La Justicia le negó a Cristina Kirchner flexibilizar su prisión domiciliaria
La Cámara Federal de Casación Penal volvió a rechazar un planteo presentado por la defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y dejó firme el régimen bajo el que cumple prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad. En una decisión adoptada por mayoría, la Sala IV declaró inadmisible el recurso extraordinario con el que la exmandataria pretendía que la Corte Suprema revisara las condiciones impuestas para ejecutar la pena.
El fallo representa un nuevo obstáculo para la estrategia judicial de la exjefa de Estado, ya que restringe una de las vías procesales para que el máximo tribunal intervenga en la discusión sobre las condiciones de detención. No obstante, la defensa todavía conserva la posibilidad de presentar un recurso de queja directamente ante la Corte Suprema.
La resolución fue firmada por los jueces Gustavo M. Hornos y Diego G. Barroetaveña, quienes consideraron que el recurso extraordinario presentado por los abogados de Cristina Kirchner no reunía los requisitos legales para habilitar la instancia ante la Corte Suprema.
En disidencia votó Mariano Hernán Borinsky, quien entendió que el planteo involucraba garantías constitucionales suficientes como para que el máximo tribunal analizara el caso.
La defensa buscaba modificar tres aspectos concretos del régimen de prisión domiciliaria fijado por el Tribunal Oral Federal N.º 2: eliminar el uso obligatorio de la tobillera electrónica, ampliar el régimen de visitas y dejar sin efecto las restricciones horarias para utilizar la terraza del edificio donde cumple la condena, ubicado en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.
Los abogados sostuvieron que esas condiciones afectaban derechos vinculados a la intimidad, la igualdad y el principio de legalidad, además de resultar desproporcionadas.
Los argumentos de la mayoría
En su voto, Hornos afirmó que la resolución cuestionada no constituye una sentencia definitiva ni provoca un perjuicio de imposible reparación posterior, requisito indispensable para habilitar un recurso extraordinario.
El magistrado también sostuvo que las condiciones impuestas por el Tribunal Oral se encuentran dentro de las facultades previstas por la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad y pueden ser revisadas periódicamente por el juez de ejecución, sin que ello implique un derecho automático a flexibilizarlas.
Respecto de la tobillera electrónica, recordó que se trata del mecanismo de control previsto como regla general para quienes cumplen prisión domiciliaria y diferenció ese dispositivo de la custodia permanente que posee Cristina Kirchner por haber sido presidenta de la Nación. Según explicó, mientras la custodia policial tiene como finalidad proteger su integridad física, el monitoreo electrónico garantiza el cumplimiento efectivo de la modalidad de detención.
Hornos además destacó el carácter institucional de la condena y sostuvo que el cumplimiento visible de la pena adquiere especial relevancia en hechos de corrupción que afectan a la administración pública.
A su turno, Barroetaveña coincidió con ese criterio y señaló que la defensa únicamente expresó un desacuerdo con decisiones de derecho común, sin demostrar arbitrariedad ni una cuestión federal suficiente que justificara la intervención de la Corte Suprema.
La postura de Borinsky
El único voto en sentido contrario fue el de Mariano Borinsky, quien consideró que sí existían cuestiones constitucionales relevantes.
El magistrado sostuvo que las restricciones al régimen de visitas carecen de un respaldo normativo específico y que la utilización obligatoria de la tobillera electrónica resulta innecesaria frente a la custodia permanente que ya posee la exmandataria.
También cuestionó las limitaciones horarias para acceder a la terraza del edificio, al entender que no contaban con una fundamentación suficiente y podían afectar derechos vinculados a la privacidad y la igualdad ante la ley.
Borinsky ya había sostenido una posición similar cuando la Cámara revisó, semanas atrás, las condiciones de la prisión domiciliaria y rechazó el pedido de flexibilización formulado por la defensa.
Un nuevo revés para la estrategia judicial
La decisión conocida ahora constituye un paso posterior a aquel fallo. Mientras que la resolución anterior confirmó las condiciones de detención, esta vez la Cámara resolvió que el recurso extraordinario presentado para que la Corte Suprema revisara ese pronunciamiento resulta inadmisible.
En los hechos, la mayoría de Casación volvió a respaldar el criterio del Tribunal Oral Federal N.º 2 y dejó vigente el régimen actual de cumplimiento de la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, impuesta a Cristina Fernández de Kirchner tras quedar firme la sentencia en la causa Vialidad.
Aunque la defensa aún puede recurrir mediante un recurso de queja ante la Corte Suprema, el nuevo pronunciamiento representa otro revés en la estrategia judicial desplegada para modificar las condiciones de la prisión domiciliaria.