Seguridad e interna peronista: el acuerdo por las Taser que dividió los posicionamientos del oficialismo

La Comisión de Seguridad y Asuntos Penitenciarios de la Cámara de Diputados bonaerense aprobó este miércoles 21 de octubre, por unanimidad de los presentes, un dictamen unificado que propone regular el uso de pistolas Taser y otros dispositivos menos letales por parte de la Policía provincial. El avance fue impulsado por el Frente Renovador de Sergio Massa y reunió apoyos de sectores opositores, mientras dos representantes de corrientes del propio oficialismo no participaron de la reunión.

El diputado Carlos Puglelli, presidente de la comisión y referente massista, reunió distintas iniciativas en un texto común. La novedad no estuvo únicamente en el respaldo al equipamiento policial: La Libertad Avanza, el PRO y otros bloques acompañaron a legisladores de Fuerza Patria, pero los representantes de La Cámpora y del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), referenciado en Axel Kicillof, quedaron fuera de la votación.

El despacho habilita al proyecto a continuar su recorrido parlamentario, pero no constituye una aprobación de la Cámara ni autoriza por sí mismo el uso de esos dispositivos. La discusión sobre su implementación todavía requiere nuevas definiciones legislativas.

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Un acuerdo transversal con ausencias en Fuerza Patria

Entre quienes acompañaron el dictamen estuvieron los libertarios Maximiliano Bondarenko y Sofía Pomponio; Natalia Blanco, del PRO; Martín Rozas, de Unión y Libertad; Fabián Luayza, de Nuevos Aires, y Juan José Esper, de Derecha Popular. Por el oficialismo participaron Puglelli, Roberto Vázquez y Leonardo Moreno, vinculado al intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk. Todos los legisladores presentes votaron a favor.

En cambio, el diputado de La Cámpora Ariel Archanco y Ana Luz Balor, alineada con el MDF, no asistieron al encuentro. Como las reglas de la comisión admiten participación virtual, sus ausencias llamaron la atención en un debate promovido por un socio del mismo bloque. No equivalen, sin embargo, a votos contrarios ni permiten presentar una posición formal de esas dos corrientes sobre el texto acordado.

La diferencia adquirió relieve porque el Frente Renovador venía impulsando esta iniciativa como parte de su agenda propia en seguridad. La incorporación de dispositivos menos letales no tuvo una posición unificada entre las diversas expresiones del peronismo, y la reunión mostró que el massismo podía conseguir apoyos fuera de Fuerza Patria para avanzar con el expediente.

Puglelli defendió el acuerdo como una respuesta a un vacío normativo provincial y destacó que se habían incorporado propuestas de diferentes bloques. Bondarenko, uno de los autores de los proyectos originales, también celebró la posibilidad de trabajar con sectores políticos distintos. La coincidencia permitió emitir el dictamen sin disidencias entre quienes participaron del debate.

Qué establece el proyecto sobre las Taser

El texto propone modificar la Ley 13.482, que regula la organización y los principios de actuación de las policías bonaerenses. Autoriza el empleo de dispositivos electrónicos conductores de energía por proyectil, como las pistolas Taser, y establece diferencias con las herramientas eléctricas de contacto directo cuyo efecto principal consiste en provocar dolor mediante una descarga, que quedarían expresamente prohibidas.

La portación quedaría reservada a personal policial activo con capacitación específica y evaluaciones técnicas y psicofísicas. La formación deberá ser obligatoria, acreditada y continua, e incluir conocimientos sobre efectos y riesgos de los dispositivos, técnicas de desescalada, protocolos operativos, primeros auxilios y uso gradual de la fuerza. Las intervenciones, además, deberán contar con registros que permitan controlar el equipamiento y reconstruir su utilización.

La iniciativa fija criterios de legalidad, necesidad, razonabilidad, progresividad y proporcionalidad. Los dispositivos solo podrían emplearse cuando las alternativas no violentas resulten ineficaces o insuficientes y exista peligro inminente para el personal policial, terceras personas o la persona involucrada. La regulación busca establecer condiciones de uso para herramientas que pueden ocasionar lesiones y no deben confundirse con mecanismos inocuos.

En el intercambio aparecieron diferencias sobre la redacción. Blanco pidió revisar las condiciones excepcionales para usar dispositivos de descarga eléctrica cuando estuviera en riesgo una vida. A partir de las observaciones se acordó retirar del articulado una referencia al término “picana”, asociado históricamente a prácticas de tortura, manteniendo la diferenciación entre los dispositivos permitidos y los de contacto directo destinados a causar dolor.

La síntesis surgió de cinco iniciativas legislativas: dos propuestas impulsadas por Puglelli y las presentadas por Bondarenko, Esper y Luayza. El dirigente del Frente Renovador sostuvo que estos instrumentos pueden ofrecer una opción intermedia entre la intervención física y el arma de fuego, siempre acompañada por protocolos y entrenamiento. La discusión sobre qué equipamiento se incorpora y con qué controles quedará sujeta al texto que finalmente sancione la Legislatura.

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La agenda de Massa y la disputa que continúa

El massismo había colocado el tema sobre la mesa meses atrás, cuando Puglelli presentó una propuesta más amplia que las centradas exclusivamente en las Taser. También incluía dispositivos de funcionamiento neumático y mecanismos de capacitación, evaluación y trazabilidad. Era parte de una agenda que el espacio de Massa buscaba desarrollar junto con otras iniciativas sobre policías locales y coordinación de servicios de emergencia.

En junio, GRUPOLAPROVINCIA.COM había informado sobre esa ofensiva legislativa y los antecedentes de distintos bloques. La Libertad Avanza impulsó proyectos propios, tanto en Diputados como en el Senado, mientras referentes de otros espacios reclamaban reglas específicas para el uso policial de estos instrumentos. La discusión se había repetido durante varios años sin alcanzar una solución legislativa definitiva.

El antecedente también atraviesa al peronismo. El exministro de Seguridad Sergio Berni había promovido la compra de pistolas Taser durante su gestión, aunque el armamento no llegó a la portación efectiva por parte de los agentes. En sentido contrario, la exdiputada Susana González había impulsado una iniciativa para prohibir armas de electrochoque. Son posiciones distintas dentro de una discusión sobre el alcance del uso de la fuerza que no comenzó con la reunión de esta semana.

Para el Frente Renovador, el dictamen representa un avance de su agenda legislativa mediante acuerdos que no dependen exclusivamente de la bancada oficialista. Para la oposición que acompañó, significa trasladar al trámite parlamentario una demanda que varios bloques vienen sosteniendo desde hace tiempo. El episodio también deja pendiente conocer qué postura adoptarán los representantes ausentes cuando la propuesta avance hacia instancias decisivas.

El próximo paso será continuar el trámite legislativo y definir si el texto consigue los apoyos necesarios para llegar a una votación de la Cámara. Hasta entonces, la Policía Bonaerense no recibe una nueva autorización por el solo hecho de haberse emitido el dictamen. El acuerdo abrió una posibilidad normativa y, al mismo tiempo, dejó a la vista cómo se reordenan las coincidencias y diferencias políticas alrededor de la seguridad provincial.