El informe de 180 páginas que deja a Adorni ante su primera explicación judicial

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni ingresó en una instancia decisiva. El fiscal federal Gerardo Pollicita recibió un informe técnico que detectó inconsistencias en la evolución económica del exjefe de Gabinete y de su esposa, Bettina Angeletti, desde diciembre de 2023, cuando el dirigente libertario comenzó a ejercer funciones dentro del gobierno de Javier Milei.

El estudio fue elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), el organismo del Ministerio Público Fiscal que brinda apoyo contable en causas complejas.

Tiene unas 180 páginas, no establece una cifra global de eventual desbalance, pero identifica diferencias año por año entre los ingresos declarados, los bienes incorporados, las deudas, los consumos y otros movimientos financieros. 

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Pollicita y su equipo analizarán el documento durante la feria judicial, que se extenderá del 20 al 31 de julio. El próximo paso podría ser un requerimiento formal para que Adorni presente comprobantes y justifique el origen de los fondos observados. La eventual indagatoria dependerá de la respuesta del exfuncionario y, finalmente, de una decisión del juez Ariel Lijo.

Una radiografía de bienes, gastos y deudas

El trabajo reconstruyó la situación individual de Adorni y Angeletti, además de una evaluación consolidada del grupo familiar. Los especialistas revisaron declaraciones juradas y rectificaciones, propiedades, inversiones, créditos, préstamos, movimientos bancarios, gastos cotidianos y extraordinarios, pagos en efectivo, operaciones en moneda extranjera y transferencias efectuadas por terceros.

También cruzaron testimonios, escrituras, comprobantes, registros fiscales y datos de billeteras virtuales. Según la información conocida del expediente, el reporte habría repetido en distintos apartados que no fue presentada documentación suficiente para respaldar determinados cambios incorporados por Adorni en sus declaraciones patrimoniales.

Entre las operaciones examinadas aparecen la compra de un departamento en Caballito, la adquisición y remodelación de una vivienda en el barrio privado Indio Cuá, viajes familiares y consumos con tarjetas.

La causa ya había reconstruido gastos por más de US$408.000 y supuestas deudas cercanas a US$335.000, además de consumos con tarjetas por aproximadamente $85 millones durante 2025. Esas cantidades forman parte del material reunido por la fiscalía y no constituyen, por sí solas, una determinación de enriquecimiento ilícito. 

Uno de los testimonios incorporados fue el del contratista que intervino en la casa de Indio Cuá. Según su declaración, las refacciones y el equipamiento habrían demandado alrededor de US$245.000 en efectivo. En el expediente también se analizan facturas, remitos y conversaciones vinculadas con esas obras y otras compras atribuidas al matrimonio.

La explicación de los dólares y las criptomonedas

El punto más sensible gira alrededor de los fondos que Adorni no había incluido originalmente en sus declaraciones juradas. En una entrevista reciente, reconoció que él y su esposa tenían ahorros no declarados y sostuvo que había invertido aproximadamente US$200.000 en Bitcoin antes de ingresar al Estado, operación que —según su versión— produjo una ganancia cercana a US$300.000.

Tras rectificar sus presentaciones y entregar la declaración correspondiente a 2025, informó un patrimonio de $944.575.052. Sin embargo, los datos obtenidos de plataformas de activos digitales no habrían permitido acreditar, hasta ahora, movimientos equivalentes a las sumas mencionadas públicamente, por lo que la fiscalía busca determinar fechas, cuentas, depósitos, retiros y conversiones.

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Qué puede ocurrir después de la feria

El artículo 268 inciso 2 del Código Penal establece que un funcionario debidamente requerido debe justificar la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable ocurrido desde su llegada al cargo y hasta dos años después de haberlo dejado. El requerimiento todavía no equivale a un procesamiento ni a una condena: funciona como una oportunidad para presentar documentación y responder las observaciones contables.

Mientras avanza el expediente, el Gobierno mantiene para Adorni una custodia reducida de la Policía Federal por razones de seguridad y descartó abrir una auditoría administrativa paralela dentro de la Casa Rosada.

Una vez recibida la respuesta patrimonial, Pollicita deberá evaluar si resulta suficiente. En caso contrario, podrá solicitar una declaración indagatoria, cuya convocatoria deberá resolver el juez Ariel Lijo.