USD 1.023 millones bajo la lupa: la Justicia pide informes por el oro del Central y pone el foco en Caputo y Bausili

La Justicia federal comenzó a reunir documentación sobre las operaciones realizadas con el oro de las reservas del Banco Central durante 2025, después de que la Auditoría General de la Nación (AGN) informara que los contratos de derivados vinculados al metal registraron un resultado negativo equivalente a USD 1.023 millones.

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió al juez Ariel Lijo una serie de medidas preliminares antes de resolver si corresponde impulsar formalmente la investigación contra el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el director de la entidad Juan Curutchet y otros funcionarios incluidos en la denuncia.

La causa todavía se encuentra, por lo tanto, en una instancia inicial: la fiscalía no definió aún si promoverá una investigación penal ni formuló una acusación contra los funcionarios.

El objetivo inmediato es reconstruir cómo se tomaron las decisiones, qué normativa se aplicó, quiénes intervinieron y qué controles existieron alrededor de los contratos financieros que tuvieron al oro como activo subyacente.

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Qué pidió la fiscalía

Pollicita solicitó en primer lugar que la Auditoría General de la Nación entregue una copia completa de la Actuación 423/2025, correspondiente a la auditoría de los estados contables del Banco Central.

El requerimiento incluye las resoluciones, los papeles de trabajo, la documentación respaldatoria, las eventuales disidencias entre los auditores y las respuestas formales presentadas por el BCRA frente a las observaciones del organismo de control.

También pidió saber si después de aquel informe se iniciaron nuevas actuaciones sobre las operaciones. Al Banco Central, en tanto, le reclamó que detalle el “marco normativo” utilizado para administrar y contratar operaciones relacionadas con las reservas de oro.

La fiscalía busca conocer qué competencias tenían las distintas áreas de la institución, cuáles eran los mecanismos de control interno y supervisión y si desde 2025 existieron directivas, comunicaciones o intercambios institucionales con el Ministerio de Economía sobre la gestión de ese activo.

Ese último punto coloca también bajo análisis la eventual participación de la cartera conducida por Caputo en decisiones formalmente ejecutadas por el Banco Central.

El origen de la controversia está en el informe sobre los estados contables del BCRA correspondientes a 2025. La AGN emitió una opinión favorable sin salvedades sobre los estados contables generales de la entidad: sostuvo que presentan razonablemente su situación patrimonial. Sin embargo, incorporó un señalamiento específico sobre las operaciones financieras realizadas con las reservas de oro.

Según la información contable analizada por el organismo, esos derivados tuvieron durante 2025 un resultado negativo de aproximadamente $1,5 billones, equivalentes a USD 1.023 millones.

La conducción de la AGN sostuvo posteriormente que el Central había realizado operaciones apostando a una determinada trayectoria del precio internacional del oro y que esa previsión no se cumplió.

El oro, por el contrario, tuvo una fuerte apreciación internacional durante ese año. La discusión se concentra entonces en el comportamiento de los instrumentos utilizados para cubrir el riesgo de variación de ese activo.

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Los contratos bajo análisis son derivados financieros asociados al valor del oro. Una de las estrategias utilizadas habría sido un esquema conocido como collar, que combina opciones de compra y venta.

En términos generales, ese mecanismo permite establecer un piso frente a una eventual caída del activo, pero a cambio puede limitar parte de la ganancia si el precio supera determinado nivel.

Durante 2025, el oro aumentó fuertemente de valor. Como consecuencia, mientras las tenencias físicas se apreciaron, los contratos utilizados para cubrir el riesgo registraron pérdidas. Ese es precisamente el centro de la disputa entre la AGN y el Banco Central: qué resultado debe tomarse para evaluar la estrategia.

El Banco Central rechaza hablar de una pérdida global

El BCRA salió públicamente a cuestionar la interpretación del organismo de control. La autoridad monetaria sostiene que no corresponde evaluar de manera aislada los USD 1.023 millones que arrojaron los derivados, sino considerar simultáneamente la valorización del metal.

Según el Central, la posición completa en oro terminó 2025 con un resultado neto positivo de USD 2.505 millones. Su argumento es que los derivados funcionaban como un seguro.

En un año en el que el oro aumenta de precio, explicó la institución, la cobertura puede generar un costo, pero la valorización del activo principal compensa ese resultado. “Las operaciones financieras con oro registradas en 2025 forman parte de la política de cobertura que el BCRA implementa sobre el 100% de su posición en oro”, indicó oficialmente la entidad.

También aseguró que este tipo de instrumentos se utilizan desde 2007 y acusó a la conducción de la AGN de actuar con “fines puramente políticos”.

La presentación judicial fue realizada por el abogado Gregorio Dalbón, quien planteó que los hechos podrían encuadrarse en delitos como administración fraudulenta, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esas figuras forman parte de la denuncia y todavía no fueron convalidadas judicialmente.

Esta semana, Dalbón amplió su presentación y pidió nuevas medidas para reconstruir la operatoria. Entre otras cuestiones, reclamó determinar cómo fueron elegidas las entidades que actuaron como contrapartes, cuáles fueron las ofertas recibidas, qué metodología se utilizó para estructurar los contratos y cuánto se pagó en comisiones, honorarios, primas y márgenes. 

La ampliación incorporó otro elemento: la presunta participación del Deutsche Bank como contraparte de parte de las operaciones. La denuncia pidió que esa entidad informe si celebró contratos con el Banco Central durante 2024 y 2025 y, en caso afirmativo, remita documentación sobre las operaciones, garantías, comisiones y honorarios cobrados.

El punto cobró relevancia porque tanto Caputo como Bausili desarrollaron parte de sus carreras profesionales en esa institución financiera.

Pidieron allanar el Banco Central

Dalbón fue más allá y solicitó a la Justicia un allanamiento de la sede del BCRA. Pidió preservar y secuestrar —o copiar— información de servidores, correos institucionales de la Presidencia y del Directorio y registros relacionados con las operaciones y las comunicaciones mantenidas con las entidades financieras que participaron.

También solicitó que se determine si existieron pagos o beneficios indebidos y amplió la presentación contra Nicolás Ferro, subsuperintendente de Entidades Financieras y Cambiarias e integrante del Directorio del Central.

Hasta ahora, sin embargo, Pollicita no adoptó esas solicitudes: el fiscal optó por pedir documentación antes de decidir si corresponde abrir formalmente la investigación.