Cuatro intentos fallidos y una ley que desgasta al Gobierno: la reforma de propiedad privada divide al Senado

La denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada volvió a quedar atrapada en el Senado. La Libertad Avanza llegó a la última sesión antes del receso invernal con la expectativa de darle media sanción a una de las reformas promovidas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, pero terminó solicitando un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto para evitar que el proyecto fuera rechazado o modificado en el recinto.

La maniobra fue impulsada por la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, cuando ya resultaba evidente que las negociaciones con los bloques dialoguistas no habían alcanzado para blindar el texto. La senadora se adelantó al titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, y propuso que la sesión continuara después del receso con la iniciativa nuevamente incorporada al temario.

La moción obtuvo un respaldo ampliamente mayoritario y dejó la sesión en suspenso hasta el jueves 6 de agosto. Las coberturas parlamentarias difundieron cifras diferentes durante la transmisión en vivo sobre la cantidad exacta de votos afirmativos, mientras que la versión taquigráfica y el acta definitiva todavía no habían sido incorporadas al registro público del Senado al cierre de esta nota. Sí coincidieron en los tres votos negativos y una abstención. La Cámara alta publica posteriormente las actas nominales y la transcripción oficial de cada debate.

Más allá del resultado formal de la moción, la decisión significó una nueva postergación para el expediente PE-13/2026, enviado por el Poder Ejecutivo. Desde que obtuvo dictamen de mayoría el 20 de mayo, con modificaciones y dictámenes alternativos de la oposición, el proyecto ya acumuló cuatro intentos frustrados de tratamiento.

Una reforma que nunca consiguió estabilizarse

El texto ingresó al Senado a fines de marzo como una de las apuestas legislativas de Sturzenegger para modificar distintos regímenes vinculados con la propiedad. Su recorrido, sin embargo, estuvo marcado por las correcciones de último momento, las diferencias entre los aliados y la resistencia al capítulo sobre la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General emitieron dictamen el 20 de mayo. La primera postergación ocurrió el 4 de junio. La iniciativa fue incluida en una sesión ordinaria en la que se aprobaron acuerdos judiciales, pero el oficialismo decidió retirarla ante los reclamos de los bloques que habían acompañado el dictamen. La Libertad Avanza se comprometió a reponerla en una nueva convocatoria, inicialmente prevista para el 11 de junio, aunque ese intento tampoco llegó a concretarse.

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El tercer traspié se produjo el 25 de junio, cuando el Senado no consiguió reunir el quórum. Aquella jornada estuvo atravesada por la disputa en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y por reproches cruzados entre el oficialismo y los espacios provinciales. La sesión cayó antes de que pudiera comenzar y la reforma quedó nuevamente fuera del debate.

La cuarta oportunidad era la sesión de este jueves. En los días anteriores, el oficialismo había sostenido públicamente que existían posibilidades de aprobarla. Sin embargo, las conversaciones exhibieron una creciente incomodidad entre los senadores aliados, que reclamaron cambios en el régimen de adquisición de tierras rurales y cuestionaron la sucesión de borradores posteriores al dictamen.

Según las negociaciones reconstruidas en el Congreso, el proyecto llegó a tener al menos quince versiones después de su paso por comisión y una nueva redacción circuló durante las horas previas a la sesión. Esa inestabilidad terminó por erosionar el respaldo de bancadas que, aunque suelen colaborar con el Gobierno, se negaron a firmar un cheque en blanco sobre una materia vinculada con el territorio, los recursos naturales y las facultades provinciales.

La compra de tierras volvió a romper los acuerdos

El principal foco del conflicto fue la modificación de la Ley 26.737, sancionada en 2011, que limita la titularidad extranjera de tierras rurales. La legislación vigente establece un tope nacional del 15 por ciento y reproduce ese límite en cada provincia, municipio, departamento o división administrativa equivalente.

La propuesta promovida por el Ejecutivo elimina las restricciones generales para las personas físicas y empresas privadas extranjeras. De acuerdo con uno de los últimos borradores que circularon antes de la sesión, las prohibiciones quedarían concentradas en los Estados extranjeros y en las sociedades con participación estatal foránea.

En el caso de las compañías vinculadas con otros gobiernos, la compra podría autorizarse con la aprobación de la provincia donde se encuentre el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional. Esa formulación fue presentada por el oficialismo como una vía para atraer inversiones y reducir las trabas regulatorias, pero no alcanzó para contener las objeciones.

