La AGN acorrala a Caputo por el destino de USD 200 millones para subsidios energéticos
La Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó un duro informe que expone una serie de irregularidades en la ejecución de un préstamo internacional administrado por el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo. El organismo cuestionó la falta de documentación y de controles internos sobre un desembolso de USD 200 millones, correspondiente a un crédito de USD 500 millones otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), integrante del Banco Mundial, destinado a financiar la transición hacia un sistema de subsidios eléctricos más focalizado.
El documento, de 38 páginas, fue aprobado recientemente por el pleno de la AGN y analiza el Proyecto de apoyo a la transición hacia un sector eléctrico sostenible en Argentina, cuya ejecución está a cargo de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía.
La principal observación de la Auditoría gira en torno a la falta de respaldo documental sobre el uso de USD 200 millones, transferidos por el BIRF a la Tesorería General de la Nación el 11 de diciembre de 2024, luego de que el organismo internacional declarara cumplidas las condiciones para la entrada en vigencia del contrato de préstamo.
Según el informe, al cierre del período auditado seguían faltando documentos considerados esenciales para garantizar la correcta administración del programa.
Entre ellos, la AGN señaló que "al cierre del ejercicio auditado no se encuentra aprobado el Manual Operativo del Programa previsto en el Contrato de Préstamo".
Además, indicó que tampoco estaban disponibles el Manual Operativo con la no objeción del BIRF, el Plan Operativo Anual (POA), el Plan de Adquisiciones aprobado por el organismo internacional y la documentación vinculada a las cuentas bancarias habilitadas para administrar los fondos.
Subsidios energéticos bajo observación
El programa financiado por el Banco Mundial tiene como objetivo mejorar el esquema de subsidios a la energía eléctrica mediante una segmentación más precisa de los usuarios.
Entre sus metas figuran la actualización de registros nacionales y provinciales, la incorporación de hogares vulnerables a las bases de datos, la corrección de errores de inclusión y exclusión y el fortalecimiento de los sistemas para administrar beneficios frente a situaciones excepcionales.
Las distribuidoras EDENOR S.A. y EDESUR S.A. fueron seleccionadas para participar en la implementación del proyecto, que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028.
Sin embargo, la AGN advirtió que el respaldo utilizado para justificar el desembolso inicial presenta inconsistencias.
El organismo sostuvo que existe "falta de documentación donde consten los criterios usados en el proceso realizado para justificar el desembolso de USD 200 millones", además de no poder verificar la información utilizada para determinar los subsidios correspondientes a los usuarios residenciales de menores ingresos (categoría N2).
Frente a las observaciones, el Ministerio de Economía respondió que la información cuestionada estaba en poder de las empresas distribuidoras. Según el descargo oficial, EDENOR S.A. y EDESUR S.A. "contaban con la información consolidada y estaba disponible al momento de la presentación".
La explicación, sin embargo, no modificó el criterio de la AGN, que mantuvo su recomendación de incorporar en cada solicitud de desembolso toda la documentación respaldatoria correspondiente.
Las fallas detectadas en el RASE
Otro de los capítulos del informe apunta al funcionamiento del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), la herramienta utilizada por el Estado para segmentar los subsidios según el nivel de ingresos de los usuarios.
La AGN detectó una "falta de una efectiva interacción" entre la Dirección de Información Energética (DIE) y la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DGTIyC) para administrar el sistema.
A ello sumó otra observación relevante: la inexistencia de un ambiente específico de desarrollo y mantenimiento para las tareas informáticas vinculadas al RASE, una situación que, según el organismo, debilita la gestión del programa.
La Auditoría también cuestionó la ausencia de herramientas que permitan comprobar si los subsidios efectivamente terminan reflejándose en las facturas de los usuarios.
El informe sostiene que no existe un mecanismo de control dentro de la Secretaría de Energía que permita verificar la correcta aplicación del beneficio por parte de las distribuidoras.
A esa observación se suma otra vinculada a los procedimientos administrativos.
La AGN aseguró que no pudo verificar la existencia de normas, procedimientos o circuitos formales para las adquisiciones, contrataciones, pagos y registros contables relacionados con el programa.
La respuesta del Ministerio de Economía fue que esos procesos "se encontraban en proceso de ajuste", aunque el organismo de control decidió mantener sus recomendaciones.
Un crédito de USD 500 millones con ejecución parcial
El préstamo auditado asciende a USD 500 millones, de los cuales, al momento de la revisión realizada por la AGN, se había ejecutado aproximadamente el 41%.
El período auditado comprendió desde el 26 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2024, mientras que las tareas de revisión fueron desarrolladas entre abril y julio de 2025.
Aunque aclaró que el objetivo principal del trabajo no era realizar una auditoría integral sobre todos los controles administrativos del programa, la AGN remarcó que las observaciones detectadas deben ser consideradas por las autoridades responsables para fortalecer los mecanismos de control interno y garantizar la correcta administración de los recursos provenientes del crédito internacional.