La reforma con la que Unión por la Patria busca endurecer la Ley de Tierras

Con el Senado convocado para retomar el jueves 6 de agosto la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, Unión por la Patria abrió otro frente en Diputados. La bonaerense Agustina Propato, vicepresidenta de la Comisión de Defensa, presentó una reforma de la Ley 26.737 que conserva sus límites y suma prohibiciones sobre campos próximos a recursos e instalaciones sensibles.

La iniciativa confronta con el texto elaborado por el Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger. El Ejecutivo pretende suprimir los topes del 15% de tierras rurales extranjerizadas y de 1.000 hectáreas en la zona núcleo; Propato propone reforzar las restricciones en fronteras, cuerpos de agua e infraestructura crítica.

Un radio de 30 kilómetros

La cláusula de mayor alcance impide que personas físicas o jurídicas extranjeras compren o arrienden tierras rurales situadas a menos de 30 kilómetros de puertos, centrales eléctricas y nucleares, yacimientos mineros, infraestructura petrolera y de telecomunicaciones, y acuíferos estratégicos. El Congreso o el Poder Ejecutivo podrían agregar otras instalaciones.

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Propato presentó esa franja como un “anillo de protección”. El fundamento toma la distancia del Decreto-Ley 15.385/44, que contempla cinturones de hasta 30 kilómetros alrededor de establecimientos militares o civiles ligados a la defensa. “Nuestros puertos, centrales nucleares, yacimientos de litio, gas, petróleo y acuíferos no pueden estar bajo control extranjero indirecto”, sostuvo.

El proyecto también prohíbe a extranjeros la titularidad o posesión de inmuebles con cuerpos de agua permanentes de envergadura, terrenos ribereños e infraestructura crítica fluvial o marítima. Para las zonas de seguridad de frontera, elimina cualquier excepción.

El control quedaría en manos de una nueva Comisión Nacional de Zonas de Seguridad e Infraestructura Crítica, dependiente del Consejo de Defensa Nacional y vinculada administrativamente con el Ministerio de Defensa. El Registro Nacional de Tierras Rurales debería comunicarle, al igual que a esa cartera, cada compra realizada por una persona o empresa extranjera.

El tope de 1.000 hectáreas por titular en la zona núcleo se mantiene. Su equivalente regional sería fijado por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales según la localización, la proporción territorial y la capacidad y calidad del suelo. Tampoco cambia el límite general del 15% ni el cupo del 30% para una misma nacionalidad.

Otro artículo establece que comprar tierra rural no será considerado inversión, por tratarse de un recurso natural no renovable aportado por el país receptor. Los fundamentos apuntan al denominado “Súper RIGI”. Además, el texto deroga el artículo 13 de la Ley 26.737 y ordena reglamentar la eventual norma dentro de los 90 días de su promulgación.

El proyecto que vuelve al Senado

La Ley 26.737 fue sancionada en diciembre de 2011. El DNU 70/2023 dispuso derogarla, pero una medida cautelar suspendió esa decisión. La reforma que ahora impulsa la Casa Rosada busca eliminar sus artículos 8 y 10 y el artículo 4 del Decreto-Ley 15.385/44.

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En zonas de frontera exigiría aval provincial y nacional, con aprobación automática si las autoridades no responden dentro del plazo previsto. También incorpora cambios en expropiaciones, desalojos y manejo del fuego.

El 16 de julio no hubo acuerdo para votarla. A pedido de la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, el Senado aprobó por 62 votos a favor, tres en contra y una abstención un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto. Propato advirtió en una entrevista reciente que la iniciativa “viene como con sorpresita” y acusó al Gobierno de querer “desterritorializar” la Argentina.

La diputada de UP Lorena Pokoik convocó a movilizarse frente al Congreso y sostuvo que el oficialismo pretende “rifar” capacidad de decisión sobre recursos estratégicos. La senadora cordobesa Alejandra Vigo, esposa del exgobernador y actual diputado Juan Schiaretti, anticipó su rechazo: “Ningún país serio cede su territorio productivo sin restricción”.

La discusión ocurre con unas 13 millones de hectáreas, cerca del 5% del país, bajo titularidad extranjera según el cálculo citado del Observatorio de Tierras de la UBA y el Conicet.

La réplica bonaerense

En la Legislatura bonaerense, los diputados Facundo Tignanelli, Noelia Saavedra y Cintia Romero presentaron otra iniciativa de UP: fija un 15% máximo en la provincia y en cada municipio, crea un registro propio, exige identificar beneficiarios finales y declara nulas las operaciones simuladas mediante testaferros.

Ese texto prevé autorización previa para operaciones extranjeras en cuencas, humedales, islas, costas, reservas, cinturones hortícolas, áreas periurbanas y territorios de agricultura familiar. Sus fundamentos consignan 834.421 hectáreas extranjerizadas en Buenos Aires, equivalentes al 2,89%, pero señalan porcentajes del 50,2% en Campana y del 24,8% en Zárate.

El diputado nacional Juan Grabois sumó otra definición en una entrevista reciente: “Hay un remate de la patria” y vinculó la Ley de Tierras con el “Súper RIGI”. Los proyectos avanzan a distinto ritmo: el oficialista vuelve al Senado el jueves; el de Propato recién ingresó a Diputados, deberá pasar por comisiones y todavía no tiene fecha de tratamiento.