Los bloques provinciales reclamaron que cada jurisdicción pudiera establecer su propio régimen sobre la venta de tierras rurales. El planteo buscaba preservar las competencias locales y permitir que las provincias fijaran límites adicionales según sus características territoriales, productivas o ambientales. La Libertad Avanza no aceptó incorporar esa facultad en los términos exigidos por sus aliados y el desacuerdo terminó siendo decisivo.

También generó resistencia la situación de las zonas de seguridad de frontera, consideradas estratégicas por su ubicación. En versiones anteriores se había incluido un mecanismo de “silencio administrativo positivo”, por el cual una operación podía considerarse aprobada si el Estado no respondía dentro del plazo fijado. Frente a los cuestionamientos, ese apartado fue eliminado de la última redacción conocida, pero la concesión llegó tarde para recomponer los votos.

El rechazo opositor y la advertencia por la soberanía

Unión por la Patria concentró sus críticas en la flexibilización de la compra de tierras. El senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro definió la propuesta como un intento de “extranjerización del territorio” y sostuvo que la eliminación de los límites debilitaría las herramientas del Estado para preservar áreas productivas, fronterizas y ambientalmente sensibles.

El bloque Convicción Federal, por su parte, impulsó un dictamen alternativo orientado a mantener las restricciones existentes e incorporar nuevas categorías de protección. La estrategia opositora no se limitó al rechazo integral de la ley, sino que buscó captar el descontento de los representantes provinciales que reclamaban conservar la capacidad de regular las operaciones dentro de sus territorios.

Las objeciones también llegaron desde organizaciones sociales, ambientales y eclesiales. Distintas entidades vinculadas con la Iglesia advirtieron durante el trámite en comisión sobre posibles efectos en la soberanía territorial, el acceso a los recursos naturales y la producción de alimentos.

Aunque el porcentaje total de tierras rurales en manos extranjeras se mantiene por debajo del límite nacional, existen departamentos donde la participación foránea supera ampliamente el 15 por ciento. Los opositores utilizan esos casos para advertir que el promedio nacional puede ocultar niveles elevados de concentración en regiones específicas.

Entre los distritos señalados aparecen San Carlos y Molinos, en Salta; General Lamadrid, en La Rioja; Lácar, en Neuquén; y Campana, en la provincia de Buenos Aires. La discusión no se concentra, por lo tanto, solamente en cuántas hectáreas pertenecen a extranjeros en todo el país, sino en dónde se ubican, qué recursos contienen y cuál es su relevancia estratégica.

Expropiaciones, desalojos y manejo del fuego

El proyecto contiene reformas más amplias que el capítulo sobre tierras rurales. Uno de sus ejes modifica la Ley de Expropiaciones y redefine los criterios para calcular las indemnizaciones que debe pagar el Estado cuando declara un bien de utilidad pública.

El despacho establece la intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación como perito técnico calificado. Su dictamen no sería vinculante para el juez, pero no podría ser descartado sin una fundamentación expresa. Las partes conservarían la posibilidad de presentar pruebas, nombrar consultores técnicos y promover medidas destinadas a determinar el valor objetivo del bien.

La reforma también contempla el reconocimiento del lucro cesante cuando se encuentre debidamente acreditado. El Gobierno sostiene que ese cambio fortalecería la seguridad jurídica y evitaría que los propietarios reciban compensaciones inferiores al perjuicio económico sufrido.

Otro apartado acelera los procedimientos de desalojo. La iniciativa habilita a los magistrados a ordenar la restitución provisoria de un inmueble antes de la sentencia definitiva cuando consideren verosímil el derecho invocado por el demandante. Durante las negociaciones se analizaron plazos de entre cinco y veinte días, uno de los puntos cuestionados por quienes advierten que el mecanismo podría reducir las posibilidades de defensa de los ocupantes.

La modificación de la Ley de Manejo del Fuego también provocó rechazo. La legislación vigente impide durante décadas cambiar el uso de superficies afectadas por incendios, con el objetivo de desalentar quemas destinadas a habilitar negocios inmobiliarios o productivos. El texto oficial flexibiliza esas restricciones y permite revisar con mayor rapidez el destino de los terrenos.

Para sus impulsores, las prohibiciones actuales son excesivas y pueden bloquear actividades económicas aun cuando los incendios hayan sido accidentales. Para las organizaciones ambientalistas y los sectores opositores, en cambio, la modificación elimina una barrera preventiva y podría incrementar la presión sobre bosques nativos, humedales y áreas de alto valor ambiental.