El patrimonio que Adorni no logra explicar: la Justicia reconstruye gastos por más de US$400.000

La investigación contra Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito se acerca a un momento decisivo. Mientras el exjefe de Gabinete permanece fuera de la escena pública tras su salida del Gobierno, la fiscalía federal termina de ordenar el mapa de propiedades, gastos, deudas, movimientos financieros y operaciones con criptomonedas que acumuló durante los últimos meses.

La pieza que puede marcar el rumbo del expediente es un informe elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), el cuerpo especializado de la Procuración General de la Nación. El organismo recibió documentación bancaria, tributaria y patrimonial y trabaja sobre la evolución económica de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti.

El fiscal federal Gerardo Pollicita espera contar con ese análisis antes de avanzar con el requerimiento de justificación patrimonial. El paso implicará que el exfuncionario de Javier Milei explique formalmente de dónde provinieron los recursos utilizados para sostener una serie de compras, viajes y consumos que, para los investigadores, requieren una respuesta respaldada con documentación.

La feria judicial de invierno comenzará el lunes 20 de julio y se extenderá hasta el viernes 31. La actividad habitual en los tribunales se retomará el lunes 3 de agosto. En Comodoro Py estiman que, una vez examinado el trabajo de la DAFI, Pollicita estará en condiciones de solicitarle al juez federal Ariel Lijo que intime a Adorni a justificar su patrimonio.

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Un informe que puede definir el rumbo de la causa

La DAFI analiza si los ingresos declarados por Adorni y Angeletti resultan compatibles con el nivel de gastos registrado desde que el dirigente libertario ingresó a la función pública, en diciembre de 2023. El estudio comprende movimientos bancarios, consumos con tarjetas, adquisiciones inmobiliarias, remodelaciones, viajes al exterior, operaciones en efectivo y activos digitales.

La primera etapa del expediente ya reunió testimonios, documentos, registros bancarios y respuestas de organismos públicos y empresas privadas. Según la información incorporada a la causa, los gastos examinados superarían los US$408.000, mientras que las deudas detectadas rondarían los US$335.000. Las cifras surgen de la conversión de las diferentes operaciones según la cotización correspondiente a cada fecha.

A ese cuadro se agregan consumos con tarjetas de crédito por aproximadamente $85 millones durante 2025. Los investigadores buscan reconstruir no solamente qué se compró, sino también quién afrontó cada pago y cuál fue el origen del dinero utilizado.

La intervención de la DAFI no supone por sí misma una acusación definitiva. Su función es aportar un análisis contable y financiero que permita establecer si existe una diferencia relevante entre los ingresos conocidos del matrimonio y la evolución de sus bienes y gastos. Ese resultado será evaluado por Pollicita antes de definir el próximo movimiento procesal.

Las propiedades y remodelaciones bajo análisis

Uno de los capítulos centrales de la pesquisa involucra la adquisición de dos propiedades y la remodelación de una vivienda ubicada en el barrio cerrado Indio Cuá, en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz.

La casa aparece registrada a nombre de Angeletti. La fiscalía pidió información al country y profundizó el análisis de los pagos vinculados con la operación y con las obras realizadas posteriormente. Las compras inmobiliarias y la refacción representarían, en conjunto, alrededor de US$245.000.

En el expediente declaró Matías Tabas, el contratista que participó de la remodelación. Su testimonio y la información recuperada de su teléfono permitieron reconstruir trabajos, proveedores y desembolsos que ahora son cotejados con los ingresos del matrimonio.

Entre los consumos incorporados a la causa aparecen una compra de ropa blanca por aproximadamente $8 millones, elementos decorativos y equipamiento para la vivienda. También se investigan una cascada para la pileta y proyectores destinados a videojuegos.

Pollicita solicitó además información sobre el alquiler de una vivienda ocupada por la madre de Adorni. La propietaria habría declarado que recibió un pago adelantado de US$12.000, un movimiento que también quedó incluido en el análisis patrimonial.

