia y cobertura completa.
“Seguiremos aportando nuestra experiencia, nuestro conocimiento del territorio y del trabajo cotidiano del campo, porque eso somos y a eso nos dedicamos”, concluyó CARBAP en su comunicado.