El Gobierno pierde otro voto clave por la extranjerización de tierras
La senadora cordobesa Alejandra Vigo anticipó que rechazará la eliminación de los límites para la compra de tierras por parte de extranjeros. La iniciativa volvería al recinto el 6 de agosto y el oficialismo todavía no tiene asegurados los apoyos.
Juan Manuel Villarreal
El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada sumó un nuevo rechazo en el Senado. La senadora cordobesa de Provincias Unidas Alejandra Vigo anticipó que votará en contra del capítulo que propone eliminar los límites para la compra de tierras rurales por parte de personas extranjeras.
La definición representa otra complicación para La Libertad Avanza, que necesita el respaldo de bloques aliados y dialoguistas para aprobar una iniciativa cuyo tratamiento ya debió ser postergado por falta de acuerdos.
“Tengo claro que votaré en contra del proyecto que propone eliminar los límites a la compra de tierras por extranjeros. Ningún país serio cede su territorio productivo sin restricción”, expresó Vigo a través de su cuenta de X.
La legisladora afirmó que la protección de los recursos estratégicos debe sostenerse como una política de Estado, incluso dentro de economías abiertas a las inversiones internacionales.
“La soberanía sobre los recursos estratégicos no es un capricho, es una política de Estado que sostienen incluso las economías más abiertas del mundo, las mismas que el Gobierno nacional toma como referencia”, señaló.
Vigo defendió los límites a la compra de tierras
La senadora también vinculó su posición con el federalismo y la administración provincial de los recursos naturales, pero advirtió que la discusión excede los intereses particulares de cada distrito.
“El federalismo representa la autonomía de los estados, pero los recursos naturales son estratégicos de toda la Nación. Siempre sostuve la misma postura”, concluyó.
Su pronunciamiento se produjo cuando el oficialismo busca reunir los votos necesarios para llevar nuevamente el proyecto al recinto. El punto más controvertido de la iniciativa es la modificación de la Ley de Tierras, que actualmente establece límites para la posesión de superficies rurales por parte de extranjeros.
La legislación vigente fija un máximo del 15% de propiedad extranjera tanto en el ámbito nacional como en los niveles provincial y departamental. También determina que ninguna nacionalidad puede concentrar más del 30% de ese porcentaje.
El texto impulsado por el Gobierno propone eliminar esas restricciones para las personas y empresas privadas extranjeras. En cambio, las compañías que cuenten con participación de Estados extranjeros necesitarían autorizaciones de la provincia correspondiente y del Poder Ejecutivo Nacional.
El oficialismo todavía no aseguró los votos
La Libertad Avanza había intentado tratar el proyecto en la sesión del 16 de julio, pero la resistencia al capítulo sobre tierras y la ausencia de algunos aliados obligaron a postergar el debate.
La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, solicitó entonces un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto. La decisión se tomó después de que las negociaciones no alcanzaran para garantizar la aprobación de los artículos más discutidos.
La declaración de Vigo se suma al rechazo expresado por sectores de la Unión Cívica Radical y del peronismo. El Comité Nacional de la UCR también cuestionó la eliminación de las restricciones y reclamó mantener límites razonables para proteger las fronteras y los recursos estratégicos.
El escenario obliga al oficialismo a intensificar las conversaciones con los bloques provinciales. Además de los votos ya anunciados en contra, la Casa Rosada enfrenta incertidumbre sobre la postura de algunos legisladores que habitualmente acompañan sus iniciativas.
Un proyecto que incluye desalojos y otras reformas
La propuesta de Inviolabilidad de la Propiedad Privada no se limita a la compra de tierras rurales. También introduce modificaciones en el régimen de desalojos judiciales y en otras normas vinculadas con el uso y la protección de inmuebles.
El texto original atravesó sucesivas modificaciones durante su tratamiento en comisiones. Entre los cambios se ampliaron los plazos de notificación para los desalojos y se incorporaron protecciones para menores, personas con discapacidad y adultos mayores.
Sin embargo, la eliminación de los topes para compradores extranjeros continúa siendo el principal punto de conflicto. Ese capítulo ya provocó tres postergaciones y mantiene divididos a los bloques que el Gobierno necesita para formar una mayoría.
Con el voto negativo de Vigo, el oficialismo pierde un respaldo proveniente de un espacio dialoguista y llega a la próxima sesión con un margen todavía más ajustado. La discusión del 6 de agosto dependerá de las modificaciones que pueda aceptar el Gobierno y de los acuerdos que consiga cerrar durante los próximos días.
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