“Vamos al muere”: fábricas bonaerenses presionan por un giro fiscal ante el derrumbe productivo
El diagnóstico que recorre los pasillos industriales bonaerenses ya no admite matices: “este año será de cierres severos”. Con ese telón de fondo, el entramado manufacturero empezó a delinear una estrategia de doble vía —fiscal y judicial— para sostener operaciones en un contexto de caída de la actividad, márgenes nulos y competencia importadora creciente.
El primer frente apunta directamente a la Casa de Gobierno provincial. Dirigentes de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, encabezada por Alejandro Gentile, trabajan en una propuesta para reducir el impacto del impuesto a los Ingresos Brutos sobre la producción. El planteo no es menor: según sus cálculos, aunque la alícuota legal es del 1,5%, la carga efectiva escala al 4,7% del valor agregado por el efecto cascada.
Ese mecanismo —que aplica el tributo en cada etapa de la cadena productiva— genera que un mismo bien pague varias veces antes de llegar a la góndola. “Nuestros productos llegan muy cargados y la provincia explica casi la mitad de nuestros costos”, resumió un industrial ante sus pares. El resultado es una pérdida sistemática de competitividad frente a distritos como Santa Fe o Córdoba, donde la presión efectiva es menor.
El peso del sector explica la magnitud del reclamo: la industria aporta alrededor del 14% de la recaudación bonaerense y representa más del 20% del PBI provincial. En números concretos, generó en 2024 unos $1,67 billones en ingresos teóricos por este impuesto. Para evitar un impacto fiscal directo, los empresarios evalúan alternativas como trasladar la carga al punto final de venta, buscando reducir la evasión y eliminar el costo acumulativo.
Tasas municipales en la mira
El segundo eje de la ofensiva será judicial. Las empresas preparan presentaciones contra municipios que, según sostienen, cobran tasas sin contraprestación efectiva. El foco está puesto en tributos como la Tasa de Seguridad e Higiene o nuevas figuras como la Tasa Ambiental, que en algunos distritos alcanza el 2% sobre el valor neto de IVA de cada ticket.
Al sumarse distintas imposiciones locales, la carga total puede trepar hasta el 6,5%. Para los industriales, se trata de un esquema “confiscatorio” en un contexto donde muchas firmas venden stock sólo para pagar salarios. Un informe de la Unión Industrial Argentina refuerza el argumento: las empresas industriales pagan en promedio 7,4 tasas municipales y más del 80% no tiene una contraprestación directa.
El titular de la entidad, Martín Rappallini, sintetizó la situación con ironía: “La industria no tiene rueditas”. La frase expone la dificultad del sector para relocalizarse frente a una presión tributaria que consideran excesiva y creciente.
La brecha entre la macro y la fábrica
El trasfondo del conflicto es también político y económico. Mientras el gobierno nacional de Javier Milei celebra el superávit fiscal, en el mundo productivo hablan de una “recuperación en K”: crecimiento concentrado en sectores financieros o extractivos, con caída en la economía real.
El ministro de Economía, Luis Caputo, descartó medidas de protección o cambios en el tipo de cambio. “Si a la macro le va bien, a la micro le está yendo bien”, afirmó, y rechazó los reclamos industriales con dureza. Sin embargo, los datos muestran otra dinámica: la inversión cayó 2,1% interanual y sectores clave como automotriz, textil y maquinaria registran desplomes de hasta el 25%.
El economista Martín Kalos cuestionó esa mirada: “Es incorrecto, porque micro y macro se aplican empalmadas”. Además, advirtió que el crecimiento actual “no garantiza sustentabilidad” en el mediano plazo.
En la provincia, el impacto es más profundo. La actividad industrial está 8,3% por debajo de los niveles previos a la asunción de Milei y el deterioro del empleo es contundente: de los 270.000 puestos formales perdidos en dos años, 160.000 corresponden a Buenos Aires. A eso se suma el cierre de unas 22.000 empresas, con fuerte concentración en el conurbano.
Desde el equipo económico de Axel Kicillof, el ministro Pablo López apunta a la Nación: la caída de transferencias y de la recaudación implicó una pérdida acumulada superior a los $23 billones, condicionando cualquier margen para reformas tributarias.
En paralelo, estudios privados refuerzan el cuestionamiento estructural al tributo. Más del 60% de las empresas considera a Ingresos Brutos como el impuesto que más incide en los precios, mientras que el 96% asegura que afecta negativamente las decisiones de inversión. El tributarista César Litvin lo definió sin rodeos como “el peor impuesto del sistema” por su efecto acumulativo.
Con balances en rojo, costos financieros que duplican la inflación y tarifas energéticas en alza, el silencio empresario empieza a resquebrajarse. “Hoy el problema es que casi ningún negocio tiene rentabilidad y nadie lo habla”, admitió un referente del sector, dejando al descubierto la tensión entre la narrativa oficial y la realidad que atraviesan las fábricas bonaerenses.