La causa ANDIS suma nuevos implicados y crece la investigación
La Justicia federal avanza en la investigación por presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en un expediente que ya involucra a decenas de personas y empresas. En las últimas horas, la fiscalía solicitó nuevas indagatorias que alcanzan tanto a exfuncionarios como a empresarios del sector de insumos médicos.
El caso apunta a un esquema que habría desviado más de $75.000 millones de fondos públicos destinados a la atención de personas con discapacidad y enfermedades graves.
Nuevas indagatorias y ampliación del expediente: Funcionarios y empresarios bajo la lupa
El fiscal Franco Picardi, junto con Sergio Rodríguez, pidió ampliar las declaraciones indagatorias e incluir a más de 30 personas en la causa. Entre los señalados aparecen el exdirector ejecutivo del organismo, Diego Spagnuolo, y empresarios como Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian.
Según la investigación, estos actores habrían participado en un sistema de direccionamiento de contratos públicos vinculados a insumos de alto costo.
Un esquema que operó durante dos años
De acuerdo con el expediente, las maniobras se habrían desarrollado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025. Durante ese período, se habrían adjudicado contratos de manera irregular para beneficiar a un grupo reducido de proveedores.
Las operaciones incluyeron la compra de prótesis, implantes cocleares, sillas de ruedas motorizadas y otros insumos esenciales para tratamientos complejos.
Cómo funcionaba la presunta maniobra: Cartelización y sobreprecios
Los fiscales sostienen que existió un entramado coordinado entre funcionarios y empresas para manipular licitaciones y simular competencia. En ese esquema, se detectaron acuerdos previos entre proveedores, sobreprecios en los productos y filtración de información interna.
Además, se investiga el uso del sistema de compras para legitimar procesos que, en realidad, habrían estado direccionados.
Un impacto directo en sectores vulnerables
Los fondos involucrados estaban destinados al programa Incluir Salud, que brinda cobertura a personas sin obra social, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad.
Según la fiscalía, el organismo habría funcionado como una “ventanilla discrecional” para canalizar pagos indebidos, afectando directamente el acceso a prestaciones médicas esenciales.
El origen del escándalo: Audios y denuncias
La causa tomó impulso en agosto de 2025 tras la filtración de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, en los que se describía un presunto sistema de recaudación ilegal mediante retornos.
En esas grabaciones se mencionaban supuestos porcentajes de coimas que oscilarían entre el 5% y el 8% en la compra de insumos médicos.
Avanza la investigación judicial: Medidas sobre bienes y nuevas pruebas
El expediente ya cuenta con al menos 19 personas procesadas y ahora se busca ampliar el universo de imputados. Entre las medidas solicitadas, la fiscalía pidió la inhibición general de bienes para evitar movimientos patrimoniales.
También se analiza el recorrido del dinero ante posibles maniobras de lavado de activos.