Lavado, VTV y fotomultas: el rompecabezas judicial que no deja de crecer alrededor de D’Onofrio
Otro golpe judicial para el exministro de Transporte bonaerense: deberá enfrentar un juicio oral por la compra de una Audi Q8 mientras avanza el expediente que investiga un presunto negocio de casi $5.000 millones alrededor de la VTV.
Pamela Orellana
El exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio enfrentará un juicio oral por presunto lavado de activos en una causa vinculada a la compra de una camioneta Audi Q8 que, según la investigación judicial, era utilizada por él aunque figuraba formalmente a nombre de Facundo Asensio, exdirector de Fiscalización y Control de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).
La decisión fue adoptada por el juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien dio por concluida la instrucción y elevó el expediente a juicio. También será juzgado Asensio, uno de los funcionarios que integró el círculo de confianza del exministro durante su paso por la cartera de Transporte.
La resolución llega en un momento especialmente delicado para D’Onofrio. Apenas una semana atrás, el fiscal platense Álvaro Garganta había solicitado la elevación a juicio de otra causa que investiga un presunto esquema de corrupción alrededor del sistema de VTV bonaerense, expediente que podría convertirse en el principal frente judicial del exfuncionario.
La Audi Q8 y la hipótesis de lavado
La investigación federal se originó a partir de sospechas sobre la adquisición de una Audi Q8, dominio AE554ZD, registrada a nombre de Asensio en octubre de 2023. La Justicia analizó la operación y concluyó que existían indicios suficientes para sostener que el vehículo habría sido utilizado para ocultar patrimonio y encubrir el origen de los fondos empleados para su compra.
Al procesarlo, González Charvay sostuvo que Asensio habría actuado como “interpuesto registral o testaferro”, ocultando la verdadera titularidad del rodado y configurando un esquema de disimulación patrimonial compatible con maniobras de lavado de activos. La hipótesis fue ratificada posteriormente por la Cámara Federal de San Martín y luego por la Cámara Federal de Casación.
Entre los elementos analizados aparece un contrato de mutuo por $30 millones presentado para justificar la adquisición del vehículo. El acuerdo involucraba a la firma Los Altos de Don Carlos Emprendimiento Inmobiliario SA, una sociedad vinculada al entorno familiar de Asensio que, según la investigación, no registraba actividad económica comprobable.
Los magistrados también tuvieron en cuenta diferencias entre el valor declarado de la operación y la valuación del vehículo, además de otros movimientos patrimoniales considerados relevantes para reconstruir el origen de los fondos.
El expediente que conecta con la VTV
La elevación a juicio oral no aparece aislada. El propio juez federal señaló que la investigación no se apoyó en un único hecho precedente, sino en un conjunto de causas que permitían considerar la posible existencia de actividades ilícitas capaces de generar los recursos utilizados en la maniobra investigada. En ese contexto adquiere relevancia el expediente que instruye Garganta sobre el sistema de Verificación Técnica Vehicular.
Según el dictamen del fiscal, varias empresas adjudicatarias de plantas de VTV habrían subcontratado a Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA, una firma sin antecedentes en el rubro, para administrar el sistema de turnos. La compañía terminó percibiendo comisiones que comenzaron en el 3% y llegaron al 8,5% más IVA sobre cada operación realizada.
La investigación determinó que la empresa recaudó $4.995.000.000 en poco más de un año. De acuerdo con el fiscal, el contrato con Soluciones SA habría sido firmado incluso antes de completarse el proceso licitatorio, un dato que reforzó las sospechas sobre un acuerdo previamente establecido.
“La circunstancia de que estas tres nuevas empresas ganadoras hayan contratado también a Soluciones SA, me permite sostener que era un acuerdo con el Ministerio y no una elección deliberada”, sostuvo Garganta en su dictamen. Por esos hechos, el fiscal pidió que D’Onofrio sea juzgado por presunto cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.
Fotomultas, gestores y negocios bajo investigación
A los expedientes por la Audi Q8 y la VTV se suma otra línea investigativa vinculada al sistema de multas de tránsito.
La Justicia provincial analiza una presunta red de gestores que habría ofrecido reducciones de entre el 30% y el 50% del valor de las infracciones a cambio de gestionar su eliminación por canales no oficiales. La maniobra, según la investigación, habría comenzado en 2022 y contaría con la participación de distintos actores vinculados al sistema de juzgamiento de faltas.
Dentro de ese entramado también aparecen mencionados la concejal de Pilar Claudia Pombo, cercana políticamente a D’Onofrio, el exjuez de Faltas Mario Quattrochi y operaciones comerciales detectadas en España que fueron incorporadas a los expedientes mediante información remitida por organismos especializados.
Al justificar la elevación a juicio oral por lavado, González Charvay sostuvo en reiteradas oportunidades que “los fondos utilizados para la adquisición del vehículo habrían provenido de presunta actividad ilícita desplegada por D’Onofrio mientras cumplía funciones de Ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires”.
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