FATE tensiona a Kicillof: el gremio empuja la intervención mientras la empresa se atrinchera
El conflicto por la continuidad de FATE dejó de ser una disputa estrictamente gremial para transformarse en un caso testigo sobre el rol del Estado en la crisis industrial. En ese escenario, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA) decidió redoblar la presión sobre la administración bonaerense y anunció una movilización a La Plata para exigir una audiencia con Axel Kicillof, en paralelo a la discusión legislativa sobre una posible ocupación temporaria de la planta.
La convocatoria está prevista para este miércoles, con una caravana que partirá desde las fábricas y desembocará en Plaza San Martín, donde el gremio entregará una carta formal al gobernador. El objetivo es claro: que la Provincia intervenga para garantizar la continuidad productiva de la empresa.
El reclamo llega tras una serie de audiencias fallidas y con una escalada de tensión que incluyó denuncias por lock out patronal, salarios impagos y la ausencia de la empresa en instancias clave de conciliación. El último encuentro en la delegación Tigre del Ministerio de Trabajo bonaerense terminó sin acuerdo, y una nueva convocatoria quedó pendiente sin fecha definida.
La Legislatura, epicentro de una salida política
En paralelo a la presión en la calle, el conflicto se trasladó con fuerza a la Legislatura bonaerense. Allí, dirigentes del SUTNA vienen manteniendo reuniones con diputados y senadores de distintos bloques para impulsar un proyecto que habilite la “ocupación temporánea” de la planta por parte del Estado provincial durante un año.
La iniciativa propone declarar de utilidad pública la producción de neumáticos, un punto central para justificar la intervención. Según el gremio, se trata de una actividad estratégica: FATE es la única fábrica del país con capacidad para producir cubiertas para camiones y colectivos, un insumo clave para el transporte de cargas y pasajeros.
El planteo ya sumó respaldo dentro del oficialismo provincial. Senadores de Fuerza Patria como María Rosa Martínez, Malena Galmarini, Sabrina Bastida, María Inés Laurini y Evelyn Díaz participaron del último encuentro con el sindicato para analizar la viabilidad del proyecto, previo a que este se reuniera con asesores de los diputados provinciales.
También hubo acompañamiento desde la izquierda: el diputado Christian Castillo ratificó el apoyo del FITU a la iniciativa.
“Los trabajadores de FATE vienen proponiendo una salida frente al cierre de la empresa que consiste en declarar de utilidad pública la producción de neumáticos en la provincia de Buenos Aires y, en función de eso, realizar una ocupación temporal por un año”, sostuvo Castillo, al remarcar que se trata de una industria “esencial” y sin reemplazo local en ese segmento.
Desde la empresa, en tanto, rechazan de plano esa alternativa. Consideran que no existen las condiciones legales para aplicar una figura de ese tipo y acusan al sindicato de politizar el conflicto. La distancia entre las partes, por ahora, parece insalvable.
Presión sindical y advertencias sobre el impacto
El SUTNA no solo apela al plano institucional: también busca amplificar el costo social del eventual cierre. Según datos del propio gremio, la planta ocupa a 1650 operarios y unos 400 empleados administrativos, a los que se suman trabajadores tercerizados, proveedores y una extensa red vinculada a la actividad.
El impacto, aseguran, alcanza a 180 camioneros, 550 empleados de pymes proveedoras y unos 350 trabajadores en puntos de venta. “Se busca evitar una catástrofe social”, plantearon, al advertir sobre el efecto en economías locales del conurbano.
En ese marco, el sindicato insiste en el carácter estratégico de la producción. “No se puede perder a la única productora de cubiertas para camión y colectivo en un creciente contexto de guerra a nivel mundial con la posibilidad cierta de quedarnos sin ingreso externo de neumáticos”, señalaron.
El conflicto también sumó el respaldo del secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, quien elevó una nota a legisladores bonaerenses alertando sobre el impacto en el transporte de cargas. Allí, además de defender la continuidad de FATE, cuestionó la falta de controles sobre neumáticos importados.
“Su continuidad resulta fundamental para garantizar el abastecimiento y la autonomía operativa del país en tanto se trata de la provisión de insumos estratégicos para el transporte seguro”, sostuvo Moyano. En la misma línea, reclamó medidas “urgentes” para asegurar la trazabilidad y certificación de los productos que ingresan al mercado.
Mientras tanto, la planta sigue paralizada y más de 900 despidos forman parte del núcleo duro del conflicto. Con la empresa firme en su postura y el gremio decidido a sostener la ocupación y la presión política, la definición comienza a desplazarse hacia el terreno del Ejecutivo bonaerense, donde la decisión de avanzar —o no— con una intervención marcará el rumbo de uno de los conflictos industriales más sensibles del año.