Ley de Manejo del Fuego: el Gobierno impulsa cambios y choca con el peronismo

La decisión del Gobierno nacional de impulsar cambios en la Ley de Manejo del Fuego abrió un nuevo frente de conflicto político con el peronismo. La iniciativa, incluida por la Casa Rosada en el paquete de reformas del Consejo de Mayo, reavivó una disputa que combina intereses productivos, protección ambiental y una fuerte carga ideológica.

Luego del último encuentro del Consejo de Mayo, el Ejecutivo confirmó que enviará al Congreso un proyecto para modificar la Ley 26.815, sancionada en 2020 e impulsada por el diputado nacional de Unión por la Patria, Máximo Kirchner. El objetivo central es eliminar las restricciones que impiden cambiar el uso productivo de tierras incendiadas durante plazos de 30 o 60 años.

“Se eliminará la prohibición de cambiar la actividad productiva del campo por 30 o 60 años tras un incendio, avalada por una ley del diputado Máximo Kirchner, que atenta directamente contra la producción”, afirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Según sostuvo, el conjunto de reformas que prepara el Gobierno busca “poner nuevamente a Argentina en la senda del crecimiento” y avanzar en el desarrollo productivo. Aunque inicialmente se había evaluado derogar la norma mediante un DNU, finalmente se optó por el camino legislativo.

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La respuesta bonaerense y el rechazo del peronismo

La iniciativa encontró un rechazo inmediato desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires. La ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, cuestionó el planteo del Ejecutivo nacional y relativizó el argumento productivo. “La única actividad productiva que se desincentiva con la ley vigente es la de prender fuego”, sostuvo.

En las últimas horas, Vilar advirtió que, según datos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, “el 95% de los incendios son por actividad humana” y remarcó que muchas quemas son provocadas de forma intencional para favorecer negocios inmobiliarios. “Estas quemas son causadas para después hacerse de estas tierras a precios muy por debajo del valor de mercado”, explicó.

Además, defendió la norma sancionada en 2020 al señalar que “fue pensada para evitar los incendios intencionales que se estaban llevando puestas miles de hectáreas de humedales, bosques nativos, hogares y vidas”. Y aclaró que la legislación “no prohíbe la producción ni la venta de las tierras, sino que limita el cambio de uso del suelo por 30 o 60 años”.

Ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar.

En la misma línea, la diputada nacional de Unión por la Patria Gabriela Estévez adelantó su rechazo a la modificación. “El gobierno nacional pretende derogar la modificatoria de la Ley de Fuego aprobada en 2020 alegando que perjudica la producción”, sostuvo, y remarcó que la norma apunta a desincentivar incendios intencionales vinculados a la especulación inmobiliaria y al corrimiento de la frontera agropecuaria.

Estévez también recordó que avanzar sobre una ley ambiental contradice el principio de no regresividad, respaldado por el Acuerdo de Escazú y el artículo 41 de la Constitución Nacional, que obliga al Estado a garantizar un ambiente sano.

Libertarios y el PRO, con matices

Desde el bloque de La Libertad Avanza, los diputados cuestionaron la ley vigente al considerar que representa un “avance sobre la propiedad privada” y que no resuelve las causas reales de los incendios. En ese marco, el diputado entrerriano Beltrán Benedit presentó un proyecto alternativo que propone nuevas miradas sobre el manejo del fuego.

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El PRO, en tanto, mantiene una postura crítica hacia la normativa, basada principalmente en su presunta inconstitucionalidad. Desde el bloque señalaron que no se puede prohibir al propietario “hacer otra cosa con su campo sin adivinar la intencionalidad del incendio”.

No obstante, el macrismo recordó que en febrero de este año presentó un proyecto para agravar las penas contra quienes provoquen incendios intencionales en áreas protegidas, una alternativa que busca castigar el delito sin modificar el régimen de uso del suelo.

La Ley de Manejo del Fuego establece la prohibición de cambiar el destino de tierras afectadas por incendios durante períodos prolongados para evitar la especulación inmobiliaria y cambios de uso productivo. Su posible modificación promete profundizar el choque político entre el Gobierno nacional, las provincias y el peronismo.