Entre recortes, reclamos y silencios incómodos: la interna peronista se mete en la agenda social

La avanzada del senador bonaerense Mario Ishii para declarar la emergencia alimentaria por 18 meses dejó al descubierto algo más profundo que una discusión de políticas públicas: volvió a exhibir la fractura interna del peronismo bonaerense y activó un nuevo cruce entre la Provincia y la Casa Rosada en torno a la responsabilidad por la crisis social.

Un proyecto que incomodó en Gobernación

La iniciativa presentada por Ishii, integrante del bloque oficialista Fuerza Patria y con terminal política en el kirchnerismo, cayó sin aviso previo en La Plata. “No nos consultaron”, deslizaron desde el entorno del gobernador Axel Kicillof, donde además buscaron encuadrar el movimiento como parte de la dinámica interna: “Es un proyecto de La Cámpora”.

El texto del senador plantea declarar la emergencia alimentaria y nutricional en todo el territorio bonaerense, con eje en el fortalecimiento de comedores escolares, el Servicio Alimentario Escolar (SAE), merenderos y programas de asistencia directa. Pero lo que generó ruido en la Gobernación no fue sólo el contenido, sino el enfoque: no hay menciones al presidente Javier Milei ni a los recortes nacionales.

Legislatura en stand by: el complejo mapa interno que frena definiciones

“La provincia atraviesa un escenario de extrema gravedad social, caracterizado por el deterioro acelerado de las condiciones de vida y el aumento sostenido de la vulnerabilidad”, sostiene Ishii en los fundamentos. Y va más allá al pedir que el Ejecutivo reasigne recursos “con criterios de estricta prioridad social” y que el acceso a la alimentación “prevalezca por sobre la ejecución de obras o erogaciones que no resultan esenciales o urgentes”.

En el equipo de Kicillof interpretaron esa omisión como un mensaje político. “No menciona ni a Milei ni al gobierno nacional”, remarcaron cerca del mandatario, en un contexto donde la Provincia viene denunciando recortes sistemáticos de fondos desde la asunción del libertario.

El movimiento de Ishii no es aislado. Llega en medio de una convivencia tirante dentro del oficialismo, donde el gobernador aún no logra consolidar una conducción plena sobre todos los sectores, especialmente el cristinismo. El antecedente más reciente fue la disputa por la vicepresidencia primera del Senado bonaerense, donde Ishii se impuso como figura clave con respaldo camporista, en una votación que expuso la correlación de fuerzas y dejó heridas abiertas.

Larroque redobla la presión sobre Nación

La respuesta política no tardó en llegar. El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, evitó confrontar directamente con Ishii, pero activó un reclamo formal contra el gobierno nacional que reorienta el eje del conflicto.

En una nota enviada el 20 de abril a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, la Provincia exigió el pago de una deuda acumulada desde 2024 por el SAE que, según precisó, “asciende a más de $220.000 millones”. También reclamó financiamiento para el programa MESA y la actualización de los montos previstos para 2026.

“Hemos presentado un reclamo formal a la ministra de Capital Humano de la Nación Sandra Pettovello, instando a saldar la deuda acumulada que mantiene el Estado nacional con la Provincia desde el 2024 por el Servicio Alimentario Escolar que asciende a más de $220.000 millones. Asimismo, solicitamos financiamiento para el Programa MESA que actualmente sostenemos íntegramente con recursos provinciales”, publicó Larroque.

El ministro puso el foco en la magnitud de la demanda: en territorio bonaerense vive el 38% de la población del país, un dato que —según argumentó— obliga a una “responsabilidad compartida” del Estado nacional. También advirtió que el contexto social presenta “niveles críticos” que requieren reforzar las políticas alimentarias.

Según detalló la Provincia, en 2025 Nación transfirió $77.523 millones para el SAE, lejos de los $130.939 millones solicitados. Para 2026, el gobierno bonaerense estima que necesitaría unos $177.000 millones para sostener el sistema, mientras que la propuesta nacional asciende a $80.883 millones, con un aumento nominal del 4% que quedaría por debajo de la inflación alimentaria.

En paralelo, el programa MESA —creado durante la pandemia como reemplazo del esquema tradicional de comedores— continúa siendo financiado exclusivamente por la Provincia, pese a los pedidos de asistencia nacional.

La réplica de Pettovello y la disputa de fondo

Desde el Ministerio de Capital Humano la respuesta fue inmediata y tajante. A través de un comunicado, la cartera que conduce Pettovello rechazó el planteo bonaerense y negó cualquier tipo de deuda.

“El Ministerio de Capital Humano informa y aclara que no tiene responsabilidad alguna en el desfinanciamiento que la Provincia de Buenos Aires ha decidido sobre sus propios programas provinciales MESA y Servicio Alimentario Escolar (SAE)”, señalaron.

El texto remarcó que el SAE es “un programa de gestión y responsabilidad provincial” y que el aporte nacional ronda el 20% del financiamiento total, mientras que el 80% restante corresponde a la Provincia. “Cabe destacar que el Gobierno nacional no mantiene deuda alguna con la Provincia de Buenos Aires”, agregaron, al tiempo que rechazaron “el intento de adjudicar a esta cartera ministerial responsabilidad por la propia decisión provincial de desfinanciar sus programas”.

La discusión no es sólo técnica ni presupuestaria. Se trata de una disputa política de fondo sobre el reparto de recursos y las responsabilidades en un contexto social deteriorado. Mientras la administración de Kicillof apunta al ajuste nacional como causa central, el proyecto de Ishii introduce un matiz incómodo al poner el foco en las decisiones internas de la Provincia.

En ese cruce de responsabilidades, los intendentes empezaron a recibir señales concretas: en las últimas horas se comunicaron recortes en el programa MESA, que distribuye módulos alimentarios a familias de estudiantes a través de escuelas, municipios y consejos escolares. Una medida que, en los hechos, tensiona aún más el delicado equilibrio entre las necesidades sociales y la caja política.