Fondos municipales en disputa: la Legislatura busca destrabar un reclamo que ya unificó a intendentes de todos los colores
Alcaldes bonaerenses presionan por mayor autonomía en el uso de recursos en medio de la caída de ingresos y el aumento del gasto. Oficialismo y oposición negocian cambios urgentes para evitar que se agrave la crisis financiera en distritos.
Pamela Orellana
La discusión por el manejo del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal volvió al centro de la escena política bonaerense y sumó un dato clave: oficialismo y oposición comenzaron a explorar una salida legislativa para responder al reclamo de los intendentes, que piden convertir en totalmente libre la disponibilidad de esos recursos.
El punto de partida fue la presión de los jefes comunales de la UCR, pero rápidamente el planteo encontró eco en alcaldes del peronismo y del PRO. La demanda es concreta: eliminar el esquema actual que fija un 70% de libre disponibilidad y un 30% atado a programas específicos, y permitir que cada municipio utilice los fondos según sus urgencias.
La pulseada por el control de los fondos
El conflicto se reavivó tras la firma del Decreto 358 por parte de Axel Kicillof, que reglamentó el fondo creado a partir del endeudamiento aprobado por la Legislatura. Allí se definió que una parte de los recursos quedará canalizada a través de tres programas: transporte, infraestructura y cultura.
Ese diseño no solo generó críticas en la oposición, sino también dentro del propio oficialismo. Desde el entorno del gobernador dejaron trascender que la idea original era distinta y responsabilizaron a la Legislatura por los cambios introducidos durante el debate de la ley. “Era nuestra propuesta, la modificaron y armaron este Frankenstein”, deslizó una fuente del Ejecutivo.
En la Legislatura, en cambio, algunos sectores consideran que el problema no es la ley sino su reglamentación. Según explican, el mecanismo obliga a los municipios a adherir a un ministerio específico para acceder a los fondos, lo que complejiza su ejecución. “La forma más simple era girar los recursos y que después se distribuyan”, señalaron fuentes parlamentarias.
A pesar de esas diferencias, este lunes se espera una reunión entre referentes de distintos bloques para intentar encauzar el tema. Tanto desde el PRO como desde La Libertad Avanza anticiparon que no pondrían trabas a una eventual modificación. “No queremos que los intendentes se vean afectados, pero sí que haya control porque termina siendo una herramienta electoral”, advirtieron desde la oposición.
Intendentes en alerta por la caja
Detrás de la discusión técnica aparece un problema más profundo: el deterioro de las finanzas municipales. Intendentes de todas las secciones vienen alertando sobre la caída de ingresos y el aumento sostenido de gastos básicos.
El reclamo por la libre disponibilidad de los fondos está directamente vinculado a esa situación. “Necesitamos fondos para asegurar el pago de sueldos y aguinaldos, lo de las obras en este contexto es secundario”, sintetizó un jefe comunal radical.
En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente de General Alvear, Ramón Capra, fue más directo: “Los municipios venimos un poco asfixiados por la economía. Hay muchos que están complicados para pagar sueldos”.
El diagnóstico se repite en distintos distritos. Desde Rojas, el intendente Román Bouvier advirtió que “cada vez se nos hace más difícil gestionar”, en un contexto donde los municipios absorben más demandas en salud y servicios con menos recursos disponibles.
Un informe de la consultora PPA aporta un dato que explica esa presión: en el primer bimestre de 2026, los recursos tributarios de la provincia cayeron 1,1% en términos reales, con un desplome de casi 29% en la coparticipación federal, principal fuente de financiamiento de los municipios.
Bicameral, control y disputa política
El esquema actual también incluye la creación de una comisión bicameral encargada de monitorear la ejecución de los fondos, un punto que genera resistencias cruzadas.
Por un lado, hay sectores que consideran que la reglamentación del Ejecutivo le quitó sentido a ese órgano de control. Por otro, la demora del Senado en designar a sus representantes alimenta sospechas sobre la falta de voluntad política para activarlo.
La bicameral tiene atribuciones relevantes: puede solicitar información presupuestaria, seguir la evolución económica de la provincia y los municipios, y verificar los proyectos que presenten las comunas. También recibe reportes sobre la deuda pública.
En paralelo, algunos intendentes y legisladores empiezan a preguntarse si una eventual ampliación de la libre disponibilidad no terminaría vaciando de contenido a ese espacio de control.
Mientras tanto, la presión de los municipios escala también a nivel nacional. Convocados por la Federación Argentina de Municipios, un grupo de intendentes se prepara para reclamar ante el Ministerio de Economía por la caída de la coparticipación.
A eso se suma el planteo del ministro Gabriel Katopodis para retrotraer el precio de los combustibles y reactivar obras financiadas con ese impuesto, en un intento por aliviar costos que impactan de lleno en las economías locales.
En ese escenario, la discusión por el fondo municipal dejó de ser un debate técnico y se transformó en un termómetro de la relación entre la Provincia, la Legislatura y los intendentes, atravesada por la crisis de ingresos y la necesidad urgente de sostener el funcionamiento básico de los distritos.
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