El rechazo de Nación al aval para sanear el Río de la Plata agrava la disputa con Kicillof
La Casa Rosada rechazó priorizar el respaldo soberano que la Provincia necesita para acceder a US$270 millones del BID destinados al saneamiento de La Plata, Berisso y Ensenada. Mientras Economía alega créditos subejecutados, la gestión de Kicillof denuncia un trato desigual frente a otras jurisdicciones.
Pamela Orellana
El Gobierno de Javier Milei formalizó ante la Justicia que no priorizará el aval solicitado por la provincia de Buenos Aires para acceder a un crédito internacional de US$270 millones destinado al saneamiento de la cuenca integrada por el arroyo El Gato, el río Santiago y el Río de la Plata.
La respuesta profundiza el choque con la administración de Axel Kicillof por el financiamiento de obras públicas y deja en suspenso un proyecto que alcanzaría a más de un millón de habitantes de La Plata, Berisso y Ensenada.
La posición nacional quedó asentada en un escrito presentado ante el Juzgado Federal N°4 de La Plata, a cargo de Alberto Recondo, donde tramita la causa por la contaminación hídrica que la propia Justicia calificó como “aberrante”. La presentación lleva la firma del subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales, Martín Tolivia, funcionario del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo.
Un aval que la Casa Rosada no dará
Nación sostuvo que, como garante de préstamos tomados por las jurisdicciones subnacionales, no está obligada a priorizar cada requerimiento provincial. Según explicó, los cupos de los organismos multilaterales deben repartirse entre las provincias y el Estado nacional, de acuerdo con “las necesidades prioritarias del país”.
El escrito afirmó que Buenos Aires tiene “competencia primaria” para resolver el problema y debería recurrir a recursos propios, financiamiento externo alternativo o enmiendas sobre contratos ya vigentes. También planteó que podría incorporar obras para La Plata, Berisso y Ensenada dentro de programas vinculados con sectores similares.
La administración libertaria respaldó su negativa con datos sobre la cartera crediticia bonaerense. Señaló que la Provincia mantiene siete préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo, con 59% de avance financiero; tres con el BIRF y siete con la CAF, ambos grupos con 62% de ejecución; además de un contrato de 2017 con el Fondo Kuwaití y otro de 2021 con el Banco Europeo de Inversiones, los dos sin avance informado. Nación calculó que esas líneas suman US$2.241 millones y que quedan US$756 millones pendientes de ejecución.
La obra que espera financiamiento
El proyecto prevé construir una Planta de Tratamiento Primario Avanzado en el predio existente de Berisso, un caño emisario subterráneo, otro subfluvial y un difusor. La conexión se completaría con una estación de bombeo y una cámara de carga. El objetivo es tratar los líquidos cloacales que actualmente impactan sobre una cuenca deteriorada por efluentes y residuos urbanos.
La Provincia había pedido el aval por notas enviadas al Ministerio de Economía. Ante la falta de respuesta, el fiscal de Estado bonaerense, Hernán Gómez, acudió a la Justicia para obligar a la Nación a expedirse. El financiamiento fue gestionado ante un organismo multilateral, pero la garantía soberana depende del Ejecutivo nacional.
Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, ya había denunciado una decisión política de “desfinanciar con todos los instrumentos” a la Provincia. “No se podría responder con ese latiguillo de ‘no hay plata’, porque no es plata del Gobierno nacional”, sostuvo al remarcar que Buenos Aires negocia los préstamos y sólo requiere la autorización formal.
Dos relatos sobre los créditos
Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, afirmó que la Casa Rosada autorizó avales por US$1.973 millones para diez provincias, mientras no habilitó ninguno para Buenos Aires. “Milei y Caputo discriminan a la provincia de Buenos Aires”, acusó. Desde Nación responden que otorgar nuevas líneas, cuando existen contratos pendientes de ejecución, sería poco eficiente y podría desplazar proyectos reclamados por otras jurisdicciones.
El reclamo aparece mientras la gestión bonaerense sostiene una agenda ambiental que incluye el saneamiento de basurales y el programa Mi Provincia Recicla. Según datos oficiales, en el territorio provincial se generan aproximadamente 20.400 toneladas de residuos por día, cerca del 40% del total nacional. La política contempla gestión integral, erradicación de basurales, promoción ambiental y economía circular.
Tras rechazar el nuevo aval, Nación dejó dos caminos: ejecutar una intervención de menor escala o reasignar fondos mediante enmiendas a préstamos existentes. Aun así, expresó su “voluntad de seguir apoyando a la provincia en calidad de garante”.
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