Cómo sigue el conflicto del transporte y qué puede pasar en los próximos días
El sistema de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires atraviesa una crisis que, lejos de resolverse, suma nuevos capítulos de incertidumbre. Tras la medida de fuerza impulsada el jueves 9 de abril por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el servicio comenzó a normalizarse parcialmente, pero con una frecuencia aún muy por debajo de los niveles habituales.
Para este lunes 13 de abril no hay un paro confirmado, aunque desde el sector advierten que el escenario es inestable y podría modificarse en cualquier momento. Durante la última jornada de conflicto, numerosas líneas funcionaron con cronogramas reducidos, una postal que todavía se repite en varias zonas del AMBA.
La situación responde a una combinación de factores que impactan de lleno en el funcionamiento del sistema: deuda estatal, suba del gasoil y reducción de subsidios. Desde las cámaras empresarias aseguran que no se trata de una medida de fuerza deliberada, sino de una imposibilidad operativa. “No podemos sacar más colectivos porque no tenemos posibilidades”, remarcaron.
Deuda millonaria y costos en alza
El eje central del conflicto sigue siendo económico. Según los empresarios, el Gobierno mantiene deudas que, en total, rondarían los 120 mil millones de pesos. Solo en el caso de las líneas nacionales, estiman un pasivo cercano a los 70 mil millones.
Daniel Tenisi, presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), cuestionó la respuesta oficial y fue contundente: “Pagaron un adelanto de abril, pero nos deben remanentes de diciembre y febrero”. Además, criticó la propuesta de cancelar parte de la deuda con bonos: “Con eso no se puede costear el gasoil”.
El impacto del combustible es otro factor clave. En apenas dos semanas, el precio del gasoil pasó de 1.700 a más de 2.400 pesos, un salto cercano al 40% que alteró por completo la estructura de costos del sector. “Se disparó algo que estaba fuera de cualquier previsión”, explicó Luciano Fusaro, titular de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA).
En paralelo, el esquema de subsidios también cambió drásticamente. Mientras en diciembre de 2023 representaban el 90% de los ingresos del sistema, hoy se ubican en torno al 63%. Esta reducción, combinada con pagos atrasados, genera un desfasaje que repercute tanto en las empresas como en los usuarios.
“Se juntó todo: la gente paga cada vez más, pero los subsidios están mal calculados y además se pagan con demora”, sintetizó Fusaro.
Menos unidades y un sistema en tensión
El deterioro del servicio se refleja en la cantidad de unidades en circulación. Hace cuatro años, había unos 18.500 colectivos operando en el AMBA. Esa cifra cayó a 15.500 recientemente y tocó un piso de 12.000 durante los días más críticos del conflicto. En las últimas jornadas se recuperaron cerca de 2.000 unidades, aunque el nivel sigue lejos de lo habitual.
Desde el sector advierten que, de no resolverse la situación, continuará habiendo hasta un 40% menos de colectivos en la calle. Incluso anticipan que el escenario podría agravarse con el correr de los días.
En este contexto, el Gobierno propuso la creación de mesas técnicas para avanzar en una “reestructuración integral” del sistema. Sin embargo, la iniciativa no logró calmar las tensiones. “Crearon una comisión, pero el problema central es la deuda”, cuestionaron desde las empresas.
El Ejecutivo sostiene que ya abonó un anticipo del 60% correspondiente a abril y destacó que las tarifas aumentaron un 41% entre febrero y marzo. Aun así, los empresarios insisten en que esas medidas no alcanzan para garantizar la operatividad.
La próxima instancia de negociación será el martes 14 de abril, cuando se reúna la primera mesa técnica. Mientras tanto, el servicio continúa con limitaciones y la incertidumbre domina el panorama del transporte público en el AMBA, en un contexto donde usuarios enfrentan esperas más largas y costos cada vez más altos sin garantías de normalización en el corto plazo.