Imputan a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito: cómo avanza la investigación sobre su patrimonio
El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó la acción penal para investigar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una causa por presunto enriquecimiento ilícito que pone bajo análisis su evolución patrimonial y la consistencia de sus declaraciones juradas.
La denuncia, presentada por la diputada Marcela Pagano, advierte que el funcionario “habría incrementado su patrimonio de una manera desproporcionada en relación con sus ingresos legítimos como funcionario público”. Según el requerimiento fiscal, existen elementos que justifican avanzar con la investigación, entre ellos un presunto aumento patrimonial del 500% en un único período fiscal.
El expediente también menciona “severas discrepancias entre las declaraciones juradas”, la posible omisión de activos financieros —incluidos depósitos en el exterior— y la incorporación de fondos cuya procedencia habría sido justificada mediante préstamos familiares.
Uno de los focos centrales es la presunta existencia de un inmueble no declarado en el Country Indio Cuá Golf Club, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. De acuerdo con la denuncia citada por la fiscalía, “múltiples fuentes coincidentes” vinculan a Adorni y a su pareja con la construcción de una vivienda en ese emprendimiento, que no figura en su Declaración Jurada Patrimonial Integral presentada ante la Oficina Anticorrupción.
En esa presentación, el funcionario habría declarado únicamente dos propiedades, sin consignar bienes en ese country. La denuncia agrega que los valores de mercado en ese complejo rondan entre los 129.000 y 249.000 dólares, con costos adicionales de ingreso y mantenimiento.
Una batería de medidas para reconstruir el patrimonio
Para avanzar en la causa, Pollicita solicitó una docena de medidas de prueba orientadas a reconstruir la evolución patrimonial del funcionario y verificar la titularidad de bienes, vehículos y posibles participaciones societarias.
Entre los pedidos, figura un informe al Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Aires sobre el lote 380 del country mencionado, así como cualquier otro inmueble que pudiera estar registrado a nombre de Adorni o de su pareja, Bettina Julieta Angeletti.
También se requirió información a la administración del barrio cerrado para determinar quién paga las expensas y a la municipalidad correspondiente sobre eventuales permisos de construcción.
El fiscal además solicitó datos al Registro de la Propiedad de la Ciudad de Buenos Aires, a la ANSES y a la Oficina Anticorrupción, incluyendo todas las declaraciones juradas del funcionario entre 2022 y 2025, junto con sus anexos reservados.
La intención es determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados y el patrimonio acumulado, o si surgen inconsistencias que puedan sostener la hipótesis de enriquecimiento ilícito.
La causa quedó ahora en manos del juez federal Ariel Lijo, quien deberá definir si hace lugar a las medidas o delega la investigación en el Ministerio Público.
El vuelo a Uruguay que suma presión
En paralelo, la situación judicial de Adorni se ve tensionada por otra investigación vinculada a un viaje en avión privado a Punta del Este, que sumó nuevas contradicciones.
El piloto Agustín Issin Hansen declaró ante la Justicia que el vuelo no fue abonado por el funcionario, sino por el periodista Marcelo Grandio. “El vuelo lo reservó y lo pagó Grandio”, afirmó en tribunales, donde además presentó documentación sobre la operación.
Según su testimonio, el tramo de regreso fue vendido por 3.000 dólares, pagados en efectivo a través de un tercero. La versión contradice lo sostenido públicamente por Adorni, quien aseguró en reiteradas oportunidades que él había afrontado el costo.
Otro punto bajo análisis es la factura del vuelo, emitida el 9 de marzo, tres semanas después del viaje. El piloto explicó que se encontraba de vacaciones y que el comprobante se confeccionó al regresar, coincidiendo con la difusión del caso.
La causa incluye además la compra de un paquete de diez vuelos por más de 42.000 dólares y derivó en un allanamiento en las oficinas de la empresa Alpha Centauri, en el aeropuerto de San Fernando.
Las inconsistencias también alcanzan a Grandio, quien modificó su versión en distintas ocasiones: primero aseguró que el viaje lo pagó Adorni, luego habló de gastos compartidos y finalmente indicó que los fondos provenían del Estado.
En ese contexto, la investigación evalúa la posible existencia de dádivas, en función de la relación entre el funcionario y el periodista, mientras se analizan documentos y movimientos vinculados a la operatoria del vuelo.