Puerto Quequén: pulseada política, prórrogas y una licitación que no arranca

La disputa por el control del Puerto Quequén volvió a escalar en las últimas semanas y mantiene en vilo a uno de los principales nodos agroexportadores de la provincia de Buenos Aires. A casi tres meses de la salida de la ex presidenta del Consorcio de Gestión, Jimena López —quien asumió en diciembre como diputada nacional— el interinato del dirigente de la UATRE, Marcelo Carrillo, abrió una etapa de cambios internos y reacomodamientos políticos que impactan de lleno en la modernización de la terminal.

Ubicado en el distrito de Necochea, el puerto movió el mes pasado más de 1.200.000 toneladas de cereales, consolidándose como una de las principales bocas de salida del sudeste bonaerense. Sin embargo, puertas adentro, el clima es de tensión permanente.

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Cambios en el Consorcio y reordenamiento político

Tras la partida de López —referenciada en el Frente Renovador— el Ejecutivo provincial designó de manera transitoria a Carrillo, dirigente alineado a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), organización fundada por el histórico sindicalista Gerónimo “Momo” Venegas. Carrillo es además esposo de la ex diputada provincial Natalia Sánchez Jáuregui.

Según fuentes del ámbito portuario, el actual presidente interino avanzó con modificaciones en el organigrama y con el desplazamiento de funcionarios que habían sido designados durante la gestión anterior. Se habla de al menos 15 contratos que no continuarían y de una nueva estructura administrativa en formación.

“Echar a compañeros no es una buena señal”, deslizó una voz del peronismo necochense al tanto de los movimientos internos. En paralelo, distintos sectores políticos comenzaron a posicionar nombres para la conducción definitiva del Consorcio de Gestión.

Entre los mencionados aparecen el ex intendente de Miramar Patricio “Pato” Hogan; el concejal necochense Julián Kristiansen, vinculado al gremio de Camioneros; la directora ejecutiva del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, Andrea Cáceres; y el actual secretario de Legal y Técnica del municipio, Ernesto Povilaitis, hombre de máxima confianza del intendente Arturo Rojas.

Rojas, hoy alineado al gobernador Axel Kicillof, volvió a mostrarse activo en la escena portuaria. Esta semana compartió acto con Carrillo en el aniversario del puerto, en una imagen que no pasó desapercibida para quienes siguen la interna local. En Necochea interpretan que esa sintonía podría derivar en un esquema de conducción consensuado, más allá del nombre que finalmente encabece el Consorcio.

“Está todo el mundo pidiendo el manejo del puerto”, graficó una fuente al tanto de la puja.

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La concesión del elevador y las prórrogas en debate

El trasfondo de la disputa política es la situación contractual de la Terminal Quequén S.A., concesionaria del elevador de granos desde hace más de tres décadas. El grupo está integrado por agroexportadoras como Bunge, Viterra y Cofco, junto con la participación de entidades como la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

La concesión original venció en 2022 y desde entonces opera bajo prórrogas. La última extensión otorgada fue por 180 días y expira antes de mitad de año. En 2024, el gobierno bonaerense anunció su decisión de avanzar con una nueva licitación, que incluiría —según se informó— una reserva del 30% de la carga para pequeños y medianos productores, en línea con una política de mayor equidad en el comercio exterior.

Sin embargo, hasta el momento no hay fecha concreta para el llamado formal. Desde el entorno portuario señalan que podría otorgarse una nueva prórroga mientras continúan las negociaciones técnicas y económicas. “No quieren licitar y están especulando con la continuidad de las prórrogas hasta 2028”, aseguró una fuente vinculada al sector, en alusión a las exportadoras que cuestionan aspectos del borrador del pliego.

El debate se intensificó tras el derrumbe, en enero, de un silo perteneciente al antiguo complejo de la ex Junta Nacional de Granos, construido entre las décadas del 30 y del 40. El episodio no dejó víctimas fatales, pero sí generó preocupación. En un comunicado, la empresa reconoció que “adicionará a partir de ahora inspecciones internas”, lo que abrió cuestionamientos sobre los controles previos y el mantenimiento de la estructura.

En ese contexto, desde distintos sectores sociales y políticos se plantearon pedidos de informes y se reavivó la discusión sobre el rol del Estado provincial en el control y regulación de la operatoria.

El nuevo mapa agroexportador y el impacto en Quequén

La discusión sobre el futuro de la concesión se da además en un escenario global en transformación. Recientemente, Bunge anunció la finalización del proceso de integración con Viterra, en una operación valuada en 18.000 millones de dólares que da origen a una compañía con un valor de mercado aproximado de 34.000 millones de dólares.

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Tras la fusión, el grupo consolida su posición como uno de los principales actores de la agroexportación mundial y mantiene presencia operativa en Puerto Quequén a través de las terminales concesionadas. El movimiento reconfigura el mapa del comercio exterior argentino y potencia la relevancia estratégica del puerto bonaerense dentro de la red logística del sudeste provincial.

En paralelo, continúa el litigio judicial por la Tasa Solidaria por Mantenimiento Diferenciado de la Red Vial impulsada por el municipio de Necochea para financiar el arreglo de calles utilizadas por el tránsito pesado. En diciembre, la Justicia hizo lugar a una medida cautelar solicitada por las terminales exportadoras y el cobro permanece suspendido. Desde el municipio aseguran que avanzan conversaciones para alcanzar un acuerdo con las empresas.

Con una concesión en prórroga, una licitación demorada y una interna política abierta, el Puerto Quequén atraviesa una etapa decisiva en la que confluyen intereses económicos, sindicales y estratégicos para la provincia de Buenos Aires.