“No hay excusas”: con 450 mil toneladas frenadas, escala la presión de transportistas y apuntan a UATRE
El conflicto que mantiene paralizado al Puerto Quequén sumó en las últimas horas un nuevo capítulo de alta fricción política y sindical, con acusaciones cruzadas que ahora apuntan directamente contra la conducción de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), en medio de una disputa que ya dejó cientos de millones de dólares en pérdidas y mantiene retenidas al menos 450 mil toneladas de granos listas para exportación.
La crisis, que comenzó el 7 de abril con el reclamo de los transportistas por una actualización tarifaria frente al aumento del gasoil —que según datos del sector subió 24,7% en marzo y acumula un 48% interanual—, derivó en un bloqueo total del acceso al puerto. A diferencia de otros nodos logísticos como Bahía Blanca, donde se alcanzaron acuerdos parciales, Quequén sigue siendo el único punto completamente trabado.
El rol de UATRE en el conflicto
En este escenario, el foco se posó sobre la figura de Mariano Carrillo, presidente interino del consorcio portuario y dirigente vinculado a UATRE, el gremio que conduce José Voytenco. Desde distintos sectores comenzaron a señalar inconsistencias en su accionar y posibles alineamientos con las empresas exportadoras.
“Llama mucho la atención que tengan que salir las federaciones de transportistas y la CGT a pedir la intermediación de la Provincia, teniendo un consorcio de gestión conducido por alguien nombrado por la Provincia”, planteó Demian Ledesma, titular de la CGT Regional Necochea, marcando un vacío de conducción en medio de la crisis.
Las sospechas se profundizan con versiones que indican que Carrillo mantendría acuerdos con las cerealeras, en un contexto donde además, como adelantó GRUPOLAPROVINCIA.COM, se define la futura licitación del elevador de granos que actualmente opera Terminal Quequén —controlada por Viterra, Cofco y Bunge junto a entidades como la Sociedad Rural Argentina, CRA y la Bolsa de Cereales porteña—.
Desde el Movimiento de Recuperación de UATRE fueron más allá: “Carrillo no llegó ahí por mérito ni por conocimiento del sector. Es parte de la red política y sindical vinculada a José Voytenco, Jorge Giani y Julio Comparada, el entramado que se alimenta de negocios, favores y relaciones de poder”.
A ese cuadro se sumó otro episodio que generó ruido interno: el viaje a España de miembros del directorio portuario, financiado con recursos del consorcio, en pleno desarrollo del conflicto. Si bien Carrillo suspendió su participación, otros funcionarios sí viajaron a Barcelona, lo que profundizó el malestar. “No se sabe si juega para los sindicatos o para los exportadores”, deslizó una fuente del sector.
Tarifas, presión empresaria y pulseada política
El eje formal del conflicto sigue siendo la discusión tarifaria. Las exportadoras ofrecieron un aumento del 14%, mientras que los transportistas reclaman un piso del 17% y sostienen que incluso resignaron pretensiones iniciales más altas.
“Nosotros aceptamos bajar hasta un 17% haciendo un gran esfuerzo. Supuestamente CONINAGRO estaba de acuerdo pero acopiadores lo rechazó”, explicó Miguel Aguilar, presidente de ATCADe. “Primero nos ofrecieron un 20%, lo aceptamos pero nos bajaron a un 19% y cedimos, después a 17% y ahora retiraron todo”.
Del lado empresario, la Cámara de Puertos Privados Comerciales elevó el tono y reclamó al gobierno nacional una intervención directa, incluso con uso de la fuerza pública. En una nota dirigida al secretario de Transporte, Fernando Herrmann, denunciaron una “flagrante y sostenida violación” de la normativa vigente.
“Puerto Quequén y con él buena parte de la exportación agrícola argentina, permanece rehén del accionar de este grupo de inadaptados sociales”, señalaron, al tiempo que advirtieron que hay 17 buques semicarcados esperando desde hace más de diez días.
El impacto económico es significativo: según estimaciones del sector, las pérdidas ya superan los USD 300 millones solo en ese puerto, mientras que el costo diario por barco detenido ronda los USD 50.000, con sobrecostos adicionales de almacenamiento.
Pedido de intervención provincial y presión sobre Kicillof
En paralelo, las federaciones de transportistas —Fatrac, Fetra, ATCADe y Camioneros— rechazaron la presión empresaria y reclamaron la intervención del gobierno bonaerense. “Que asuma la responsabilidad que le corresponde, tomando las medidas pertinentes que sean necesarias para lograr una tarifa justa”, plantearon.
El pedido también fue respaldado por la CGT local, en un movimiento que busca reposicionar a la Provincia como árbitro frente a la inacción del gobierno nacional. En ese marco, el conflicto empieza a adquirir un volumen político mayor, con derivaciones que exceden la discusión económica.
Mientras tanto, el bloqueo se sostiene y el flujo logístico continúa interrumpido, con camiones varados en rutas del sudeste bonaerense y una cosecha récord que no logra canalizarse hacia los mercados internacionales. “Tienen cosecha récord, no hay excusas para no otorgar el aumento que pedimos”, sostuvo uno de los dirigentes transportistas involucrados en la negociación.