Los movimientos con criptomonedas

La investigación también avanzó sobre las cuentas que Adorni habría utilizado en Binance y Lemon Cash. El fiscal pidió a ambas plataformas que informaran el historial completo de operaciones, transferencias, ingresos y egresos vinculados con el exfuncionario.

Los datos preliminares incorporados al expediente indican movimientos por alrededor de US$100.000 en activos digitales durante el período investigado. La fiscalía busca establecer el origen de esos fondos, las fechas de adquisición de las criptomonedas y su eventual conversión a moneda tradicional.

El punto resulta especialmente relevante porque Adorni sostuvo públicamente que parte de su patrimonio procedía de inversiones tempranas en Bitcoin. En una entrevista televisiva aseguró que comenzó a comprar la criptomoneda en 2012 y que esas operaciones le habrían permitido obtener ganancias cercanas a los US$300.000.

Hasta el momento, sin embargo, la causa no contaría con documentación suficiente para acreditar completamente esa versión. Por ese motivo, el análisis de Binance, Lemon Cash y otras posibles plataformas podría resultar determinante para comprobar si las inversiones existieron en los plazos, condiciones y montos mencionados por el exjefe de Gabinete.

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La explicación de los “ahorros en negro”

Adorni dio su primera respuesta pública sobre el crecimiento de su patrimonio cuando todavía integraba el Gobierno de Milei. Afirmó que parte del dinero utilizado provenía de unos US$200.000 que había mantenido fuera del sistema declarado antes de ingresar a la administración nacional.

También mencionó las ganancias obtenidas con Bitcoin y fondos recibidos mediante una herencia. El exfuncionario deberá respaldar esas explicaciones con documentos cuando la Justicia le formule el requerimiento correspondiente.

En una corrección de su declaración jurada, Adorni incorporó US$565.000 bajo el concepto de “venta de activos”. La presentación no habría detallado inicialmente cuáles habían sido los bienes vendidos ni de qué manera se concretaron esas operaciones, otro de los puntos que la fiscalía pretende esclarecer.

El expediente no busca determinar únicamente cuánto dinero tenía Adorni, sino también cuándo lo obtuvo, dónde permaneció depositado, cómo ingresó al circuito económico y qué comprobantes existen para sostener su procedencia.

La afirmación sobre los ahorros no declarados abrió además interrogantes tributarios. Para la causa por enriquecimiento ilícito, no alcanza con mencionar una fuente posible de recursos: el exfuncionario deberá demostrar su existencia previa, su disponibilidad y su utilización en las operaciones investigadas.

El requerimiento que prepara Pollicita

El requerimiento de justificación patrimonial constituye una instancia característica de las investigaciones por enriquecimiento ilícito. Se utiliza cuando el Ministerio Público reúne indicios sobre un posible incremento patrimonial que no parece compatible con los ingresos conocidos de un funcionario.

Una vez notificado, Adorni tendrá la posibilidad de presentar documentación, informes contables, contratos, comprobantes bancarios y cualquier otro elemento que permita justificar sus bienes y gastos. Esa respuesta será analizada por la fiscalía y por los especialistas económicos.

Si las explicaciones resultan suficientes, el cuadro de la investigación podría modificarse. Si, por el contrario, no logran cerrar las diferencias detectadas, Pollicita podría pedirle al juez Ariel Lijo que convoque al exjefe de Gabinete a prestar declaración indagatoria.

La indagatoria implicaría un avance procesal más profundo. A diferencia del requerimiento patrimonial, supondría que el fiscal formule una imputación concreta basada en los elementos reunidos durante la instrucción. Adorni podría entonces responder preguntas o presentar un descargo por escrito, asistido por su defensa.

En los tribunales consideran que quedan pocas medidas relevantes antes de completar esta primera etapa. El informe de la DAFI será utilizado para reunir en un solo documento los ingresos, egresos, propiedades, deudas y movimientos financieros que hasta ahora aparecen distribuidos en diferentes pruebas.