Intendentes presionaron, pero el esquema quedó intacto: la Bicameral, árbitro del 30% en disputa
El intento de un grupo de intendentes bonaerenses de modificar el esquema del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM) chocó contra un acuerdo político transversal en la Legislatura que decidió sostener sin cambios la letra de la ley vigente.
El planteo para que el 100% de los recursos sea de libre disponibilidad quedó descartado, al menos por ahora, tras una reunión clave en la Cámara de Diputados con participación de representantes de casi todos los espacios.
Formaron parte el presidente del cuerpo, Alejandro Dichiara; el vicepresidente Alexis Guerrera y el ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis; los diputados del oficialismo Mariano Cascallares por el kicillofismo (Movimiento Derecho al Futuro), Juan Pablo de Jesús (del espacio de los intendentes), Rubén Eslaiman (Frente Renovador) y Facundo Tignanelli (La Cámpora), titular del bloque; y, por la oposición, Diego Garciarena (UCR) y Alejandro Rabinovich (PRO).
El encuentro, que reunió a oficialistas y opositores, dejó una señal nítida: no habrá margen para reinterpretaciones administrativas ni atajos. El esquema seguirá siendo el mismo que se aprobó en diciembre, con un 70% distribuido automáticamente por el Coeficiente Único de Distribución (CUD) y un 30% sujeto a programas específicos bajo control de una comisión Bicameral.
Desde el oficialismo provincial remarcaron que existe “predisposición a cumplir con la ley” y que el debate ahora pasa por acelerar la conformación de la comisión de seguimiento. En ese punto aparece una clave política: la Bicameral será el órgano que termine definiendo la asignación del tramo condicionado, con criterios que, según admiten en la Legislatura, tendrán inevitablemente un componente político.
El rol de la Bicameral y la disputa por el 30%
El foco del conflicto está en ese 30% que los intendentes pretendían liberar. Según el diseño vigente, esos fondos deben canalizarse a través de programas de Infraestructura, Transporte y Cultura, con intervención previa de la Bicameral. En los hechos, esto implica que cada municipio deberá presentar proyectos ante uno de los ministerios involucrados, que luego serán evaluados políticamente antes de su ejecución.
Fuentes legislativas detallaron que el reparto de ese tramo se estructurará tomando como base el CUD, pero agrupando a los municipios por afinidad política. “Así no podés tocar la guita de los otros partidos”, explicó uno de los actores del armado, dejando entrever el delicado equilibrio que se busca sostener.
La urgencia ahora pasa por completar la integración del cuerpo. Mientras Diputados ya definió a sus siete representantes, resta que el Senado, bajo la órbita de Verónica Magario, haga lo propio. En los pasillos legislativos advierten que una demora podría derivar en una situación atípica: avanzar con decisiones sin la participación de la Cámara alta. “Habría quórum con diputados, pero sería una locura”, deslizó un legislador.
Intendentes presionan por fondos en medio de la caída de recursos
El reclamo de los jefes comunales no es nuevo, pero cobró fuerza en un contexto de fuerte retracción de ingresos y mayor dependencia de la coparticipación. Desde distintos espacios —UCR, PRO e incluso sectores del peronismo— plantearon que la rigidez del esquema limita la capacidad de respuesta ante urgencias financieras, como el pago de salarios y aguinaldos.
Un intendente radical había sintetizado el malestar días atrás: “Necesitamos fondos para asegurar el pago de sueldos y aguinaldos, lo de las obras en este contexto es secundario”. Sin embargo, la postura legislativa fue cerrada y dejó en claro que cualquier modificación deberá tramitarse mediante una reforma de la ley.
En ese sentido, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, buscó correrse del eje del conflicto. Recordó que la propuesta original del Ejecutivo contemplaba que el 100% del fondo fuera de libre disponibilidad, pero que ese esquema fue modificado durante el debate parlamentario. “Nosotros no podemos modificar lo que está determinado por ley. Tenemos que cumplirla”, sostuvo, aunque dejó abierta la puerta a un cambio si la Legislatura así lo decide.
Impacto real en los municipios: recursos limitados y prioridades urgentes
En el territorio, la discusión adquiere otra dimensión. Intendentes consultados por GRUPOLAPROVINCIA.COM coincidieron en relativizar el impacto del fondo, incluso sin las restricciones actuales.
Ricardo Moccero, jefe comunal de Coronel Suárez, fue directo: “Vamos a adherir a este fondo pero no es tan significante como para uno poder solventar todo lo que veníamos haciendo”. Y detalló el alcance concreto de los recursos: “En el caso nuestro son cuotas de 143 o 150 millones, este año no nos cambia absolutamente en nada el presupuesto”.
El intendente del MDF explicó que, dentro de las opciones disponibles, su distrito priorizará infraestructura básica: “Entre los 3 programas a elegir para el uso del 30%, en nuestro distrito va a haber que ir directamente a Infraestructura porque tenemos muchos vecinos todavía que no tienen gas natural para el invierno”.
La comparación con los costos actuales de obra expone la limitación: “Una obra que estuvimos licitando hace poco, de ocho manzanas de gas natural, oscilaba a los 250 millones, entonces con esto podríamos hacer algunas obras muy chiquitas”.
En la misma línea, José Luis Salomón, intendente radical de Saladillo, planteó una mirada pragmática: “Son fondos que, por supuesto, en la dimensión de lo que uno precisa, siempre ayudan, pero no es que nos va a salvar la vida. De alguna manera nos permite afectarlo a algunas cuestiones puntuales”.