La suspensión judicial del recorte social no calma la crisis: presión en la Legislatura y advertencias por el impacto en los barrios
El intento del gobierno nacional de desfinanciar el programa Volver al Trabajo (VAT) detonó una reacción política y social en la provincia de Buenos Aires que combina rechazo abierto al ajuste libertario, preocupación por la crisis alimentaria y señales internas dentro del oficialismo bonaerense. La decisión judicial que frenó momentáneamente la medida no logró descomprimir el clima.
El auditorio de la Cámara de Diputados bonaerense fue escenario de un encuentro impulsado por organizaciones sociales, gremios y legisladores del peronismo y la izquierda bajo la consigna “En defensa del VAT – Salario Social Complementario”.
La actividad se dio pocas horas después de que el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, hiciera lugar a un amparo presentado por trabajadores de la economía popular y ordenara restituir las transferencias del programa.
La resolución puso en pausa la eliminación de un esquema que alcanza a cerca de 900 mil personas en todo el país —450 mil en territorio bonaerense— y que otorga una asignación mensual de $78.000. Sin embargo, en los barrios persiste la desconfianza sobre el cumplimiento efectivo del fallo por parte del Ejecutivo nacional.
Reclamo político y alerta social
La diputada bonaerense Cintia Romero, del Frente Patria Grande, fue una de las voces que encabezó la jornada en la que también estuvieron presentes la diputada del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en Fuerza Patria, Lucía Iáñez y el secretario General de la CTA Buenos Aires, Oscar de Isasi.
“Celebro esta jornada en repudio a la baja del salario social complementario y al vaciamiento que está haciendo el Gobierno nacional”, afirmó Romero, y remarcó que el programa “complementa el trabajo que hacemos diariamente dentro de los barrios populares”.
Romero insistió en que el recorte se inscribe en una política más amplia: “Este proyecto es para repudiar lo que está haciendo este gobierno con nuestros trabajadores de la economía popular porque ya lo vienen haciendo con los jubilados, discapacitados, la educación y salud pública”.
Desde la izquierda, el diputado Christian “Chipi” Castillo consideró que la actividad fue “relevante” y pidió avanzar con un pronunciamiento legislativo. “Tenemos que repudiar efectivamente esta decisión indignante como tantas de las que toma este gobierno nacional”, sostuvo. Además, puso el foco en el impacto concreto: “Acá le quieren sacar 78 mil pesos, que ya es increíble cómo lo bajaron a ese nivel”.
En ese sentido, fue más allá y apuntó contra la narrativa oficial: “Cuando Milei dice que mejora el salario debe estar pensando en Adorni y sus amigos, en los privilegiados de este gobierno, porque le están metiendo la mano en el bolsillo al conjunto de los trabajadores”.
Las organizaciones sociales advirtieron que ese ingreso resulta determinante para sostener comedores comunitarios, comprar alimentos básicos o afrontar gastos cotidianos como la garrafa o el transporte. En un contexto de caída del poder adquisitivo, la interrupción del programa implicaría un recorte estimado de $35 mil millones en consumo dentro de la provincia, principalmente en el Conurbano.
La diputada Noelia Saavedra, alineada con la intendenta de Moreno Mariel Fernández, alertó por el impacto territorial: “Las graves consecuencias de la eliminación de estos programas van a impactar en nuestro pueblo y en los más humildes”.
Y agregó: “Es impresionante la cantidad de trabajadoras que mantienen ollas populares y que inventan y sacan de donde no hay para sostener la alimentación de los pibes y las pibas de los barrios. Si avanzan sobre esto, no va a quedar país en pie”.
Interna y presión por fondos
En paralelo al cuestionamiento a la Casa Rosada, el jefe del bloque de diputados de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli, dejó un mensaje que fue leído en clave interna dentro del oficialismo bonaerense. “Es una obligación política y también moral acompañar al gobierno de la provincia de Buenos Aires en el reclamo de los fondos que la Nación nos debe”, planteó.
El dirigente camporista advirtió que la falta de recursos compromete políticas alimentarias clave: “Cortar o no poder seguir llevando adelante un programa como el Mesa Bonaerense es una medida que va a pegar de lleno en nuestra provincia y que es imposible llevarlo adelante si no tenemos fondos”.
En esa línea, llamó a construir respuestas propias: “También tenemos que tener la inteligencia desde los compañeros y compañeras para trabajar en medidas que por lo menos vayan poniendo un paliativo y que vayan encontrando soluciones”.
Tignanelli destacó el proyecto del senador Mario Ishii para declarar la emergencia alimentaria por 18 meses en la provincia, con el objetivo de garantizar la continuidad de la asistencia.
Desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque expuso el cuadro financiero que enfrenta la Provincia. Señaló que Nación redujo su participación en la asistencia alimentaria al 5,7% y al 14,5% en el Servicio Alimentario Escolar, lejos del 33% histórico, además de mantener una deuda de $220 mil millones desde 2024.
Frente a ese escenario, aseguró que la gestión bonaerense incrementó un 30% el SAE, un 25% los programas sociales y duplicó la ayuda a municipios.
“Hay un enorme esfuerzo para optimizar los recursos y garantizar la seguridad alimentaria”, sostuvo el ministro, mientras en la Legislatura se multiplicaban las advertencias sobre un escenario social cada vez más delicado en los barrios populares.