Mariana Portilla
En la provincia de Buenos Aires, el reparto de recursos entre la Provincia y los municipios vuelve a ocupar el centro de la escena política. La discusión no es nueva, pero el contexto económico y la caída de la recaudación la volvieron más urgente que nunca.
Mientras intendentes de distintos signos advirtieron a GRUPOLAPROVINCIA.COM que sus cuentas entraron en zona de tensión, en la Legislatura bonaerense comenzó a discutirse la transparencia del sistema que define cuánto dinero recibe cada distrito.
El detonante fue un proyecto presentado por el bloque de la Coalición Cívica en la Cámara de Diputados provincial, que busca obligar al Ejecutivo a publicar de forma detallada los parámetros utilizados para calcular el Coeficiente Único de Distribución (CUD), la variable central del régimen de coparticipación municipal.
La iniciativa aparece en un momento delicado: los municipios enfrentan menores ingresos propios, caída de transferencias y una demanda social creciente. La propuesta fue impulsada por el titular del bloque de la Coalición Cívica, Andrés De Leo, quien planteó modificar la Ley N.º 10.559 mediante la incorporación de un artículo 9 bis.
El objetivo es que la Autoridad de Aplicación —habitualmente el Ministerio de Economía bonaerense— publique cada año toda la información utilizada para definir cuánto dinero le corresponde a cada uno de los 135 municipios de la provincia.
Actualmente se difunden los coeficientes finales, pero no el detalle completo de los datos que se utilizan para calcularlos. “Los bonaerenses tenemos derecho a saber cómo se coparticipan los recursos en cada municipio”, planteó el legislador en los fundamentos del proyecto.
Según el texto presentado en la Legislatura, la información debería publicarse en formato digital abierto, accesible y descargable, e incluir al menos: la población computada de cada municipio, con la fuente estadística y el año base; la fórmula tributaria per cápita utilizada para el cálculo; la superficie territorial considerada para cada distrito; la identificación de municipios alcanzados por disposiciones especiales de la ley; todos los indicadores del componente de salud, como camas hospitalarias, consultas médicas, egresos y pacientes-día; las ponderaciones porcentuales asignadas a cada variable del sistema.
El debate legislativo coincide con un momento complejo para las finanzas locales. La desaceleración económica comenzó a sentirse con fuerza en los municipios. La caída del consumo afecta directamente al IVA, uno de los principales componentes de la masa coparticipable que la Nación distribuye entre las provincias y, posteriormente, entre los distritos.
Cuando ese flujo se reduce, el impacto llega rápidamente a las cajas municipales. En distintos puntos de la provincia los intendentes empezaron a advertir sobre la caída de ingresos.
El intendente de Trenque Lauquen, Francisco Recoulat, calificó de “sorprendentes y preocupantes” los números de recaudación. Según explicó, al 20 de febrero el municipio había recibido apenas el 50% de los fondos previstos. “Eso nos obliga a un esfuerzo enorme para sostener servicios y salarios”, señaló.
En el conurbano, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, informó que la recaudación cayó cerca de 30%, mientras que la demanda en el hospital municipal creció en una proporción similar.
En Tandil, el jefe comunal radical Miguel Lunghi detalló que la cobrabilidad de tasas bajó del 70% al 56%, cuando históricamente superaba el 75%.
La crisis financiera reactivó una discusión estructural: cómo se financian los municipios en Argentina. Según datos citados por la senadora provincial Nerina Neumann Losada, aproximadamente: 80% de los ingresos fiscales queda en la Nación, 16% en las provincias y 4% en los municipios.
Esa estructura explica por qué los gobiernos locales dependen fuertemente de transferencias y recurren a tasas municipales para sostener sus presupuestos.
En ese marco, desde el radicalismo bonaerense impulsan elevar progresivamente la participación municipal en la coparticipación provincial del 16,14% al 20% en cuatro años. La iniciativa también propone que cada municipio destine al menos 12% de esos fondos a obras públicas mediante un plan aprobado por el Concejo Deliberante.
La economía argentina se encuentra en una situación muy delicada: cae la producción, el consumo y el empleo.
— Pablo J. López (@PabloJ_LopezOK) March 3, 2026
Estos son los factores detrás de una recaudación tributaria que cae mes a mes.
La PBA sufre especialmente este ahogo financiero.https://t.co/bP7NqInQ31
El debate fiscal se profundizó aún más con la ofensiva de dirigentes de La Libertad Avanza, que impulsan proyectos para eliminar o reducir tasas municipales en 116 distritos bonaerenses. Varios intendentes salieron a advertir que una baja generalizada de tributos podría agravar la situación financiera de los gobiernos locales.
El intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua, planteó a GRUPOLAPROVINCIA.COM que el problema excede la discusión impositiva. “Hay que definir bien quién se hace responsable de cada cosa y fijar los recursos correspondientes para que cada nivel de gobierno pueda dar respuesta”, sostuvo.
Desde el gobierno provincial también cuestionaron el planteo libertario. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, afirmó que las tasas municipales representan apenas 0,7% de la carga impositiva sobre la renta agrícola, según un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA). “Es una mentira que el problema de competitividad tenga que ver con las tasas municipales”, aseguró.
En paralelo, comenzaron a presentarse proyectos que buscan modificar el marco institucional del sistema municipal. El diputado provincial de La Libertad Avanza y ex intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, propuso reformar varios artículos de la Constitución bonaerense para garantizar la autonomía institucional, política, administrativa, económica y financiera de los municipios.
La iniciativa apunta a adecuar el régimen municipal a los principios establecidos por la reforma constitucional nacional de 1994. “El rol de los municipios ha cambiado notablemente y las demandas de la comunidad también”, explicó Gay.
La discusión sobre las tasas municipales, la coparticipación y la autonomía local terminó abriendo un debate más amplio sobre el reparto del poder fiscal en la provincia de Buenos Aires.
Con la economía todavía en recuperación y los municipios enfrentando crecientes demandas sociales, la pregunta de fondo vuelve a instalarse en la agenda política: quién financia realmente a los gobiernos locales y bajo qué reglas se reparten los recursos.
En ese contexto, el proyecto para transparentar el cálculo del Coeficiente Único de Distribución aparece como un primer paso para revisar un sistema que, pese a su centralidad, sigue siendo poco conocido fuera de los despachos técnicos.
