Deudas, tarifas y morosidad: el combo que tensiona a las cooperativas eléctricas

La postal que dejaron las cooperativas eléctricas bonaerenses en Olavarría expone una tensión que atraviesa a todo el sistema de distribución: cuentas en equilibrio precario, deudas acumuladas y un calendario de pagos que empieza a correr desde mitad de año. En ese combo, el esquema de regularización impulsado a nivel nacional aparece como una salida formal, pero no necesariamente viable sin una recomposición más profunda de ingresos.

Durante el encuentro de la Federación de Cooperativas de Prestadores Eléctricos de la Provincia de Buenos Aires (APEBA), referentes del sector coincidieron en un diagnóstico sin matices. “La situación es muy difícil”, sintetizó el presidente de la entidad, Oreste Binetti, al describir un escenario que arrastra los efectos del congelamiento tarifario en pandemia, sumado a una inflación que desfasó costos operativos y capacidad de pago.

El dato que sobrevuela todas las intervenciones es concreto: si bien en el último año muchas cooperativas lograron normalizar el pago del consumo corriente —es decir, abonar el 100% de la energía que compran—, la deuda acumulada con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) fue refinanciada bajo condiciones que ahora empiezan a exigir cumplimiento. El acuerdo contempla hasta ocho años de plazo, con uno de gracia, pero las primeras cuotas llegarán entre junio y julio.

“Estamos todos que no sabemos cómo vamos a llegar”, advirtió Binetti, reflejando una preocupación compartida en el sector. La frase no es menor: describe un sistema que, aun funcionando, opera sin margen financiero.

Tarifas, costos y el límite de la sostenibilidad

El problema de fondo no es únicamente la deuda, sino la estructura de ingresos. Según plantearon desde APEBA, durante los últimos cinco años las tarifas no acompañaron la evolución de los costos, lo que generó un descalce que obligó a las cooperativas a priorizar la supervivencia.

Walter Valle, gerente de la Usina Popular de Tandil, explicó la secuencia con crudeza: primero se redujeron los mantenimientos, luego se frenaron inversiones y finalmente se empezó a financiar el funcionamiento con deuda, incluso con la propia proveedora de energía. “Esto implicó un problema financiero y después económico”, sostuvo.

Ese deterioro tiene efectos concretos en el presente. Aunque hoy el esquema tarifario permite cubrir el pago corriente, el sistema arrastra un “stock y capital de trabajo muy disminuido”, lo que limita cualquier capacidad de afrontar nuevas obligaciones o retomar planes de infraestructura.

A esto se suma un punto que también está en discusión política: el Valor Agregado de Distribución (VAD), componente clave de la tarifa que fija la Provincia. Desde el sector remarcan que ese valor “no fue acompañando el proceso inflacionario”, lo que impactó directamente en los ingresos reales de las prestadoras.

En paralelo, el gobierno bonaerense avanza con la Revisión Tarifaria Integral (RTI), un proceso que busca redefinir costos, inversiones y cuadros tarifarios con criterios homogéneos. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Infraestructura, apunta a ordenar el sistema en el mediano plazo, pero no resuelve la urgencia inmediata que plantean las cooperativas.

Morosidad, fraude y asimetrías territoriales

El cuadro se completa con factores estructurales que agravan la situación financiera. Entre ellos, la morosidad y el fraude energético aparecen como variables determinantes.

Binetti puso el foco en el caso de Luján, donde la cobrabilidad llegó a caer al 60% en los peores momentos, mientras que Ignacio Aramburu, titular de Coopelectric, describió una realidad similar en Olavarría: “Hay barrios donde hay mucha gente colgada”, señaló, en referencia a conexiones irregulares que quedan fuera del sistema de facturación. Ese fenómeno no sólo reduce ingresos, sino que también incrementa costos operativos y deteriora la calidad del servicio.

A su vez, las diferencias regionales generan asimetrías adicionales. Aramburu explicó que Olavarría tiene un sistema rural de casi 3.000 kilómetros de líneas, muy por encima de otras cooperativas, lo que encarece significativamente la operación. Ese segmento, además, representa apenas el 2% de los ingresos, pero demanda cerca del 20% de los gastos.

Valle agregó otro elemento: el esquema tarifario en el que está encuadrada la ciudad. Según estudios del sector, si Olavarría estuviera bajo otra área de distribución —como la Norte o Sur en lugar de la Atlántica— podría contar con entre un 25% y un 30% más de ingresos, lo que modificaría sustancialmente su capacidad financiera.

En ese contexto, el inicio del pago de la deuda con CAMMESA aparece como un punto de inflexión. Las cooperativas descartan dejar de prestar el servicio —“nunca nos vamos a entregar”, aseguró Binetti—, pero reconocen que el margen de maniobra es cada vez más estrecho. “Nos va a costar, pero vamos a seguir cumpliendo con todas las disposiciones”, insistió el titular de APEBA.