Uno por uno, los nombres que abren la pulseada en la Justicia federal bonaerense
En medio de un sistema judicial tensionado por la falta de jueces titulares, el Gobierno de Javier Milei envió al Senado los pliegos para cubrir cargos clave en tribunales federales, con especial foco en La Plata y el conurbano.
La decisión, formalizada tras el anuncio del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, forma parte de una estrategia más amplia para reducir el alto nivel de vacantes que afecta el funcionamiento de la Justicia. En esta primera tanda, el Ejecutivo propuso cubrir 62 cargos a nivel nacional, pero en territorio bonaerense se concentra una porción significativa de los nombramientos más sensibles.
El dato no es menor: actualmente, más de un tercio de los cargos del Poder Judicial están vacantes, una situación que genera demoras estructurales en causas penales, económicas y de alto impacto institucional.
La Plata, epicentro de las designaciones
La capital bonaerense aparece como el principal foco de la movida oficial. Allí, el Gobierno busca cubrir seis vacantes en los Tribunales Orales en lo Criminal Federal (TOF), organismos clave para el juzgamiento de delitos complejos como narcotráfico, corrupción y trata de personas.
Los nombres propuestos son: Pablo Ezequiel Wilk (TOF N° 2), María Julia Sosa (TOF N° 3), María Verónica Michelli (TOF N° 3), Carlos Fabián Cuesta (TOF N° 3) y Claudio Ricardo Silvestri (TOF N° 1).
A estos se suma la postulación de Emilio Santiago Faggi como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, específicamente en la Sala III, un tribunal clave que revisa decisiones de primera instancia en buena parte de la provincia.
Entre los perfiles enviados, algunos vínculos generan atención en el mundo judicial. Por ejemplo, María Julia Sosa se desempeña actualmente como secretaria en el juzgado federal a cargo de Julián Ercolini, mientras que otros candidatos cuentan con trayectorias consolidadas dentro del sistema judicial.
El otro foco bonaerense está en el departamento judicial de San Martín, donde el Ejecutivo propuso a Pablo Javier Flores como juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3.
Se trata de una jurisdicción considerada estratégica por la cantidad y complejidad de las causas que tramitan, muchas de ellas vinculadas al crimen organizado. La falta de jueces titulares en estos tribunales es una problemática histórica que impacta directamente en los tiempos judiciales.
El trasfondo: vacantes, demoras y presión política
La ofensiva del Gobierno se explica en un contexto crítico: el 36,5% de los cargos judiciales a nivel nacional se encuentra vacante, con proyecciones que podrían agravar aún más el escenario en los próximos meses.
En la provincia de Buenos Aires, esta situación se traduce en juzgados funcionando con subrogancias, es decir, jueces que ocupan cargos de manera provisoria. Esto no solo recarga el trabajo interno, sino que también dilata procesos judiciales sensibles.
Ahora, el foco se traslada al Congreso. Los pliegos deberán ser analizados por la Comisión de Acuerdos del Senado y luego votados en el recinto.
A diferencia de otros cargos, estos nombramientos requieren mayoría simple, lo que en teoría facilita su aprobación. Sin embargo, el oficialismo no cuenta con mayoría propia, por lo que deberá negociar con distintos bloques políticos. Este punto abre un escenario de rosca parlamentaria donde cada pliego puede convertirse en una pieza de negociación más amplia.
Pero, más allá de los nombres, la decisión del Gobierno revela una apuesta por recuperar operatividad en un sistema judicial golpeado por años de vacantes sin cubrir.
En el caso de la provincia de Buenos Aires, la concentración de designaciones en La Plata y San Martín muestra un intento de intervenir en los nodos más sensibles del fuero federal, donde se tramitan causas que combinan impacto político, económico y social.